“Lavaperros”, “ladrón”, “facho”. Parecen acusaciones, insultos, proferidos en una discusión en un bar, o una esquina. Pero esas palabras se han dicho en el debate sobre la transferencia adicional de EPM a la Alcaldía por $330.000 millones. De fondo hay un desorden en el presupuesto de la ciudad, más el desespero de una administración que necesita plata con urgencia como consecuencia de su mala planeación.
El viernes pasado, después de una sesión acalorada, con tribuna llena y vociferante, se levantó el debate del proyecto de acuerdo con que la Alcaldía busca que se aprueben los $330.000 millones. Hasta la tarde de ayer, pese a la premura de la administración, no se había reprogramado la discusión. Varios concejales pidieron más detalles sobre la necesidad de añadir esa plata al presupuesto, pues no les habían dado ninguna claridad. Esta es la hora en que no les han respondido las inquietudes, pero sí han sido merecedores de palabras como “fachos” o “lavaperros”.
Hay que aterrizar la discusión, que más bien debe llamarse pelea. El alcalde Quintero alega que los proyectos sociales están desfinanciados por la reducción de transferencias de EPM. Las transferencias de EPM a la ciudad pasaron de un estimado de $2 billones en junio de 2022 a $1,67 billones al cierre de la vigencia. Ahí está el hueco de $330.000 millones. Esa baja se debe a la actualización del valor de la inversión en UNE, que fue calculado en $1,04 billones menos, debido a “tendencias de la industria, dinámicas competitivas, nuevos modelos de negocio y la renovación del espectro”, explicó la misma alcaldía.
Aunque el argumento de las transferencias menores para la ciudad tiene sentido, el diablo está en los detalles. Desde diciembre del año pasado se sabía que esas transferencias iban a ser menores y que eso iba a comprometer el presupuesto de la ciudad para 2023. Sin embargo, eso no se tuvo en cuenta para la presentación del proyecto de presupuesto, radicado en noviembre de manera extemporánea y que finalmente se aprobó por decreto, sin el beneplácito del Concejo.
Eso da cuenta de una gestión poco juiciosa en la proyección del gasto. Si la administración sabía de antemano que las transferencias de EPM bajarían, ¿por qué hizo caso omiso y permitió que se creara el hueco que hoy busca tapar?
Este fin de semana, en una maniobra desesperada, el alcalde y sus cercanos, incluyendo a su propia esposa, arremetieron contra el Concejo por no debatir el proyecto de acuerdo. Diana Osorio, la gestora social, tachó a los concejales de “lavaperros” y “fachos”, mientras su esposo le dijo al concejal Daniel Duque que se había “robado” la plata de UNE.
En medio de ese cruce de palabras de las últimas horas, Duque le planteó un reto al alcalde: “Quintero, yo no me he robado un solo peso, en cambio usted no aguanta un debate... ¿se le mide mañana a las 8 p.m.? Hablemos de UNE, del DAGRD, de Buen Comienzo, del Jardín Botánico y de la chatarrización”.
La pelea por las transferencias solo se ha crispado más en las últimas horas, pero nada de una nueva fecha para el debate. Quintero y su gente han intentado instaurar la narrativa de que la ciudad está desfinanciada por la no venta de las acciones de EPM en UNE, iniciativa que el Concejo negó. Pero ese argumento no cuadra, pues esa plata, que se estimaba entre $2,3 y $2,8 billones, estaba planeada desembolsarse en el plan de inversiones de EPM, no en los proyectos de la ciudad.
También se cae por su peso porque, de haberse aprobado la venta, los tiempos no habrían dado para que esa plata estuviera disponible ya, de manera expedita, pues se trata de un proceso largo de enajenación.
Objetando la premura y las formas de la Alcaldía, el concejal Alfredo Ramos advirtió que la administración tiene un grave problema de ejecución del presupuesto, una muestra más del desorden y la mala planeación. A través de un derecho de petición, el corporado pidió un anexo detallado con la ejecución del presupuesto de 2022. En la respuesta se detalló que de la plata del año pasado no se ejecutaron al menos $387.000 millones.
“Esto da cuenta de que este gobierno no tiene ni idea de cómo gastarse la plata, y este es su cuarto año. Eso es supuestamente grave, pues la ciudad necesita soluciones, y no se gasta la plata”, comentó Ramos.
Las cuentas internas de los concejales es que en la Comisión Primera la cosa está 4-3 a favor de la oposición, pero en la segunda el gobierno tendría ganada la partida con un 5-2, tal como están las cosas. Sin embargo, está en duda el voto de Dora Saldarriaga. El desequilibrio está en el voto de Aura Marleny Arcila, que perdió su curul por decisión del Consejo de Estado, pero está aferrada gracias a un recurso legal. Si sale antes de la votación, las cosas pueden cambiar y todo dependerá del voto de su reemplazo, el liberal Carlos Mario Mejía. Si es negativo, el proyecto se caería y no iría a plenaria.
14
votos están en juego en las dos comisiones del Concejo encargadas del debate.
Esta Alcaldía, por decirlo de alguna manera, ha tenido el camino pavimentado en el Concejo de Medellín. La corporación le ha aprobado 11 proyectos a la administración en los que se comprometieron vigencias futuras, es decir, recursos de los años siguientes.
Los montos no son menores, porque las platas de otros años que se han movido superan los $3,1 billones, y de estos, $1,83 billones quedan comprometidos entre 2024 y 2037 en proyectos de largo plazo como el metro ligero de la 80, el desfinanciado fondo de estabilización tarifaria de Metroplús, la reparación de colegios oficiales y los escenarios deportivos, y la construcción de la cárcel en San Cristóbal.
Uno de los más polémicos, precisamente, fue el de la cárcel. Sin embargo, como ha pasado en estos cuatro años, la administración alcanzó las mayorías y logró pasar el proyecto, pese a las fuertes críticas de la oposición.
El 17 de agosto del año pasado, el Concejo aprobó por unanimidad un pedido más de vigencias futuras. Aunque la oposición alegó que no tenía confianza en el gobierno Quintero, y que tenía serias dudas sobre el manejo de los recursos, le dio el beneplácito para que la Alcaldía separara $676.484 millones para el Inder, Isvimed, Fonvalmed y arreglar los colegios de Medellín.
Aunque las discusiones han sido caldeadas, el Concejo, gracias a la mayoría afín al gobierno, siempre ha estado presto a darle un sí a Quintero. Solo en dos ocasiones ha negado sus pretensiones: la enajenación de las acciones de EPM en UNE y el cambio de naturaleza jurídica del Olaya Herrera.
La pregunta es si este será el tercer no al gobierno o si, como ha pasado, le dará vía libre.
