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Plan Nacional de Desarrollo de Petro tendría previstas inversiones de $1.154 billones
Se conoció el borrador de lo que será la hoja de ruta del Gobierno para el cuatrienio.
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El presidente Gustavo Petro ha valorado los diálogos regionales en la construcción del PND. FOTO COLPRENSA
Cerca de $1.154 billones es lo que el gobierno del presidente Gustavo Petro planea invertir a lo largo de su mandato con el fin de “sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida, con un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio del relacionamiento con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza”.
Así lo confirmó un borrador del Plan Nacional de Desarrollo que conoció el diario La República y ya ha sido develado en algunos medios y el cual sería una de las versiones finales que se presentará como proyecto de ley el lunes 6 de febrero al Congreso de la República para su discusión y posterior votación.
Este plan, que será el decimosexto que marque la hoja de ruta de la economía desde 1961, se llamara ‘Colombia, Potencia Mundial de la Vida’.
Las cinco transformaciones que plantea el PND son: seguridad humana y justicia social; convergencia regional; derecho humano a la alimentación; internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática, y el ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental.
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Los ejes transversales, es decir, lo que va a ser el hilo conductor de todas las inversiones, programas y proyectos serán la paz total, los actores diferenciales para el cambio y la estabilidad macroeconómica.
En cuanto a las fuentes de financiación del plan de inversiones a 2026, $577,4 billones vendrán del Presupuesto General, $268,8 billones del Sistema General de Participaciones, $145,8 billones de los territorios, $106,4 billones de empresas públicas, $47,4 billones del Sistema General de Regalías y $9,1 billones de cooperación.
El eje que recibirá más recursos será el de seguridad humana y justicia social, con $743,7 billones. Le siguen convergencia regional ($138 billones), internacionalización ($114 billones) y estabilidad macroeconómica ($83,4 billones). El derecho humano a la alimentación recibirá $46,1 billones y Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental $28,8 billones.
Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental
En el primer eje de transformación, el PND es claro en que se necesita mejorar las funciones de inspección y vigilancia. En este sentido el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ejercerá esta función respecto a la gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR).
Otra de las medidas que se adelantarán en el cuatrienio para esta transformación será la coordinación interinstitucional para el control y la vigilancia contra la deforestación, en el que se creará el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros crímenes ambientales asociados.
Este estará conformado por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible quien lo preside, el Ministro de Defensa Nacional, el Ministro de Justicia y del Derecho, el Ministro de Agricultura, el Ministro de Salud y el Procurador General de la Nación.
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Los planes de ordenamiento territorial ahora contarán con seis niveles sobre los cuales se deberán adoptar las medidas para la reorganización o crecimiento de las ciudades.
En ese sentido se entenderá el nivel 1 como el de mayor nivel de prevalencia, y los demás subordinados a los niveles que les preceden. Las categorías dentro de cada nivel tienen la misma prevalencia entre ellas.
Para este eje de transformación, las entidades públicas deberán suministrar y disponer la información oficial, la cual será de obligatorio uso para las entidades competentes de adelantar procesos de formalización, adjudicación y regularización de la propiedad.
Respecto al avalúo catastral, el cual se encuentra rezagado desde antes de la pandemia, el PND estipula que con el fin de avanzar en este tema, que influye en la reforma agraria, el avalúo catastral de todos los inmuebles del país se ajustará durante el año de 2023.
Seguridad Humana y Justicia Social
Para avanzar en este eje de transformación, el PND insta a crear el Sistema de Transferencias, el cual estaría bajo la dirección y coordinación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y se encargaría de la entrega de transferencias monetarias y en especie.
Esto con el fin de apoyar a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, derivada de situaciones adversas provocadas por la materialización de riesgos sociales, de riesgos económicos, o por desastres naturales.
Allí, el presidente también contaría con la facultad de expedir decretos con fuerza de Ley, para modificar programas como Familias y Jóvenes en Acción.
También se crearán los programas Renta Ciudadana y Hambre Cero, los cuales estarán a cargo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y su reglamentación deberá estar lista a más tardar el 31 de diciembre de 2023.
El PND también buscará crear el Registro Universal de Ingresos (RUI), administrado por el DNP con el propósito de determinar la focalización de los subsidios, programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social.
Asimismo se le dará paso al sistema Nacional de la Igualdad y Equidad que coordinaría las actividades estatales, de las organizaciones sociales y de los particulares para formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes, programas, proyectos y medidas para promover la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales; entre otros objetivos.
El diseño, dirección e implementación del nuevo Sistema estará a cargo del Ministerio de Igualdad y Equidad en coordinación con las entidades competentes, y de los cuáles se levantará una memoria institucional.
A partir del período gravable 2023, el PND también afirma que nueve puntos porcentuales (pps) de la tarifa del Impuesto sobre la Renta y Complementarios de las personas jurídicas, se destinarán de la siguiente manera.
El Icbf recibirá 1,4 pps, 0,9 pps irían al Sena, 4,4 pps al Sistema de Seguridad Social en Salud, 0,4 pps a financiar programas de atención a la primera infancia, 0,6 pps a las instituciones de educación superior públicas y 1,3 pps para financiar los programas sociales que determine el Gobierno Nacional.
En temas de empleo, se estipula la creación del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) como un conjunto de políticas, instrumentos, componentes y procesos para alinear la educación y formación a las necesidades sociales y productivas del país.
Asimismo también se crearía el Consejo Nacional de la Economía Popular, integrado por entidades públicas del orden nacional, entidades territoriales y representantes de la economía popular; y se buscaría acabar con entidades sin ánimo de lucro.
El Consejo se encargaría de formular las líneas de la política pública para la Economía Popular y de coordinar las acciones interinstitucionales necesarias para el reconocimiento, defensa, asociación libre, fortalecimiento para promover la sostenibilidad de la economía popular, conforme a los principios de coordinación, complementariedad, probidad y eficacia del Estado.
También se contemplan otras medidas como el suministro de datos específicos por el Dane respecto a ala economía popular y la destinación de ingresos de las Cámaras de Comercio para cubrir parte de la financiación de los programas de desarrollo empresarial que ejecuta y coordina el Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo, con el fin de complementar los recursos de Presupuesto General de la Nación que se destinan para este propósito en el Presupuesto General de la Nación.
En términos de movilidad, para llegar a una sostenibilidad en los sistemas de transporte cofinanciados por la Nación, las tarifas que se cobren por la prestación del servicio, sumadas a otras fuentes de financiación de origen territorial, si se requiere, deberán ser suficientes para cubrir los costos de operación, administración, mantenimiento y reposición de los equipos.
Respecto a la cartera de Salud, se buscará darle al Presidente facultades extraordinarias para que adelante las actividades tendientes a la adquisición, a título gratuito u oneroso, de la infraestructura que corresponde al Hospital San Juan de Dios-Instituto Materno Infantil.
De esta misma forma se contemplan facultades extraordinarias para la reglamentación de condiciones de reclusión y resocialización para la población indígena privadas de la libertad. El Presidente también contará con facultades extraordinarias para regular los usos alternativos de la planta de coca y el cannabis, para fines medicinales, terapéuticos y científicos de sustancias psicoactivas.
