La desarticulación de las llamadas bandas criminales (bacrim) va a mitad de camino. Y aunque estaba presupuestada para este año, la realidad de esos grupos armados ilegales, su presión y violencia, en amplias zonas del país, es un hecho innegable. En 2014 sufrieron duros golpes en el territorio nacional y en el exterior, pero sus tentáculos aún controlan numerosos negocios y actividades delincuenciales en departamentos de las costas Atlántica y Pacífica, santanderes, Valle del Cauca, Eje Cafetero y Antioquia, entre otros.
Un detallado informe de este diario confirmó que hay 1.005 organizaciones de este tipo, en diferentes niveles de capacidad militar, financiera y criminal, que afectan a la sociedad colombiana. La Defensoría del Pueblo corrobora que hay víctimas de las bacrim en 27 departamentos.
Hay algunas de corte paramilitar que, incluso se presentan como grupos de autodefensa, caso de “los Urabeños” o “clan Úsuga”, que también apelan al nombre de “Autodefensas Gaitanistas”. Los delitos de las bacrim componen un amplio y variado portafolio: van desde el narcotráfico, el robo de bienes muebles e inmuebles, la extorsión y la piratería editorial, hasta el desplazamiento y el reclutamiento forzados, la violencia sexual y política y el control de la distribución de alimentos en barrios y pueblos periféricos.
La Fiscalía General tiene destinado un equipo especial, integrado por 95 investigadores, y la Policía Nacional creó un cuerpo élite de combate a las bacrim, muy promocionado en el inicio del Plan Troya para los departamentos de Córdoba, Sucre y Antioquia. En 2014 fueron arrestados 781 miembros de “los Urabeños”, 249 de “los Rastrojos” y 104 de la “Disidencia del Erpac”. Al crimen organizado se le incautaron 301 toneladas de marihuana.
En contraste, según informes oficiales, la cifra de personas que integra esas organizaciones en la actualidad es de 3.410. El clan más activo es el de “los Úsuga”, que ejerce presión económica y militar para someter a otras estructuras menores en regiones y localidades como Buenaventura (Valle) y Cúcuta (Norte de Santander), con salidas marítimas y fronterizas, que son corredores estratégicos para el tráfico de drogas y armas.
Los analistas plantean, además, el riesgo de lo que serían las “farcrim”, un reacomodo y reciclaje de algunos frentes y cuadrillas de las Farc que, de darse un acuerdo con el Gobierno, desertarían del proceso y se vincularían de lleno al narcotráfico y las bandas existentes. Fuentes policiales consultadas descartan que esas disidencias puedan alcanzar un nivel tan voluminoso y problemático como ocurrió con los combatientes de las AUC que pasaron a las filas del crimen organizado.
En el contexto del actual proceso de negociación con la guerrilla en Cuba, y dada la concepción paramilitar del “clan Úsuga”, es clave que el Gobierno combata estos factores de potencial desestabilización del proceso, pero sobre todo es esencial que las autoridades desmantelen grupos que lideran redes y actividades criminales como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión e incluso el secuestro.
Este 2015 será definitivo en la apuesta del presidente Juan Manuel Santos y de la Policía Nacional para cerrar estas fuentes de inseguridad e ilegalidad en escalas que aún resultan muy nocivas para la convivencia y la tranquilidad ciudadanas. Un eje del crimen que es necesario desbaratar.
