El Carf considera más realista el nuevo presupuesto de 2027, pero advierte que el déficit, la deuda y las presiones de gasto reducen el margen fiscal.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) considera que la actualización del Plan Financiero y el nuevo proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 ofrecen una visión más realista de la situación de las finanzas públicas, aunque también evidencian un escenario particularmente exigente para Colombia.
El análisis del Comité se conoce después de que el Gobierno Nacional modificara de manera sustancial su propuesta inicial de presupuesto, presentada en julio, y reconociera mayores necesidades de gasto en sectores como salud, pensiones, nómina pública, subsidios de energía y gas, universidades y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
El 29 de julio de 2026, el gobierno Petro radicó ante el Congreso el proyecto de PGN para 2027 por $575,7 billones. Sin embargo, el Carf identificó inconsistencias entre el gasto incluido en la propuesta, las metas establecidas en el Plan Financiero del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026 y las fuentes previstas para financiarlo.
En particular, el Comité estimó que el gasto primario derivado del proyecto superaba en $20,7 billones, cerca de 1% del PIB, lo previsto en el MFMP 2026. El Carf advirtió entonces que, sin medidas compensatorias, esa diferencia podía comprometer la convergencia fiscal prevista para 2027.
La situación llevó a que el 11 de agosto de 2026 las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso devolvieran el proyecto de presupuesto, una decisión que no se presentaba desde 2003. Posteriormente, el 27 de agosto, el Gobierno Nacional (en cabeza de Abelardo de la Espriella) radicó una nueva propuesta por $635 billones, equivalente a 29,9% del PIB. Esto representa $59,2 billones más frente al proyecto inicial.
El aumento incorpora necesidades de gasto que no estaban completamente reconocidas en la primera versión, entre ellas mayores recursos para salud, pensiones, nómina pública, subsidios de energía y gas, universidades y el FEPC.
Al mismo tiempo, el nuevo escenario incluye medidas de austeridad. Entre ellas están limitar el crecimiento de los gastos de personal a la inflación, reducir en términos reales las adquisiciones de bienes y servicios y disminuir la inversión frente al proyecto inicialmente presentado.
El nuevo proyecto supone un incremento significativo del presupuesto frente a 2026, explicado principalmente por el mayor servicio de la deuda.
Excluyendo los recursos extraordinarios de 2026, el PGN aumenta 19,6% en términos nominales, al pasar de representar 27,6% a 29,9% del PIB. El servicio de la deuda presenta el mayor crecimiento, de 54,7%, y aumenta en 2,3 puntos porcentuales del PIB. En contraste, el gasto sin deuda crece 5,3% y se mantiene en 22,6% del PIB.
La estructura de financiación también cambia. El nuevo proyecto elimina los ingresos contingentes que estaban contemplados en la propuesta inicial, mientras los ingresos corrientes disminuyen 7,4% nominal.
Esta reducción es compensada con un aumento de 59,6% en los recursos de capital, principalmente mediante un mayor financiamiento con deuda interna y externa.
Para el Carf, la actualización del Plan Financiero para 2027 confirma buena parte de los riesgos que había advertido previamente y reconoce un desequilibrio fiscal considerablemente mayor al contemplado en el MFMP 2026.
El Comité había señalado que el escenario fiscal previsto para 2027 era poco probable y dependía de medidas de política que todavía no estaban definidas. Con la actualización, buena parte de esos supuestos de ajuste desaparece y se incorporan presiones de gasto que no habían sido plenamente reconocidas. De esta manera, las nuevas cifras se acercan de forma importante al escenario que el propio CARF había anticipado.
El organismo valora este mayor realismo porque permite dimensionar mejor el ajuste fiscal que deberá realizar el país. Sin embargo, advierte que las cifras también muestran una situación particularmente compleja.
En 2027, en lugar de avanzar hacia una consolidación fiscal, el déficit primario se deterioraría. Tanto el Gobierno como el Carf proyectan ahora un déficit primario de 4,5% del PIB para 2027. Esta cifra está muy por encima del 0,5% del PIB previsto en el MFMP 2026 y se encuentra cerca del escenario inercial de 4,3% del PIB que el Comité había advertido en junio.
