Condenables las imágenes y actos de vandalismo desatados durante protestas sociales y estudiantiles de las últimas semanas. Encapuchados que arrojan bombas incendiarias, que destruyen a piedra y garrote oficinas públicas -como la del Icetex-, que cercan y apedrean a policías en torno al Palacio de Justicia,...
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el derecho a la protesta convertido en vandalismo desbocado
Condenables las imágenes y actos de vandalismo desatados durante protestas sociales y estudiantiles de las últimas semanas. Encapuchados que arrojan bombas incendiarias, que destruyen a piedra y garrote oficinas públicas -como la del Icetex-, que cercan y apedrean a policías en torno al Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá; que intimidan y agreden a periodistas y que rompen cristales de buses y estaciones de servicio público.
La protesta social es una conquista, un derecho ganado por las sociedades en Estados democráticos. No se puede prohibir su ejercicio, que es una expresión de libertad y de disenso ciudadano, de reclamo ante falencias del sistema. Es una forma de expresión controversial, militante, si se quiere airada, pero no puede ser desfigurada por camarillas clandestinas que antes que agitar solo incitan a la violencia y la destrucción, con perjuicio incluso para los mismos manifestantes y el resto de una comunidad atacada y puesta en peligro.
Estos encapuchados que a veces incluso esgrimen armas, y que aplican una brutalidad tan torpe como criminal, deben ser sancionados con rigor. Y ante estas repetidas deformaciones con un acento delincuencial y bárbaro, hay que abrir la discusión, necesaria, sobre la reglamentación de la protesta social en Colombia. Para que haya límites impasables, fronteras claras entre el derecho a ejercer una ciudadanía deliberante y contestaria y el acto consciente de desatar destrucción, caos y amenazas contra los bienes públicos y privados y la vida de otros. Bien diferentes ambos estados: el de una movilización que reivindica y ratifica una democracia fuerte y abierta, y esa otra crispación encabezada por quienes ya no hacen carrera como protestantes sino como peligrosos vándalos que deben ir a la cárcel.
