Cuando en octubre de 2021 empezó la construcción de la estación de Policía de Aranjuez, tras 10 años esperando a que las diferentes administraciones saldaran esa deuda, los habitantes de la Comuna 4 respiraron tranquilos confiados en su pronta entrada en operación para garantizar la seguridad en una comuna con 170.000 habitantes cuya estación policial queda, insólitamente, en otra comuna (Manrique).
Para cerca de 25 familias vecinas del proyecto, a partir de ese momento comenzó una pesadilla. Desde antes de comenzar las obras, el listado de reparos e irregularidades ya era extensa. En su momento, la Secretaría de Seguridad desatendió el llamado de la comunidad para resolver los reclamos y optó por el hermetismo.
Tanto a la comunidad como a EL COLOMBIANO, la Secretaría les respondió, por ejemplo, que al tratarse de un edificio de la fuerza pública, por cuestiones de seguridad, era imposible socializar los planos y diseños de la estación.
El secretario José Gerardo Acevedo aseguró entonces en entrevista con este medio que existían los estudios de suelos y demás análisis técnicos que garantizaban que la obra no generaría afectaciones en viviendas de la zona.
Sin embargo, la realidad que denuncian los vecinos dice otra cosa. Tras año y medio sometidos a afectaciones de salud por el ruido y el polvo, obligados a pagar de su bolsillo averías en el acueducto y a ver progresivamente daños en sus viviendas, decidieron buscar respuestas tanto del contratista como de la Secretaría.
Lo primero que hicieron fue encontrar la forma de acceder a los diseños. Andrés Mauricio Macías Osorio, un ingeniero en diseño industrial y residente del sector desde hace once años, fue a Planeación y, contrario a lo que decían desde Secretaría, consiguió los 57 planos que les confirmó la sospecha que tenían de que el contratista, el Consorcio Comando Aranjuez —conformado por Lopeca S.A., una empresa con sede en Montería, y la firma Ingap S. A. S.— no está respetando los diseños tal cual tenían que ejecutarse.
El último agravio en la larga lista de anomalías que denuncian ocurrió hace tres semanas. Según cuenta Andrés Mauricio, el contratista convocó a los vecinos a una reunión en la que les aseguraron que realizarían una ampliación de una calle interna que permite el acceso a las casas y que quedaría de seis metros. Satisfechos por ello, los residentes firmaron una carta, pero lo que realmente hizo el contratista fue reubicar un poste en la mitad de calle que los deja sin acceso vehicular.
Sin información
Para dimensionar lo que esto significa, relata Macías, hace unos meses una señora murió en su hogar y no fue posible sacar su cadáver en condiciones dignas. Valga decir que gran parte de las cerca de 150 personas que conforman las familias son adultos mayores. Todas las familias van a quedar afectadas porque, tal como pinta el proyecto, perderán el derecho a utilizar una servidumbre que les ha servido toda la vida para ingresar a sus viviendas. Dicho sea de paso, la Corte Constitucional protege el derecho a usar las servidumbres y las garantías de compensación a las comunidades cuando cualquier proyecto las afecte.
Al elevar estos reclamos, la respuesta del Consorcio fue que EPM había exigido ese traslado del poste, pero en la respuesta que le dio EPM a Andrés dijo que eso no era cierto. Por lo demás, Andrés señala que ante los angustiosos llamados la respuesta que han recibido es negligente y hasta denigrante.
En reunión del 14 de marzo entre los vecinos afectados, el consorcio, la inspección de Aranjuez y la Alcaldía llegó un contratista en representación de la Secretaría de Seguridad llamado Teobaldo Manjarrés que, según Macías, habló en términos desobligantes y básicamente les manifestó que no conciliarían ningún cambio respecto a cómo se estaba ejecutando la obra y que si no les servía podían irse de allí.
Los residentes se quedaron sin saber por qué la Secretaría envió a un contratista y si lo que allí expresó responde realmente a la posición que tiene la Alcaldía frente a los reclamos de esta comunidad. Lo que sí es cierto es que no es la primera vez que la Secretaría de Seguridad desestima los requerimientos de la comunidad frente a este proyecto.
Antes de iniciar las obras, la Junta Administradora Local convocó al secretario Acevedo para aclarar las decenas de dudas y los dejó plantados, enviando a un funcionario que entregó una excusa médica de Acevedo.
¿Y cuándo va a estar lista?
Después de tocar puertas los habitantes de los ocho predios que albergan a cerca de 25 familias no han recibido hasta ahora ningún soporte por parte de la inspección ni respuestas claras por parte del contratista ni la Alcaldía.
Los daños que vaticinaban antes del inicio de la construcción de la estación y que Acevedo negaba tajantemente ya se ven en algunas casas. No tienen certeza de cuáles serán las afectaciones estructurales a medida que la obra avance, se levanten aceras y se hagan otras intervenciones.
No saben si podrán seguir viviendo allí (muchos son habitantes de toda la vida) o si tendrán que irse. No saben si pueden hacer mejoras o si perderán la inversión. No tienen ni idea si recibirán algún tipo de compensación por todos estos impactos.
Ellos no son los únicos que están a ciegas frente a este proyecto. El plazo inicial para la construcción de la estación era de 10 de meses, más o menos en septiembre de 2022 tenía que estar lista. Sin embargo, a los dos meses de iniciadas las obras ya marchaban con retrasos frente a la ejecución prevista.
Los recursos públicos para su construcción eran $11.100 millones, pero los retrasos le han significado al bolsillo de los ciudadanos $6.100 millones adicionales debido a las tres prórrogas del contrato, es decir, $17.200 millones.
El último plazo dice que en agosto tienen que entregarla, pero la realidad muestra que el edificio aún es un mero coco sin forma de estación de policía. La última actualización de la ejecución real montada a Secop, el 31 de diciembre de 2022, señala que iban en un 57,11 % muy lejos del 73 % de la ejecución prevista para la fecha.
Otra duda importante que sigue en el aire es si realmente la administración distrital planificó este proyecto para ser compatible con la futura megaobra de Parques del Río Norte que atraviesa todo ese costado. Lo que muestran los planos disponibles es que al parecer no es así. ¿Y ahí qué?
EL COLOMBIANO le envió el viernes pasado a la Secretaría de Seguridad y Convivencia un cuestionario consultándole si tienen conocimiento sobre los reclamos por los presuntos cambios en las obras frente a los diseños legales; el papel que tiene en la Secretaría el señor Manjarrés y su autoridad para representar a la Alcaldía ante la comunidad; y por el porcentaje de ejecución de las obras y las razones del retraso de las mismas. También se le interrogó por las afectaciones a la comunidad y si la Alcaldía las reconocerá y les dará garantía de compensación.
A través de la oficina de comunicaciones respondieron que, como el cuestionario incluía una pregunta sobre una persona en particular, la respuesta debía ser revisada por el equipo legal del despacho. Al cierre de esta edición no respondieron a ninguno de los interrogantes.
