La exsecretaria de Inclusión Social de Medellín, Mónica Gómez, aseguró que la formulación de pliego de cargos en su contra anunciada por la Personería Distrital, este lunes, por el manejo de los “apoyos económicos” para adultos mayores, obedece a una politización de las actuaciones de ese ente de control, e informó que ya tiene lista una tutela que interpondrá ante los juzgados.
La decisión de la Personería afecta también a otros seis exfuncionarios: las subsecretarias María del Pilar Rodríguez y Lida María Castaño, así como al exdirector Técnico de Grupos Poblacionales Juan Daniel Pulgarín; a las líderes de proyecto de Personas Mayores – Amautta, Luz Miriam Alzate Jaramillo y Alba Luz Caicedo, y a la técnica administrativa Astrid Mesa.
Con ocasión de la pandemia del covid-19, el Municipio destinó varios aportes para los adultos mayores de la ciudad que estaban en condición de más vulnerabilidad, entre los cuales hubo uno de 160.000 pesos.
El agente del Ministerio Público local dice tener pruebas de que las siete personas mencionadas habrían incurrido en una presunta irregularidad al no vigilar, salvaguardar y cuidar estos recursos.
Sin embargo, la exsecretaria Gómez plantea, por una parte, que la entrega de los recursos estuvo a cargo de la Secretaría de Hacienda a través de la cooperativa Cotrafa, no de la dependencia a su cargo; además de que, según ella, no se perdieron, porque lo que los beneficiarios no reclamaron a 31 de diciembre de 2020 volvió a las arcas del Municipio como fondos comunes.
Por otra parte, aduce que la Universidad de Antioquia estaba contratada para hacerle seguimiento a este proceso y fuera de eso, Pulgarín, quien era su subalterno, había sido nombrado como supervisor directo. “Ninguno de los dos me notificó que hubiera incumplimiento o que no se hubieran hecho las llamadas a los beneficiarios a ver si efectivamente habían recibido la plata, lo que era su deber”, dijo.
Gómez asegura que, muy por el contrario de lo que dice el Ministerio Público, “está plenamente demostrado dentro del proceso que los hechos colocados en conocimiento de la Personería no constituyen falta disciplinaria” y se queja de la lentitud en el proceso, al punto de que “los términos están más que vencidos”.
En este último detalle, unido al hecho de que dice haberse enterado de la formulación de pliego de cargos por los medios de comunicación en la mañana de este lunes, y que solo la notificaron oficialmente en la tarde, son los argumentos dentro de la acción de tutela contra la Personería por violación al debido proceso que la exfuncionaria instauró. Señala al personero William Yeffer Vivas de falta de objetividad.
“No se publican todos los avances de procesos de todos los exsecretarios o secretarios de despacho, por ejemplo: quisiera ver el proceso disciplinario que le debieron abrir a Esteban Restrepo, por autorizar las contrataciones de Colombia Avanza, en calidad de secretario de Gobierno en su momento, quien debía aprobarlo y revisarlo en el sistema SAP y en comité de contratación. Proceso por el cual hoy está envuelta la anterior Secretaria de Educación. Esto es un asunto ya politizado en mi concepto”, puntualiza.
Gómez fue secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de enero de 2020 y durante 16 meses, como cuota del actual concejal y candidato a la Alcaldía, Luis Bernardo Vélez. El alcalde Daniel Quintero le pidió la renuncia en mayo de 2021, luego de que Vélez votó en contra un proyecto que modificaba el funcionamiento del aeropuerto Olaya Herrera.
