El Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar una suma superior a mil millones de pesos, por el asesinato del senador y dirigente del partido Comunista Manuel Cepeda Vargas, ocurrido el 9 de agosto de 1994.
Ese día, Cepeda Vargas se desplazaba en su vehículo por el occidente de Bogotá (Avenida Las Américas, a la altura del barrio Mandalay) hacia el Capitolio Nacional para asistir al debate del Protocolo II de Ginebra, que regula el Derecho Internacional Humanitario.
Según los familiares del dirigente asesinado, el Estado omitió la obligación de prestarle la seguridad que requería y agregan que ese trágico hecho ya había sido anunciado en repetidas oportunidades.
"En razón de su militancia política de izquierda, el Senador y antes Representante a la Cámara Manuel Cepeda Vargas, había sido objeto de múltiples amenazas de muerte, al igual que todos los demás militantes de esa agrupación política, de la cual fueron asesinados más de 3 mil de sus miembros (...)", señala un informe de la Procuraduría.
El fallo
"Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades", recordó el Consejo de Estado, citando el inciso segundo del artículo dos de la Constitución Política.
En ese mismo sentido, manifestó que “la razón de ser de las autoridades públicas es la de defender a todos los residentes en el país y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
“Si bien no está demostrado que la muerte del senador Manuel Cepeda hubiera sido causada por servidores estatales, en ejercicio o con ocasión de sus funciones, ese daño resulta imputable a la entidad demandada porque incurrió en omisión en la prestación del servicio de vigilancia y seguridad que demandó la víctima”, señaló.
Para la Sala es claro que con las pruebas anexadas al proceso es posible comprobar que “el senador requirió en forma pública, en reuniones y a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos protección para su vida y la de los demás miembros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, pero el Estado no adelantó ninguna medida eficaz”.
Finalmente y frente a las afirmaciones que vinculan a miembros de la Fuerza Pública en el homicidio de Cepeda Vargas, el Consejo de Estado señaló que dicha participación no ha sido comprobada.
