La libertad de Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Daniel Quintero, y de Sebastián Ortega está en las manos del juez 27 Penal de Medellín, quien deberá decidir hoy viernes si los envía o no a la cárcel mientras que transcurre el proceso que se les sigue por presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).
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El martes pasado los defensores de ambos plantearon sus alegatos a la argumentación de la Fiscalía y el abogado del AMVA para solicitar la medida de aseguramiento intramural y solo falta que el juez decida después de haber escuchado a todas las partes. Luego vendría la posibilidad de que los abogados definan su posición frente a lo que determine el operador judicial. Por eso se espera que la diligencia de este 2 de octubre, que está programada para comenzar a partir de las dos de la tarde, no sea muy larga.
Tanto si la determinación es que estén tras las rejas como si no, se da por muy probable que habría apelación ante un juez Penal de Circuito.
Un abogado penalista que pidió no revelar su nombre explicó que lo más seguro en caso de una medida de aseguramiento intramural es que rija de inmediato; solo excepcionalmente ocurre lo contrario y se da alguna espera hasta que la medida quede en firme por el fallo en segunda instancia, según establece el artículo 177 del Código de Procedimiento Penal.
Miguel Quintero y Ortega fueron imputados el mes pasado por presunto interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación. Esto debido al rol que habrían jugado en la firma y ejecución de seis contratos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí que tuvieron un valor total de $17.656 millones. Con ellos fueron llamados a dar explicaciones también el exsubdirector administrativo y financiero del Área, Álvaro Villada, y la asesora jurídica Vanesa Álvarez.
De acuerdo con la Fiscalía, los tres primeros se habrían apropiado de 2.481 millones que habrían cobrado en coimas, y la cuarta les habría coadyuvado en ese propósito.
Previamente en este proceso habían sido imputadas otras siete personas, entre ellas el exdirector del Área, Juan David Palacio, y el exgerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid. Este último se convirtió en uno de los testigos y ha estado colaborando dentro de un principio de oportunidad.
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