Para mitad de año se deberá conocerá la decisión del superintendente de Industria y Comercio (SIC), Pablo Felipe Robledo del Castillo, sea sancionar o exonerar, frente a las investigaciones abiertas desde hace varios años por la presunta cartelización empresariales, tanto entre cementeras como ingenios del país.
Así lo informó el funcionario en entrevista con EL COLOMBIANO, en que anunció que la oficina móvil de la SIC recorrerá ocho municipios de Antioquia de hoy al 28 de marzo (ver gráfico).
El superintendente explicó sobre los casos de posibles carteles del azúcar y el cemento que “ya se terminó la práctica de pruebas y se entró en la etapa de decisión final, que adopta el Superintendente”.
La cartelización es una de las prácticas restrictivas mediante acuerdos ilegales entre varios jugadores de un mismo mercado para fijar precios o repartirse cuotas de mercado.
Ante esos casos, le corresponde a la SIC velar por la libre competencia y que los colombianos no paguen más por un producto cuyo precio debe formarse por la ley de oferta y demanda.
En ese sentido, ya fueron sancionadas empresas y directivos vinculados a los conocidos como los carteles de “los pañales” y “el papel higiénico”.
Junto a los presuntos carteles del cemento y el azúcar, en etapa final también está otro probable en subastas ganaderas.
Además se acaba de abrir pliego de cargos por un probable cartel de los cuadernos escolares entre tres empresas; y en enero se tomó igual decisión ante ocho compañías de vigilancia privada que se habrían puesto de acuerdo para ganar contratos con el Estado.
“La SIC sí sanciona y aunque los procesos parezcan demorados, los tiempos son inferiores a los estándares internacionales”, destacó Robledo del Castillo a este diario (ver opinión).
Posible cartel del arroz
Además habría la posibilidad de un octavo presunto cartel del arroz, producto de primera necesidad que empezó 2015 con incrementos notables de precios, al parecer por una especulación basada en restringir el normal abastecimiento.
“Estamos investigando si esa alza del valor final se debe a una maniobra de acaparamiento para desabastecer el mercado y subir el precio, o se explica por un presunto cartel empresarial con el fin de subir el precio en Colombia”, reveló el superintendente.
De ahí que funcionarios de la SIC realizan visitas administrativas de inspección a molinos y comercializadores para revisar correos electrónicos, documentos y tomar declaraciones. Y se ha requerido información al Ministerio de Agricultura y la Bolsa Mercantil de Colombia.
En ese sentido, el diario económico La República revela hoy que desde 2010 la SIC investiga a los molinos Roa y Florhuila, filiales de la misma matriz y que concentran una tercera parte del mercado de arroz blanco del país, por su influencia en la fijación de precios por parte de sus clientes o aliados comerciales. La decisión final sobre una sanción se daría en la última semana de marzo.
Frente a casos de cartelización probada o en investigación y un régimen limitado en multas, el superintendente Robledo radicará el próximo 16 de marzo un proyecto de ley para endurecer las sanciones a los infractores de la libre competencia.
“Esta norma nos permitirá elevar las sanciones por encima del monto nominativo de 65.000 millones de pesos, la máxima sanción actual, con porcentajes de las ventas o patrimonio para endurecer las penas”, explicó Robledo.
Por último, en su diálogo con este diario, invitó a que los habitantes de Santa Fe de Antioquia, Ciudad Bolívar, Andes, La Ceja, Itagüí, Sabaneta, Envigado y Marinilla aprovechen la gira de la oficina móvil de la SIC (ver fechas en el gráfico).
En el bus acondicionado se pueden tramitar quejas y demandas cuando se sientan violados los derechos como consumidores. Además, contará con funcionarios de las Superintendencias de Salud y de Servicios Públicos.
