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A la semana del nuevo gobierno, se aguó la fiesta
En ocho días, las propuestas económicas del presidente Petro, sumado a la tributaria y a los anuncios de las ministras de Minas y Trabajo, generan incertidumbre.
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Gustavo Petro, presidente de la República, junto a Bruce McMaster, presidente de la Andi. FOTO Cortesía ANDI
16 de agosto de 2022
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No ha pasado una semana de estrenarse el nuevo gobierno en el país, cuando ya las propuestas económicas del presidente Gustavo Petro, además de generar malestar, profundizaron la incertidumbre entre los industriales.
Y es que la luna de miel entre el primer mandatario y los empresarios terminó justo cuando Petro finalizó su intervención en el evento de clausura del congreso anual de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), ya que con sus intenciones en el terreno de la productividad dejó entre los asistentes un sabor de intranquilidad.
Para los empresarios que escucharon con atención las palabras del Jefe de Estado, no encontraron coherencia o hilaridad en las ideas que comunicaba, más en cuanto a proyecciones económicas y el papel de las empresas en los planes del nuevo gobierno.
¿Pero cuáles son las incongruencias y contradicciones del presidente Petro, que hoy tienen con intranquilidad a los empresarios del país? Más, si en su discurso de posesión una semana atrás, el presidente de la República mandó un mensaje de tranquilidad a los industriales.
“Lo que se percibe es que las políticas económicas del gobierno tienen grandes fallas en la planeación. Las medidas propuestas en el tema energético, tributario y monetario tienen serias falencias en su estructuración y en la manera que se conciben, ya que en su mayoría van en contra de la Constitución. Muestra de ello es el alza al impuesto en las exportaciones de minerales y petróleo, lo cual es un tributo de orden local y regional, y no nacional”, explicó Jorge Restrepo, profesor de Economía de la Universidad Javeriana.
El catedrático subrayó que las propuestas económicas poco estructuradas del nuevo gobierno son las que precisamente están generando malestar entre el empresariado del país.
Para otros analistas consultados por EL COLOMBIANO son propuestas que no son bien concebidas, y más con los anuncios de varios de los recién posesionados funcionarios, como la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, generan zozobra, ya que son más por razones políticas, que por argumentos técnicos.
El malestar de la tributaria
El fin a la luna de miel entre los empresarios y el presidente Gustavo Petro, vino precedido de una serie de anuncios y políticas del gobierno en materia tributaria, energética, agrícola y monetaria, y como lo han señalado los analistas económicos se evidencian grandes fallas en estructuración.
No habían pasado 24 horas de la posesión de Gustavo Petro, como nuevo jefe de Estado, cuando el primer campanazo llegó con la radicación en el Congreso de la República de la reforma tributaria.
Con el correr de los días, mientras más se va conociendo el contenido del articulado, aumenta la lista de contradictores de la reforma, quienes no escatiman esfuerzos para exponer los bemoles de la tributaria.
El exvicepresidente, Germán Vargas Lleras, es uno de los más acérrimos críticos y en diversos escenarios ha expresado que según la propuesta, los empresarios (es decir, las sociedades y sus socios), van a quedar atados a cinco tributos (renta, dividendos, patrimonio, ICA y 4 × 1.000) que en conjunto generarán una tasa de gravamen que fluctúa entre el 62% y el 104 % de las utilidades.
El exfuncionario también ha explicado que una tasa de renta del 35 % como la que se plantea en la reforma para las sociedades, junto con una tasa de hasta el 39 % sobre los dividendos, genera que solo entre estos dos tributos las rentas empresariales tengan una carga tributaria superior al 60%.
Vargas Lleras recalca que así el país pierde competitividad en materia de inversión y generación de un nuevo aparato productivo.
El gas de Venezuela
Pero no solo las alarmas vienen del articulado de la reforma tributaria, también del freno del gobierno a la operación petrolera y minera.
