La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (CPCPSL) iniciará este lunes, 30 de noviembre, las discusiones para definir el ajuste del salario mínimo del próximo año.
En dicho espacio en el que estarán presentes el Gobierno, los gremios de la producción en representación de los empresarios y las organizaciones sindicales participarán expertos para analizar desde su perspectiva los efectos de la pandemia en el mercado laboral.
La semana anterior el jefe de esa cartera, Ángel Custodio Cabrera, señaló que: “Necesitamos sacar adelante el tema de salario mínimo y estamos viviendo un momento muy difícil. Por eso, el escenario queda abierto para discutir y dialogar diferentes temas, así como la implementación de políticas públicas. La idea es, escucharnos todos y buscar una salida para este país”.
El Ministerio del Trabajo juega un papel activo y participativo en la negociación. En primer lugar, su rol de orientador frente a la agenda conforme a la Ley 278 de 1996, encamina los tiempos de las sesiones previas del análisis en materia de productividad y que quedaron establecidas en el cronograma que comienza este lunes.
El Gobierno intervendrá el 2 y 3 de diciembre con ponencias de los Ministerios del Trabajo y Hacienda, el Banco de la República y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
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Si por algún motivo no se concerta entre empleadores y trabajadores el incremento del salario mínimo para 2021, se programarán sesiones extraordinarias que busquen acercar a las partes. El decreto de salario mínimo y auxilio de transporte tiene plazo máximo para su expedición el 30 de diciembre del 2020 y entrará en vigencia el primero de enero del siguiente año.
La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es el principal escenario para fomentar el diálogo social en materia laboral y salarial del país. Está integrada por representantes de las centrales sindicales: Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Confederación General del Trabajo (CGT), Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y Confederación Democrática de Pensionados (CDP); por los gremios: La Andi, SAC, Acopi, Fenalco y Asobancaria; y por parte del Gobierno: Ministerios del Trabajo, Hacienda, Agricultura, Comercio, Industria y Turismo, y DNP.
Para fijar el nuevo salario, que este año es de 877.802 pesos, se tendrán en cuenta cuatro factores económicos: el Índice de Precios al Consumo (IPC) total nacional año corrido y anual; el Producto Interno Bruto (PIB), la proyección de la inflación para el periodo de negociación y el siguiente año, y la productividad”.
El sábado, 28 de noviembre, en el programa Actualidad CUT, el presidente de ese sindicato, Diógenes Orjuela, enfatizó en que la petición estará centrada en que el mínimo de 2021 sea de un millón de pesos, lo que representaría un aumento del 13,9 % frente a la remuneración actual.
Igualmente, dijo que se solicitará un auxilio de transporte de 120.00o pesos (hoy en 102.854 pesos) con lo que se impulsaría la reactivación y el consumo de los hogares.
El dirigente abogó por la renta básica para 9 millones de familias sin ingresos y desempleadas cuenten con un salario mínimo durante la crisis económica y sanitaria.
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Desde la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) se pidió prudencia en las discusiones que se avecinan en torno a la negociación del salario mínimo para 2021. La entidad consideró que debe haber un balance justo entre la remuneración digna de los actuales trabajadores y la difícil situación por la que está pasando buena parte del empresariado del país. “En Anif consideramos que el incremento del salario mínimo debe ser entre el 2 % y 3 %. Más allá de ese valor se pondría en riesgo la sostenibilidad de la recuperación económica, en particular la creación del empleo formal, altamente golpeado por la pandemia”, se lee en un análisis de la Asociación.
Según Anif, el 2020 ha sido un año difícil para las empresas y los hogares. La irrupción de la pandemia mundial y las medidas para controlar su propagación han tenido un desenlace nunca visto por muchas generaciones, un escenario de crisis económica, con grandes pérdidas de empleo y de ingresos en los hogares.
Por su parte, la directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, mencionó que la discusión del salario mínimo requiere de la mayor sensatez de todas las partes. “La coyuntura actual de pandemia, cuyos devastadores efectos en la economía no han dejado de sentirse, obligan a que el aumento del próximo año sea mucho más estratégico y que contribuya a la reactivación de la economía y no se constituya en un obstáculo en la creación de nuevos empleos”.
Recordó que este año se han perdido más de cinco millones de empleos y la recuperación ha sido lenta y aún está la incertidumbre por lo que pueda venir en los próximos meses y el fantasma de un rebrote sigue rondando.
“El salario mínimo de 2021 debe incentivar que las empresas puedan crear, de nuevo, los empleos perdidos y que beneficie a los millones de trabajadores que quedaron cesantes y al mismo tiempo estimular la formalización laboral. Y ello acompañado de una política laboral más flexible, que abra espacio a nuevas modalidades de trabajo que se implementen de manera permanente y no por emergencia, así como la definición del teletrabajo o trabajo en casa. Un aumento desproporcionado del salario mínimo pone en riesgo la competitividad empresarial. Por otro lado, las ayudas estatales son finitas y el Gobierno no cuenta con una chequera ilimitada”, concluyó.
