La empresa cuestionó de nuevo el proceso licitatorio para concluir la obra.
El sindicato de profesionales de EPM, Sinpro, reveló que envió un nuevo comunicado, además de otro derecho de petición, a las directivas de la empresa. Esta vez, el requerimiento tiene que ver con la licitación de las obras finales de las unidades 3 y 4 de Hidroituango.
El proceso licitatorio quedó en vilo luego de que EPM revelara que una de las empresas que conforman el consorcio —el único que se presentó— no cumplía con la experiencia solicitada.
Desde entonces, Hidroituango quedó a la deriva y todavía no hay certeza de quién se encargará de concluir las obras de estas dos turbinas, que deben entrar en funcionamiento en noviembre de este 2023. Sinpro viene denunciando desde hace tres años que la intención era darle el contrato a una empresa china. En efecto, el único consorcio que se inscribió en la licitación está conformado por la china Powerchina International Group Limited y su socio colombiano, Schrader Camargo S.A.S, a la que no se le avaló la experiencia.
La empresa tuvo la posibilidad de anexar de nuevo la experiencia solicitada, y eso se está revisando en este momento. Es decir, EPM tendrá que determinar si finalmente cumple con la experiencia o no. Por eso, uno de los cuestionamientos de Sinpro es qué pasará con la obra si la empresa no cumple y, de ser así, qué plazos hay para la presentación de una nueva licitación.
Además de la incertidumbre sobre la licitación, Sinpro hizo hincapié en que, en su criterio, Schrader Camargo S.A.S no tiene la experiencia para finalizar las obras de Hidroituango. Finalmente, el sindicato agregó que las responsabilidades fiscales que puedan venirse por los cambios de contratistas y la improvisación en la obra recaerán sobre la administración actual.
Más allá de la suerte de esas observaciones, lo cierto es que el panorama que hoy enfrenta el proyecto hidroeléctrico más grande en la historia del país es problemático por múltiples frentes, que van desde el riesgo de sufrir más retrasos y hasta quedarse sin doliente.
A raíz de ese panorama, agremiaciones como la Cámara Colombiana de la Construcción (CCCI) y el Comité Intergremial de Antioquia calificaron el proceso como “improvisado” y pidieron a órganos como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría poner sus ojos sobre el proyecto.
