DICEN DE... Reglamentados los plazos para pagar
Los grandes contribuyentes deberán presentar el impuesto a la renta y complementario por el año gravable 2018 en 3 cuotas (la primera entre el 8 y el 21 de febrero de 2019, la segunda entre el 9 y el 25 de abril y la tercera entre el 11 y el 25 de junio). Las personas jurídicas y grandes contribuyentes que a 31 de marzo de 2019 soliciten la vinculación a “obras por impuestos”, podrán presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementario y pagar la primera cuota hasta el 31 de mayo de 2019, fecha en la que deberán consignar en la fiducia los recursos destinados al proyecto.
Lo que la reforma tributaria impone y el efecto esperado
En diciembre, el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento con la cual se espera un recaudo de unos $8 billones lo que, según la Andi, exige un esfuerzo de mayor austeridad en el gasto público y un compromiso por parte del gobierno de ajustar la política de subsidios. Al acoger las modificaciones, los empresarios esperan que esta norma propicie las condiciones para que el país retome una tasa de crecimiento sostenida superior al 4 %, a la vez que se avance significativamente en la formalización y se logren resultados positivos en la lucha contra la evasión.
El sector privado confía en que el nuevo esquema reduzca la tarifa de renta de manera gradual en los próximos cuatro años (un 33 % en 2019, 32 % en 2020, 31 % en 2021 y 30 % a partir del año gravable 2022).
Para impulsar las inversiones se estableció que el sector hotelero y los nuevos proyectos de parques temáticos, parques de ecoturismo, agroturismo y muelles náuticos, tengan una tarifa del 9 %.
Además, a partir del año gravable 2019, el IVA pagado en la adquisición, construcción, formación e importación de activos fijos reales productivos se puede descontar del impuesto sobre la renta en el año que se realiza su pago o en cualquiera de los periodos gravables siguientes (esto solo aplica para responsables del IVA).
Igualmente, las empresas podrán descontar de renta el 50 % del Impuesto de Industria y Comercio, incluido avisos y tableros, a partir del año gravable 2019 y en su totalidad a partir del año 2022.
La factura electrónica supone ahorro en costos
Los 3.533 grandes contribuyentes colombianos, es decir aquellas personas jurídicas o naturales que sus activos fijos declarados en el impuesto de renta y complementarios sean superiores a tres millones de UVT ($102.810 millones) debieron iniciar la facturación electrónica el pasado martes.
Las personas y empresas que no pertenezcan a ese grupo deberán empezar a facturar electrónicamente de forma progresiva durante este año, dependiendo de su actividad económica, para lo cual la Dian establecerá un cronograma.
Alberto Redondo, director de Mercadeo de Seres (empresa de intercambio electrónico de documentos), mencionó que la entidad tributaria quiere que este sea un año de transición para la adopción de este mecanismo, y no se sancione a quienes no lo hagan, por razones tecnológicas o de conveniencia comercial. De esta manera, durante todo el año se realizarán las pruebas para que el sistema quede listo.
También consideró que la Dian busca modificar y mejorar el sistema de validación de facturas para potenciar el ahorro de costes por parte de las empresas. “En este sentido, en la fase actual de implementación, la factura electrónica es verificada tras su generación y la idea es que, en una segunda fase, la validación se realice en tiempo real. Es decir, con el nuevo sistema no será necesario acudir a un tercero para que valide las facturas emitidas”.
La factura electrónica es un documento que soporta transacciones por venta de bienes y servicios, que para efectos fiscales debe ser expedida, entregada, aceptada y conservada a través de medios y formatos electrónicos.
La transformación digital no da espera
El empresariado colombiano sostiene que este año se tendrán oportunidades de negocio al mejorar el ritmo de crecimiento de la economía mundial, y como resultado de la transformación digital por parte de las compañías para abordar de una mejor manera la revolución tecnológica y elevar los niveles de productividad. En ese contexto esta tarea requiere un mayor esfuerzo, pues en transformación digital empresarial, el vaso está medio lleno, reconoce la Andi.