Además, el déficit de 2027 supone un deterioro de 1,2 puntos porcentuales del PIB frente al 3,3% proyectado por el Gobierno para 2026 y de 0,6 puntos frente al 3,9% estimado previamente por el Carf.
El deterioro adquiere especial importancia porque ocurriría en 2027, último año de aplicación de la cláusula de escape de la Regla Fiscal.
Esto significa que el ajuste requerido para retornar en 2028 al mecanismo paramétrico de la regla sería mayor. El Carf ha advertido que las modificaciones sucesivas de la senda de retorno pueden afectar la credibilidad de la política fiscal y elevar los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Por ello, el organismo considera que el país enfrenta el desafío de corregir el deterioro fiscal al mismo tiempo que debe recuperar una senda compatible con las reglas establecidas para las finanzas públicas.
El Carf también identifica riesgos adicionales que podrían ampliar el déficit de 2027. En el caso de la salud, los recursos programados serían inferiores en cerca de $8,2 billones, equivalentes a 0,4% del PIB, frente a los usos estimados por el Comité.
En pensiones, la programación presupuestal depende de recursos relacionados con traslados al régimen público, pese al cierre de la ventana excepcional. Esta situación podría incrementar las necesidades de aportes de la Nación.
También existe un riesgo asociado a los subsidios de energía y gas, cuyos recursos disminuyen en un escenario que podría verse afectado por la ocurrencia de un fenómeno de El Niño.
A estos factores se suma la atención fiscal de la emergencia generada por el terremoto, cuyo impacto todavía no está plenamente incorporado en el escenario financiero.
El panorama descrito por el CARF deja un margen fiscal reducido para enfrentar nuevos choques. Para 2027, el escenario contempla un déficit primario cercano a 4,5% del PIB, un déficit total próximo a 10% del PIB y una deuda neta cercana a 67,3% del PIB.
La cercanía de la deuda al límite establecido por la Regla Fiscal no representa solamente un riesgo de incumplimiento de un umbral legal.
Según el Carf, niveles elevados de deuda y déficit pueden retroalimentarse mediante mayores primas de riesgo, tasas de interés y necesidades de financiamiento, lo que podría deteriorar todavía más las cuentas fiscales.
En este contexto, nuevas necesidades de gasto derivadas de la emergencia por el terremoto, un fenómeno de El Niño más intenso, condiciones financieras internacionales más restrictivas o una depreciación del peso colombiano podrían acelerar el crecimiento de la deuda y dificultar el financiamiento del Gobierno.
Ante este panorama, el Comité considera necesario adoptar medidas de ajuste estructurales, convincentes y permanentes, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos.
El objetivo es preservar la sostenibilidad de la deuda y evitar que esta continúe acercándose al límite establecido por la Regla Fiscal.
Bajo las condiciones previstas para 2027, el Carf estima que estabilizar la deuda neta del Gobierno Nacional Central en el nivel proyectado de ese año, 67,3% del PIB, exigiría alcanzar en 2028 un superávit primario superior a 2% del PIB.
Por eso, el déficit primario de 4,5% del PIB previsto para 2027 permite dimensionar la magnitud del desafío. Para el Comité, su corrección no puede depender de medidas transitorias, aplazamientos presupuestales o efectos favorables de valoración de la deuda.
El organismo considera urgente definir e implementar una estrategia de consolidación fiscal que permita estabilizar la deuda y retornar al mecanismo paramétrico de la Regla Fiscal.
El Gobierno ha anunciado un ajuste fiscal equivalente a 2,2% del PIB, concentrado en cerca de dos terceras partes en medidas relacionadas con el gasto.
Ahora corresponde al Ejecutivo presentar oportunamente las alternativas de ajuste. Las decisiones deberán contar con la aprobación del Congreso de la República y con la participación responsable de los demás actores institucionales y de la sociedad.
El Carf enfatiza que la sostenibilidad de las finanzas públicas constituye un principio constitucional y un bien público de todos los colombianos. Por ello, advierte que las medidas necesarias para preservarla no pueden seguir postergándose.
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