Las observaciones del director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Simón Gaviria, a los subsidios sociales que se otorgan en Colombia crean un interrogante sobre el papel que en el futuro puedan desempeñar las 43 cajas de compensación familiar, en favor de los 8,7 millones de trabajadores que tienen afiliados y sus familias.
En su intervención en el congreso anual de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), clausurado el viernes en Cartagena, el funcionario manifestó que “los subsidios han tenido un impacto importante en la reducción de la pobreza y la miseria en el país, pero el resultado sería mayor si estuvieran mejor focalizados”.
Gaviria también expresó su preocupación, al considerar que la repartición de los subsidios no es progresiva y buena parte de estos se va para personas de altos ingresos.
En las cuentas del DNP, Colombia tiene este año en su presupuesto subsidios sociales por 72 billones de pesos, lo que según el jefe de ese despacho equivale al 9 % del producto interno bruto (PIB), o a 1,4 veces el valor del programa de infraestructura de cuarta generación, y es 1,6 veces el presupuesto de inversión del país. “Si los subsidios fueran una industria sería más grande que el sector agropecuario colombiano”.
Y en ese contexto, el funcionario interrogó: “¿la sociedad colombiana, luego de entregar esos 72 billones de pesos, es más igual o desigual? La verdad es que aunque el impacto es levemente positivo, la respuesta es que no hay más igualdad”.
Como fórmula para corregir ese fenómeno, Gaviria planteó algunas recomendaciones que podrían promover la equidad, la eficiencia y la efectividad de ese gasto.
Entre las recomendaciones, sugirió la creación de un sistema de información de todos los subsidios, que los subsidios entregados sean públicos y que haya un doble filtro en la verificación de beneficiarios, teniendo en cuenta la encuesta del Sisbén y los estratos sociales.
Mientras la discusión propuesta por el DNP prospera, las cajas insistieron en que tras 62 años de actividades, ellas, son el mejor pacto social que ha existido entre trabajadores y empleadores, y se declararon listas para defender la lucha por el bienestar.
Herber Mantilla, vicepresidente de Asocajas, mencionó que uno de los retos será la consolidación de oportunidades y creación de condiciones idóneas para el desarrollo pleno de las capacidades de la población, especialmente para los trabajadores con menores ingresos.
En esa línea, reiteró que las cajas han trabajado en la consolidación de tres caminos o rutas de la compensación: el desarrollo humano integral, la rentabilidad social y el compromiso social.
En ese camino resulta clave la creación de servicios que conduzcan hacia unos objetivos progresivos de mejoramiento social (ver Dicen de...).
La alternativa, según Mantilla es que “a través de los subsidios en dinero, en especie y en servicios como: educación, salud, recreación, turismo, nutrición, formación para el empleo y atención a la niñez, entre otros, se mejora sustancialmente el nivel en la calidad de vida”.
Desde la óptica de María Inés Restrepo, exdirectora de Comfama, lo que fortalece el sistema y le da sostenibilidad y visión de futuro es la inversión social.
“Cuando las cajas sean más eficientes en la prestación de servicios y estén de cara a los retos y realidades nacionales, el sistema por sí solo se defiende. No se concibe un país en el que la equidad, la inclusión, la justicia social no estén de la mano del desarrollo económico, y las cajas son una expresión de esa inclusión, de esa equidad y de la agenda empresarial”, manifestó.
Por su parte, Néstor Rodríguez, director de Compensar, consideró que, cuando se trata de poblaciones muy desprotegidas, es la mano del Estado la que debe proveer los recursos para que se haga la redistribución de los mismos.
“Un valor importante es que las cajas sean las gestoras de esos recursos y esa es una capacidad que ya se tiene, pero eso requerirá herramientas de gobierno corporativo y transparencia para hacer esa labor”, dijo Rodríguez.
En este punto, Mantilla sostuvo que resulta fundamental que haya confianza plena en las instituciones que administran los servicios y en eso, las cajas han sabido corresponder y sus cifras son contundentes.
“Actualmente el sistema atiende a 25 millones de personas y entre 1991 y 2015 se adjudicaron 10 billones de pesos para Vivienda de Interés Social (VIS) en beneficio de 886.400 familias”, dijo.
También resaltó que “solo el año anterior, se entregaron recursos en cuota monetaria por 1,56 billones de pesos, beneficio que si se evalúa, reduce el nivel de desigualdad. Se podría destacar los 65 millones de usos en turismo y 47 millones en recreación” (ver gráficos).
Desde la perspectiva de Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), los planteamientos del director de Planeación, acerca de los subsidios, no son claros.
“El caso de las cajas de compensación, que hoy llegan a no menos de 25 millones de colombianos en diferentes servicios, es una labor insustituible y por eso hay que cuidarlo y preservarlo”, anotó el dirigente sindical, quien reconoció que esa tarea es susceptible de mejoras.
Adicionalmente, Gómez cuestionó que el Gobierno esté insinuando en generarle “nuevas cargas” a las cajas de compensación familiar, pues si bien la reforma tributaria no contiene cambios en su actual estructura impositiva, podría encargarle nuevas tareas.
Finalmente, se declaró temeroso de que en el futuro un Congreso reaccionario elimine las cajas de compensación familiar, como ocurrió hace algún tiempo en Chile, a cambio de compromisos que no se cumplen.
*Por invitación de Asocajas.