Según los datos del gremio, entre las principales barreras y desafíos que enfrentan las compañías para lograr una transformación digital exitosa figuran: falta de cultura (74,1 %), desconocimiento (61,6 %) y presupuesto (56,3 %).
A su turno, en el Índice de Madurez Digital elaborado por la firma de consultoría Virtus Partners, en Colombia la economía digital representa menos de un 2 % del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual significa que hay una gran oportunidad de crecimiento.
Andrés Maldonado, director de Virtus Partners en Colombia, comenta que el mayor desafío de las empresas en el país y en Latinoamérica es la transformación digital, pues con ella viene un nuevo nivel de exigencia de los consumidores y clientes, que ya no están dispuestos a acomodarse a las ofertas tradicionales de las compañías.
También, advierte que gran parte de las compañías, en especial las familiares, no se han dado cuenta aún del tamaño del desafío y corren el riesgo de ser desbancadas por competidores que son mucho más ágiles y que ya están conectados con los consumidores.
La competitividad demanda avances más rápidos
En el balance general de 2018, la Andi señaló que en materia de competitividad, el país tuvo un desempeño desfavorable, con tímidos avances y en algunos casos desmejoras importantes. Este contexto se evidencia en los retrocesos del país en las posiciones de los distintos escalafones, que miden la competitividad relativa de los países.
Tras presentar el Informe Nacional de Competitividad, en noviembre, Rosario Córdoba Garcés, presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC), afirmó que para aprovechar las oportunidades de la revolución 4.0, Colombia debe priorizar la formación de habilidades para la nueva economía.
“Esto implica poner en marcha estrategias que garanticen la disponibilidad de capital humano con habilidades para la adopción de tecnologías digitales; anticipar su demanda cambiante; capacitar a quienes ya terminaron o no accedieron al ciclo educativo formal para evitar su marginalización del mercado; flexibilizar las regulaciones laborales para facilitar la asignación eficiente del capital humano, e identificar mecanismos de política pública e iniciativas privadas que favorezcan los procesos de capacitación y transformación tecnológica”, escribió Córdoba en la web del CPC (texto titulado Gran reto para la formación y el trabajo). Insistió en que contar con visión estratégica de largo plazo para diseñar políticas de formación de capital humano reduce la desigualdad, mejora el bienestar de población y permite al país cerrar la brecha de productividad que lo separa de los países industrializados. Desde el año anterior, Colombia integra la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).
Los compromisos asumidos por el gobierno contra los trámites
Durante 2018, en el gobierno Santos, y ahora, en la administración Duque, una de las apuestas del Ministerio de Comercio es avanzar y consolidar en la estrategia que elimine, simplifique o automatice una serie de trámites, con el propósito de volver más competitivo al país.
Mediante la campaña “Estado Simple, Colombia Ágil” se busca intervenir trámites y barreras que dificultan la relación con el Estado, articular esfuerzos entre las entidades gubernamentales para la identificación e intervención de trámites y regulaciones identificados por los ciudadanos y poner en marcha un sistema que garantice que la regulación en Colombia sea pertinente.
Complementaria a esta iniciativa, el ministerio aseguró el jueves que con la Ventanilla Única Empresarial (VUE) se aspira crear 80.000 nuevas empresa. La VUE es una plataforma tecnológica que permite registrar empresas de manera virtual. La herramienta entró en operación en junio de 2018, y continuará expandiéndose este años de la mano de las cámaras de comercio.
Además de integrar a más ciudades, la Ventanilla pretende vincular de forma progresiva a su operación entidades de seguridad social necesarias para la apertura de nuevas empresas. Entre estas se encuentran las cajas de compensación, las aseguradoras de riesgos profesionales, las entidades prestadoras de salud y los fondos de pensiones y cesantías.
Para los empresarios, el exceso de trámites y la normatividad es uno de los factores que desfavorecen el inicio de proyectos de inversión y es un obstáculo para el avance de los planes de expansión.
La Dian, a su turno, anunció que en los primeros meses de este 2019 emitirá el Estatuto Aduanero armonizado, con el ánimo de garantizar la seguridad jurídica en las operaciones de comercio exterior.
