La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria en contra del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y la exsecretaria Privada, María Camila Villamizar Assaf, para esclarecer su participación en el escándalo de la caja menor o los fondos fijos de la Alcaldía de Medellín durante el gobierno pasado.
La decisión quedó plasmada en un auto emitido el pasado 1 de julio, en el que el Ministerio Público busca determinar cómo se gastaron dichos fondos entre los años 2020 y 2023, y si ambos funcionarios habrían incurrido en faltas disciplinarias.
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Además de vincular a ambos exfuncionarios, la Procuraduría también ordenó en su decisión practicar una inspección en la Alcaldía de Medellín, en la que se solicitará toda la documentación asociada a la ejecución de dichos fondos.
Según se lee en el auto, las pesquisas de la Procuraduría sobre este caso se remontan al 10 de octubre de 2023, cuando ese ente asignó revisar el escándalo de la caja menor a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales.
El caso, vale recordar, se hizo público a mediados de agosto de ese mismo año, cuando salió a la luz una serie de soportes que estaban en poder de la Contraloría de Medellín, en los que se reseñaban cientos de compras en cigarrerías, panaderías, supermercados, verdulerías y restaurantes de lujo que habían sido cargados a los Fondos Fijos Reembolsables, una bolsa de recursos que tiene la Alcaldía para cubrir gastos imprevistos y urgentes.
A pesar de que por ley dichos gastos sólo debían efectuarse para garantizar el cumplimiento de las funciones públicas del despacho del alcalde, en dichos soportes aparecían millonarias cenas de hasta $1,7 millones en prestigiosos restaurantes cargadas al bolsillo de los contribuyentes de Medellín.
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Además de los gastos grandes, en los soportes también aparecían múltiples compras en supermercados y tiendas de comida rápida.
En aquel entonces uno de los puntos que despertaron mayor controversia era que el promedio de gastos de dichos fondos fijos del despacho del alcalde superaba incluso el salario del alcalde.
En los últimos días del pasado cuatrienio, este caso le costó la cabeza al exsecretario privado Juan David Duque, encargado de manejar dicho fondo y que se convirtió en el primer funcionario público en la historia de Medellín en ser sacado de su cargo a través de una moción de censura votada en el Concejo.
Con miras a esclarecer en profundidad lo ocurrido con esos recursos, la Procuraduría profirió un auto el 13 de septiembre de 2024, en el que ordenó investigar por aparte el papel que habrían jugado en el caso tanto el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, como la exsecretaria Privada de Medellín, María Camila Villamizar Assaf.
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El objetivo de vincular a Villamizar, señaló entonces la Procuraduría, era revisar el manejo de los fondos precisamente antes de que dichos recursos fueran manejados por el exsecretario Juan David Duque.
“Lo anterior con el fin de investigar si en su calidad de ordenadora del Fondo Fijo 067 autorizó el pago de bienes y servicios que no tuvieran un fundamento o motivo que les otorgara las características de urgentes, imprevistos y necesarios que hubieren justificado el uso de dichos recursos, de conformidad con el Decreto 1645 de 2006”, quedó plasmado en el acto que ordenó vincular a Villamizar.
Por otro lado, la Procuraduría también señaló ver necesario investigar a Quintero principalmente para esclarecer si se habría aprovechado de su cargo precisamente para ordenar tanto a Villamizar como a Duque a permitir un presunto manejo indebido del fondo.
De igual manera, la Procuraduría advirtió estar indagando en si Quintero se habría presuntamente beneficiado de dobles pagos cuando salía de la ciudad, ya que al parecer habría cargado gastos tanto al fondo fijo como a otro fondo para cubrir viáticos.
Mientras para el caso de Villamizar la Procuraduría advirtió que, en caso de ser encontrada culpable, podría haber incurrido en una falta gravísima asociada a la Hacienda Pública; Quintero también podría haber incurrido en una falta de carácter disciplinario.
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Como parte de las pesquisas que adelantará la Procuraduría, el ente advirtió que revisará todos los soportes de dichos fondos con miras a revisar la trazabilidad de las transacciones que se efectuaron y los gastos en los que incurrió el despacho del alcalde entre 2020 y 2023.
Con base en esa revisión, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría emitirá un informe técnico científico.
En medio de ese proceso, también se espera que tanto Villamizar como Quintero sean llamados a comparecer en versión libre para dar su versión de los hechos, antes de que se emita un fallo de primera instancia.
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