El miedo que tenían 460 estudiantes de primaria de la Institución Educativa Stella Vélez Londoño, en el barrio La Quiebra, se materializó este martes 4 de julio. Antes de salir a vacaciones, las familias habían advertido que tras el periodo de receso académico era posible que los niños tuvieran que quedarse en casa a menos de que la Alcaldía de Medellín por fin se pusiera seria a ofrecerles soluciones y a cumplir con sus compromisos.
Semejante problema se remonta a agosto de 2022, cuando en medio de las lluvias una cancha vecina a la sede educativa se vino abajo y el movimiento en masa terminó llevándose un muro de la escuela. El Dagrd ordenó desalojar inmediatamente la institución ante la amenaza de colapso.
Para evitar que los 460 niños quedaran desescolarizados o fueran enviados a otros sectores a kilómetros de distancia de sus hogares (recordemos que son niños de primaria), los líderes del barrio ubicado en la parte alta de la Comuna 13 y la parroquia Santa Ana, en cabeza del padre Óscar Colorado, le ofrecieron a la Secretaría de Educación la solución temporal de disponer de un espacio en la junta de acción comunal y el salón parroquial de la iglesia como “aulas” temporales, mientras arreglaban el colegio.
El acuerdo era que la Alcaldía encontraría el mecanismo para poder hacerse cargo de los servicios públicos y pagar un arriendo por la ocupación de estos espacios. Pasó el tiempo y lo único que ha hecho la Alcaldía es adelantar unos estudios en la institución, pero no tiene fecha para comenzar las obras y mucho menos para entregarla. Pero lo más grave es que nunca cumplieron con el compromiso de asumir el pago de los servicios públicos, lo que terminó asfixiando a los encargados de la JAC y al padre Colorado que llevan un año asumiendo responsabilidades que le competen enteramente a la Alcaldía.
El fin de semana les llegó el mensaje a las familias que tanto temían. “Tras el diálogo y análisis de la situación presentada con la sede comunal a raíz del incumplimiento de acuerdos por parte de la Secretaria de Educación, se informa que por el momento los grupos que estaban recibiendo clases en este espacio (2°1, 2°2, 5°1 y 5°2), DEBEN REORGANIZARSE PARA ASISTIR A LA JORNADA ESCOLAR, lo que conlleva a tener que buscar otras estrategias para la prestación del servicio educativo, la que les será comunicada en su debido momento. Por tal motivo y frente a esta situación inesperada MAÑANA NO HABRÁ CLASE PARA PREESCOLAR Y PRIMARIA a fin de reorganizar la forma de trabajo de este semestre”, dijo el comunicado.
Los líderes de la JAC se disculparon con las directivas del colegio y resaltaron su voluntad para trabajar juntos, como lo han hecho por años. Sin embargo, tuvieron que concluir que “tras el análisis de la situación del incremento de los servicios públicos y ante el incumplimiento de la Secretaría de Educación de realizar un contrato de arrendamiento o el reconocimiento del pago de dichos servicios públicos (solo pagaron el mes de abril), así como mantenimiento al espacio ocupado para estos fines, se recomienda la consecución de otro espacio, dado que se nos ha vuelto muy complejo el pago de estos y aunque quisiéramos seguir apoyando a los estudiantes y sus familias, se nos hace difícil continuar prestando este servicio”.
Ana Úsuga, una de las madres de familia afectadas, señaló que lo que hace la Secretaría de Educación es una grave violación al derecho de estos niños y niñas a acceder a educación de calidad. Los estudiantes de primaria deberán pasar el resto del año desde la virtualidad ante la negligencia de la Alcaldía para ofrecerles una solución digna, lo que se suma a los dos años de ausencia en las aulas por la pandemia. Quiere decir que muchos de estos alumnos pasarán casi toda su primaria sin conocer cómo es la normalidad en un colegio; un aula y un patio de recreo.
Según respondió la Secretaría de Educación a un requerimiento enviado por EL COLOMBIANO el pasado 21 de junio, la elección de un espacio temporal en la iglesia y la JAC fue decisión de los padres “luego de que se les presentaran diversas alternativas de espacio en otras instituciones educativas cercanas”.
Según los padres de familia, esta es una verdad a medias y con falacias, pues si bien es cierto que la Secretaría ofreció reubicar temporalmente a los estudiantes en otras instituciones, las opciones los obligaban a desplazarse distancias considerables que implicaban, en muchos casos, tomar hasta dos buses. Algo inviable si se tiene en cuenta la realidad socioeconómica de estas familias, muchas de las cuales son de escasos recursos y que no pueden darse el lujo de llevar y traer a sus hijos, pues ambos padres deben salir a trabajar, por lo cual la cercanía de la sede educativa cerrada o en su defecto los espacios de la iglesia y la JAC se acomodaban a sus necesidades.
