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A más tardar a finales de enero, la canadiense Continental Gold, espera radicar ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) la solicitud del permiso indispensable para desarrollar el proyecto de minería de oro subterránea y mecanizada más grande del país, en Buriticá, Occidente del departamento.
La decisión se tomó luego de desistir del trámite de modificación de licencia con Corantioquia, corporación ambiental de la jurisdicción.
Ahora aprovechará que Buriticá es parte de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (Pines) definidos por el Gobierno, esperando tener licencia con la Anla antes de junio de 2016.
Si eso es así, en la segunda mitad del próximo año se recogería con inversionistas los cerca de 400 millones de dólares (unos 1,24 billones de pesos de hoy) que se estiman se deberán invertir para construir la mina. Se comenzaría a extraer desde enero de 2019 un promedio de 314 mil onzas de oro anuales, que duplicaría la producción legal actual de oro del país.
Así lo señaló a EL COLOMBIANO León Teicher Grauman, presidente de la Continental Gold, quien reprochó la lentitud de Corantioquia frente a la solicitud realizada desde diciembre de 2013.
“Gracias a las gestiones del ministro del Medio Ambiente, a finales de 2014 se logró activar eso (...) y hubo requerimientos, luego de 6 y 8 meses de silencio y en septiembre (de 2015) nos dicen que tenemos vacíos de información (...) Una licencia no se puede tomar dos años para que le digan a uno que tiene grandes vacíos de información, eso es absurdo”, agregó Teicher.
La otra cara de la moneda
Al respecto, este diario consultó al director de Corantioquia, Alejandro González Valencia, quien respondió que, si bien la solicitud fue radicada el 23 de diciembre de 2013, la minera solo hasta el 24 de junio de 2014 entregó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) completo.
Agregó que el 5 de enero de 2015 se expidió una resolución con 63 requerimientos que debía cumplir la compañía, cuya respuesta fue el 8 de abril. Por último, el 11 de septiembre pasado se negó la modificación de licencia ambiental.
“Fácilmente, de dos años que se demoró el trámite, la mitad es responsabilidad directa de la empresa y la otra mitad al tiempo que nos tomamos evaluando una licencia que solicita pasar de procesar 60 toneladas diarias de material a 2.000 toneladas”, puntualizó el funcionario.
En líneas gruesas, Corantioquia argumenta que la licencia se negó por temas hidrogeológicos (salía más agua de la estimada), inconformidad con el manejo del bosque seco tropical y compensaciones inadecuadas de biodiversidad.
“Muchas veces las demoras en los trámites ambientales radican en que la información que se presenta (por parte del solicitante) no está completa”, concluyó González.
Con todo, en las cuentas de Teicher se perdieron dos años para generar 1.500 empleos directos en la construcción de la mina y, “peor que eso, dos años en que la minería ilegal ha estado desenfrenada, campante, boyante, depredando medio ambiente, entrando entables ilegales, mercurio, explosivos, y ese cuidado no lo está haciendo nadie”.
El empresario se muestra confiado en obtener la licencia ambiental con la Anla, mientras concluirá en marzo el detallado estudio de factibilidad, otro gancho para atraer a inversionistas.
Reportero por vocación. Convencido de que el periodismo es para mejorar la vida de la gente. Ahora escribo de temas económicos en El Colombiano.