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Centro del Pescado: servicios y arriendo se treparon de $30.000 a $800.000
Tras un fallo de la Contraloría, la Alcaldía cambió el cobro de los canones y los servicios. Ahora están ahogados en deudas.
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En 1992, los vendedores fueron reubicados para mejorar sus condiciones. FOTO CARLOS VELÁSQUEZ.
17 de abril de 2023
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Los vendedores del Centro Comercial Popular del Pescado y la Cosecha —que se levanta en plena carrera Tenerife con calle 52 (Calibío) — no saben si regresarán de nuevo a las calles de las que se han resguardado por más de treinta años.
Pese a pagar desde 1992 una tarifa única por el arrendamiento y los servicios públicos de sus locales, creada por el Municipio como una forma de ayudarlos a subsistir, los comerciantes denuncian que un cambio imprevisto en las reglas de juego los tiene llenos de deudas.
Y es que según puede leerse en los recibos de la Alcaldía, que llegan religiosamente cada mes, durante los últimos tres años los cobros se dispararon a un promedio de $800.000 cada mes, un monto impagable para muchos de ellos.
Para acabar de ajustar, muchos de los vendedores no se explican de dónde salen los valores que aparecen en las facturas, dado que, tan solo en el caso de los servicios públicos, en el lugar ni siquiera hay medidores que garanticen cuánto consumen cada día.
El drama de los vendedores
Andrés*, uno de los vendedores del lugar, explica que para entender el problema hay que remontarse más de tres décadas atrás cuando varios vendedores llegaron al lugar.
Mientras toma un par de pescados y los mete en hielo, dice que desde sus 11 años vive de la venta del pescado. Recuerda que tuvo mucha suerte, porque conoció a alguien en la calle que le enseñó todo lo que sabe del negocio, aunque solo viva con lo justo.
“Yo no tengo nada, solo un comedor viejo y un armario, lo único que he conseguido en todo este tiempo. Además, con la pandemia, todo fue peor. Aquí todavía no nos recuperamos, porque muchos nos enfermamos, yo casi me muero. Uno ya está envejeciendo y es por el pescado que uno se mantiene con vida”, relata con gran preocupación.
Andrés trabajó durante casi siete años como vendedor ambulante en los bajos del viaducto del Metro, entre Bolívar y Juanambú, —cerca las antiguas oficinas de El Colombiano—, pero en 1992 él y otros vendedores fueron reubicados por la Alcaldía en el Centro Comercial Popular del Pescado y la Cosecha, donde a cada uno le asignaron un local y empezaron pagando $30.000 mensuales, una tarifa que cubría el arrendamiento y el costo de los servicios públicos.
Sin embargo, todo cambió en 2019, cuando la Contraloría de Medellín hizo una auditoría en la que consideró que esa tarifa única podía constituir un presunto detrimento patrimonial, generando que el Municipio empezara a individualizar los cobros por comerciante y separara el arrendamiento de los servicios públicos.
Tras ese cambio, explican los comerciantes, el valor del arriendo quedó en $168.490 y los servicios empezaron a oscilar entre $500.000 y hasta $1.000.000. En un promedio que suele ubicarse en los $800.000 mensuales, que se suma a los gastos de funcionamiento y surtido, los comerciantes empezaron a verse a gatas para pagar a tiempo las facturas, expedidas por la Secretaría de Suministros y Servicios.
No obstante, el mayor motivo de inconformidad para los vendedores, es que en las facturas solo pueden leerse los altos valores, pero por ninguna parte sale cómo fueron calculados, ni cuánto consumieron de energía o de agua.
EL COLOMBIANO consultó con la Secretaría de Suministros y Servicios y en una respuesta escrita, la dependencia explicó que inicialmente quien estuvo a cargo del Centro Comercial fue la Subsecretaria Defensora del Espacio Público y luego pasó a manos de la Secretaría de Suministros y Servicios en 2015.
Aludiendo a una investigación de la Contraloría, esa dependencia señaló que buscando no ver afectada “la gestión financiera” de la Alcaldía, desde el 20 de enero de 2020 empezaron con los cobros individuales de agua y energía a cada comerciante, argumentando que en esa tarea se habría hecho “un trabajo de campo en cada local” caracterizando a cada vendedor para “hallar unos consumos acordes a la realidad” de cada uno. Así mismo, la Secretaría señaló haber emprendido un proceso de “independización de los circuitos”, desde noviembre de 2022, que incluye la instalación de contadores para garantizar los cobros.
EL COLOMBIANO visitó el lugar en repetidas ocasiones, encontrándose que los medidores aún no habían sido instalados. Días previos a esta publicación, consultamos con algunos de los vendedores entrevistados, quienes sostuvieron que, pese a que las facturas siguen llegando sin falta, para la última semana de marzo el proceso de instalación de los contadores en cada local aún no había finalizado, cuando el contrato decía que la actividad finalizaría el 9 de marzo.
Esta situación no solo se ha hecho insostenible para Andrés*, también lo es para Blanca*, quien también llegó hace treinta años al Centro Comercial. De las paredes de su local penden algunas ristras de caldo de pescado, que parecen serpentinas de fiesta de cumpleaños y que terminan adornando el lugar por completo.
“Este puesto es lo único que yo tengo y hay meses que no me alcanza para pagar el arriendo, los servicios y surtir. Yo ya no sé ni cuánto debo. Lo duro es que en el contrato dice que si uno se atrasa, le pueden estar pidiendo el local y yo no tengo más para donde irme. Uno tan viejo ¿ya dónde consigue trabajo?”, dice con mucha preocupación.
Tal como consta en la letra menuda de los contratos firmados por los vendedores, en caso de darse una mora máxima de dos meses, esto “se constituirá en una justa causa para dar por terminado el contrato por parte del arrendador”. En dichas condiciones, la Secretaria de Suministros y Servicios también se aseguró la potestad de poder dar por terminado los contratos de forma unilateral.
Por ahora, la esperanza para vendedores como Andrés y Blanca es que la Alcaldía no solo sea más clara en los cobros que está haciendo, sino que les permita refinanciar la abultada deuda que ya tienen acumulada desde el cambio en las reglas de juego. Sobre esos pedidos, aseguran, la Alcaldía no ha dado mayor solución.
También denunciaron que otro de los factores que ha generado el retraso en los pagos se debe a que los mayoristas venden al público el pescado por unidad, y al mismo precio que se los dan a los minoristas, entonces sus ventas han bajado bastante.
Periodista digital con interés en periodismo de datos, medio ambiente, genero y derechos humanos.