El mismo día de su posesión, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, además de anunciar que cesaba todo contrato nuevo para la exploración de gas natural, planteó que el combustible se le comprara a Venezuela una vez el recurso se acabe en el país.
Para los analistas consultados, en este caso en particular, no solo el nombramiento de una filósofa con post grado en cartografía al frente de la cartera minero energética generó incertidumbre para el sector, sino que el anuncio sobre el gas natural, ahondó la intranquilidad.
De acuerdo con los expertos del sector gasífero no es una posibilidad real y sensata, por razones económicas y complejidades técnicas, traer gas natural desde el vecino país, ya que llevaría a incrementar los precios para su consumo.
“Importar gas incrementaría cinco veces el costo de la factura del servicio para los colombianos, lo que aumentaría la brecha de desigualdad y pobreza en el país. Hay que tener en cuenta que los estratos 1 y 2 concentran el 60% de la cobertura nacional”, señaló Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas).
En el mismo sentido, Eduardo Pizano, expresidente del gremio recalcó que “defender el medio ambiente no es dejar de lado las rentas que pueden tener los hidrocarburos en este proceso de transición energética que se está presentando”.
El analista agregó que “la primera falla que tiene una política en la que se deje de explorar es que hoy el 58% de las exportaciones en Colombia son petróleo, dejar eso de lado de la noche a la mañana no da margen para sustituir esas rentas que son básicas”.
Horas extras y nocturnas
Otra de las iniciativas que se suma a la cadena de incertidumbre entre el empresariado del país, y que fue planteada por el gobierno, a través de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en la última semana es la de revivir las horas extras y la jornada nocturna a partir de las 6:00 p.m. y hasta las 5:59 a.m. del día siguiente.
La iniciativa no ha caído bien entre los industriales ya que consideran que generar trabajo formal es costoso para las compañías, y que el implementar nuevamente esta jornada podría llevar a la reducción en los puestos de trabajo.
“Ajustar nuevamente este horario será una de las prioridades de la cartera. En medio de ese concepto, si las empresas tienen que pagar horas extras, pues que las paguen”, viene explicando la ministra de Trabajo en diversos escenarios.
La funcionaria incluso ha subrayado que no se les pueden quitar los derechos laborales fundamentales a los trabajadores, como el descanso y al estudio.
Al respecto, Jaime Alberto Cabal, director de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), la decisión derivaría en un impacto para el sector comercio, uno de los que más genera empleo en la economía nacional.
“En lugar de mejorar las condiciones laborales, el aumento de las horas extras hará que menos gente tenga empleo porque para crearlo se necesitan mayores recursos. El incremento de los costos laborales, en promedio, sería superior en un 30% a los actualmente vigentes”, indicó el líder gremial.
Cabe recordar que hasta 2002, la jornada nocturna empezaba a las 7:00 p.m.; sin embargo, en ese año se radicó la Ley 789, durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, en la cual se extendió la jornada diurna hasta las 10:00 p.m. Y en el 2017 la norma se modificó ligeramente y se estableció que la jornada diurna va hasta las 9:00 p.m.
Para Fenalco, de implementarse la medida los sectores más perjudicados son aquellos que necesariamente deben operar en horas nocturnas, como el comercio, hoteles, bares, restaurantes, vigilancia y seguridad privada y empresas de entretenimiento, entre otras.
Así, las declaraciones conciliatorias de Gustavo Petro antes de la posesión, y el discurso de tranquilidad al empresariado el día en que asumió el mando presidencial, en una semana quedaron relegadas, ya que se han ido destapando las cartas por parte de sus funcionarios de cómo será de ahora en adelante la política económica del país.
Los analistas económicos consultados coincidieron en señalar que en una semana de gobierno se han puesto sobre la mesa propuestas económicas que son para el corto plazo, pero que la gran pregunta que queda en el ambiente, es que está pensando el Ejecutivo en materia económica hasta el 2026, si ya se vislumbran nuevas reformas tributarias.
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