Este semana, Colpensiones solicitó a la Corte Constitucional aplazar por un año la aplicación del nuevo sistema creado por la reforma pensional.
La petición, presentada el 22 de septiembre, busca que las disposiciones de la Ley 2381 de 2024 que deben entrar en vigor lo hagan el 1 de abril de 2028, y no el 1 de abril de 2027, como está previsto actualmente.
Por eso, la presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Paola Andrea Meneses, confirmó que la solicitud será estudiada por la Sala Plena. Lo hizo desde Bucaramanga, donde explicó que el trámite seguirá el procedimiento correspondiente y que la petición será incorporada al expediente.
“Todas las solicitudes que llegan a la Corte son analizadas; de manera que esa es una solicitud que entrará en el expediente y la Sala Plena de la Corte tendrá que analizar en su momento para decidir y proferir una decisión”, señaló Meneses, pero no entregó detalles adicionales sobre el eventual resultado. Se limitó a señalar que primero deberán estudiarse los argumentos presentados por Colpensiones y que posteriormente se tomará una determinación.
“Entendemos la situación, pero debemos sentarnos a analizar los argumentos y, posteriormente, se tomará una decisión en el menor tiempo posible”, indicó.
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¿Por qué Colpensiones pidió aplazar la reforma pensional?
El argumento de Colpensiones está relacionado con la capacidad operativa, tecnológica e institucional que requiere para poner en funcionamiento el nuevo modelo pensional.
La entidad considera que el plazo que tiene actualmente no sería suficiente para completar todos los procesos necesarios para garantizar una transición segura. La solicitud contempla, por eso, un año adicional, hasta el 1 de abril de 2028. La petición ha sido reportada como una solicitud para modificar temporalmente los efectos del fallo de la Corte.
Uno de los principales desafíos es la migración masiva de información. El nuevo esquema implica cambios en la administración de los afiliados y en el manejo de sus historias laborales, lo que exige trasladar, adaptar, integrar y verificar grandes volúmenes de información.
Para Colpensiones, este proceso debe realizarse con suficiente tiempo para evitar errores que puedan afectar los datos de los cotizantes.
A esto se suman las pruebas técnicas que deben adelantarse antes de poner en operación los cambios. Entre ellas están la homologación de datos, las validaciones de los sistemas y las pruebas de ciberseguridad.
La preocupación de la entidad es que una implementación acelerada pueda generar fallas informáticas, interrupciones en los servicios o problemas en la integridad de la información.
Otro de los retos está relacionado con el aumento de la población que quedaría bajo la administración de Colpensiones con el nuevo sistema.
La reforma introduce modificaciones importantes en la operación de la entidad, por lo que debe adecuar sus sistemas, procesos internos y capacidad de atención. Colpensiones considera que necesita tiempo adicional para completar esa preparación.
No es la única solicitud que llegó a la Corte
Además de la solicitud de la Colpensiones, el Ministerio de Hacienda presentó un incidente de impacto fiscal y el Banco de la República pidió una aclaración jurídica sobre los tiempos de entrada en vigencia de la reforma. Las tres actuaciones fueron presentadas por entidades diferentes y tienen objetivos distintos.
El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, explicó que la solicitud de Colpensiones tiene una naturaleza esencialmente operativa, mientras que las otras dos tienen componentes fiscal y jurídico.
“El día de ayer se produjeron tres actos con respecto al fallo de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional. Los tres actos vienen de tres entidades diferentes: el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Colpensiones y el Banco de la República”, explicó Velasco.
Sobre la petición del Banco de la República, señaló que busca precisar desde cuándo la entidad puede realizar las inversiones y gastos relacionados con la preparación del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, cuya administración está a su cargo según la Ley 2381. “Esta es una aclaración de tipo jurídico”, dijo el dirigente gremial.
En el caso de Colpensiones, Velasco marcó una diferencia. “La solicitud de Colpensiones tiene una naturaleza diferente, tiene una naturaleza operativa, de capacidad operativa, de la necesidad de estar listos y de implementar los cambios tecnológicos necesarios en la entidad”, afirmó.
Según el presidente de Asofondos, Colpensiones sostiene que requiere tiempo “al menos hasta el primero de abril del año 2028 para estar listo operativamente para poder ejercer esa función a cabalidad”.
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Hacienda advierte un impacto fiscal de $5 billones
El tercer frente corresponde al Ministerio de Hacienda. La cartera presentó un incidente de impacto fiscal, mecanismo previsto en la legislación colombiana para solicitar la modulación de los efectos de determinadas decisiones judiciales cuando tienen consecuencias sobre las finanzas públicas.
Velasco explicó que Hacienda argumenta dificultades fiscales para atender las obligaciones que se derivarían del fallo y de la entrada en vigencia de la reforma a partir de abril de 2027.
“En particular, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reconoce que la reforma costaría cerca de 5 billones de pesos que no habrían estado incluidos en el Presupuesto General de la Nación del próximo año”, señaló.
De acuerdo con la explicación entregada por Velasco, esto ocurre porque el presupuesto fue aprobado un día antes de que se conociera la decisión de la Corte sobre la reforma.
El incidente de impacto fiscal tiene sus propios tiempos de trámite y podría incidir en el cronograma que actualmente se tiene para la implementación de la reforma.
¿Qué sigue para la reforma pensional?
El escenario ahora depende de las decisiones que adopte la Corte Constitucional frente a las tres actuaciones. En el caso del incidente de impacto fiscal de Hacienda, Velasco explicó que, dependiendo de los tiempos y de la decisión de la Corte, el Congreso deberá avanzar en la subsanación de nueve artículos que fueron devueltos a la Cámara de Representantes, además de la incorporación de un artículo nuevo.
El fallo estableció un plazo de 30 días hábiles, que, según el presidente de Asofondos, vence el 29 de octubre, para adelantar ese procedimiento. “Dependiendo de la respuesta de sus tiempos, el Congreso de la República deberá tramitar la subsanación de los nueve artículos y la proposición del artículo nuevo”, explicó Velasco.
El dirigente agregó que la decisión sobre el incidente de impacto fiscal será relevante para determinar si existe una suspensión adicional de la reforma o si se mantiene la entrada en vigor prevista para el 1 de abril de 2027.
En paralelo, la Corte tendrá que estudiar la solicitud de Colpensiones para modificar esa fecha hasta abril de 2028. “Con respecto a la solicitud operativa de Colpensiones, la Corte Constitucional deberá analizar la modulación del fallo que requiere esta entidad para saber si aplaza la entrada en vigor hasta el primero de abril del próximo año”, señaló Velasco.
El Banco de la República, por su parte, tendrá que esperar la respuesta de la Corte a su solicitud de aclaración jurídica, un trámite que, según Asofondos, podría tomar varias semanas.
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