Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, radicó la ponencia final con la que se discutirá la que desde el Gobierno ha sido llamada “Ley de Crecimiento Económico”, una nueva reforma tributaria.
A grandes rasgos, es la misma Ley de Financiamiento aprobada para el Presupiesto General de la Nación de 2019, que por vicios de forma fue tumbada por la Corte Constitucional.
Ahora, el documento se debatirá en plenarias del Senado de la República y la Cámara de Representantes, trámites que se espera necesiten sesiones extra para su aprobación.
Un cambio sustancial es “la obligación de presentar declaración de activos en el exterior cuando el valor patrimonial de los activos del exterior poseídos a 1 de enero de cada año sea superior a 2.000 UVT (68,5 millones de pesos)”.
Y a pesar de que el pasado 22 de octubre Carrasquilla había dicho que la normalización de activos tributaria no iba “pues había sido exitosa”, el plan entregado ayer confirma una petición de la bancada del Partido Conservador para revivirla de cara a 2020.
“El Gobierno debe buscar la manera de recaudar lo que se dejará de recibir de parte de las empresas”, dijo Juan Manrique, economista y asesor tributario del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
Las modificaciones se extienden a la exención de IVA para provitamínicos, vitaminas y antibióticos, “que no tienen otra motivación que la de mejorar las oportunidades de acceso a estos fármacos”, dijo Óscar Darío Pérez, senador del Centro Democrático.
Las gabelas
Varias voces se han manifestado sobre el impacto económico del nuevo plan de financiamiento. Mientras el Gobierno y gremios, como la Andi, dicen que Colombia tiene la tasa de tributación empresarial más alta de la Ocde (71 %, frente al promedio de 39,9 %, según el Banco Mundial), la oposición argumentan que la carga es justa y en cambio las gabelas de la reforma no ayudaron ni ayudarán a estimular la contratación laboral de más colombianos.
Según un estudio de Fedesarrollo, teniendo en cuenta la diferencia entre el recaudo que llegaría desde las personas naturales y el de las empresas, el dato disminuiría 4,9 billones de pesos en 2020. Esto porque si bien las personas jurídicas dejarían de entregar 8,9 billones de pesos en impuestos, las naturales aumentarían en casi tres billones de pesos ese recaudo.
Tesis en la que concuerda Manrique: “Esta ley de financiamiento da hasta 9 billones de pesos focalizados en empresas grandes (como el régimen de megainversiones). Lo que va a pasar es que el recaudo va a ser menor, por cuenta de las medidas de esta reforma” (ver Paréntesis).
“Eso además de los 3,5 billones de pesos que dejaría de recibir el Estado a razón de las iniciativas sociales anunciadas por Duque: los tres días sin IVA, la devolución de ese impuesto al 20 % de la población colombiana (la más vulnerables) y la reducción del 12 % al 4 % en la contribución a salud de los pensionados con un salario mínimo”, afirmó José Roberto Acosta, miembro de la Red por la Justicia Tributaria.
Cálculos que han llevado a la bancada opositora, en cabeza de Iván Marulanda, senador por la Alianza Verde, a pedir una nueva propuesta.
Sin embargo, Carrasquilla, en voz del Gobierno, ha dejado en claro que los estímulos a la generación de empleo crearán, al menos, 130.000 puestos entre 2020 y 2022. “La deducción de renta del primer empleo tiene un beneficio potencial para 415.000 jóvenes”, dijo el funcionario.
Y sobre las cuatro iniciativas del presidente Duque, que se catalogan como el grueso social de la reforma, añadió el Ministerio de Hacienda, sólo las reducciones de los pensionados (con mesadas de un salario mínimo) llevarán a que 900.000 jubilados dejen de pagar cerca de 390.000 millones de pesos durante el próximo año.
