Día a día se conocen más detalles de la base de datos de la firma de abogados Mossack Fonseca (MF), que ayudó a centenares de personas alrededor del mundo a, presuntamente, evadir responsabilidades fiscales por medio de empresas en Panamá. Entre los implicados están celebridades, políticos y empresarios.
La plataforma Connecta, que ha revelado los nombres y ha expuesto los casos, indica que hay más de 850 personas, entre políticos, servidores públicos y empresarios colombianos.
En la lista de personalidades colombianas está también el senador del Centro Democrático, Alfredo Ramos Maya, hijo de Luis Alfredo Ramos, ex gobernador de Antioquia e investigado por presuntos nexos con grupos paramilitares.
Según un cuestionario publicado por el propio Ramos en su página web, la empresa fue constituida el 27 de agosto de 2013 “antes de cualquier contacto personal con la vida pública”. Ramos sostiene que la empresa no está activa y tampoco tuvo ningún tipo de operación comercial “ni facturó centavo alguno. Incluso desde 2013, no ha pagado el registro mercantil en Panamá”.
Ramos Maya explicó que la empresa se constituyó para hacer inversiones en startups de Latinoamérica y que se hizo en Panamá porque “los demás potenciales socios no eran colombianos y sus patrimonios no estaban en dólares, por lo que constituir un vehículo en una economía dolarizada evita riesgos de devaluación”.
Ramos aseguró que como la empresa nunca tuvo operaciones ni se pagó el capital suscrito, no incluyó la información de la empresa en su declaración de renta y tampoco se declaró ante el Banco de la República porque “nunca se movieron recursos desde y hacia Colombia por parte de la sociedad y yo nunca pagué las acciones”.
El senador dijo además que en sus redes sociales están disponibles sus declaraciones de renta y dijo que seguirá apoyando proyectos de la lucha contra la corrupción y la ilegalidad.
Más empresarios en la lista
Otro de los señalados por estar involucrado dentro del escándalo es el empresario Alberto Ríos, que según Connecta, es dueño de las empresas de aseo Servigenerales y Aseo Capital. Asimismo es una persona cercana al vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras.
Cabe aclarar que la aparición dentro de los “Papeles de Panamá” no implica la realización de una actividad ilegal, pero la semilla de la duda está en demostrar si el dinero que reposa en las compañías creadas en ese país tiene origen lícito o no se declaren ante la Dian.
Además de Ríos, también aparece Carlos Gutiérrez Robayo, que habría creado 15 asociaciones Offshore en la firma MF en Panamá e Islas Vírgenes. El empresario, quien también es cercano a los hermanos Nule, según relata el informe de Connecta, tiene negocios en el país en el sector inmobiliario, constructor y minero.
Desde Guatemala, durante su visita diplomática, el presidente Juan Manuel Santos, indicó que el país hará una lucha frontal contra la evasión de impuestos y el lavado de activos, y afirmó que esta información fortalecerá ese impulso del Gobierno.
“La mayor parte de los documentos de Panama Papers son el reporte habitual de operaciones comerciales y en una parte de ellos no se detalla con claridad quiénes intervienen”, señala la investigación de Connecta.
Asimismo, se encuentran en las bases de Connecta los abogados Miguel Silva Pinzón, especialista en asesoría política y de comunicaciones y Roberto Hinestroza, quien fue viceministro de Justicia entre 1992 y 1994.
En 2014, Colombia quiso declarar a Panamá como paraíso fiscal, para que las personas que quisieran realizar transacciones en ese país pagaran impuestos por sus actividades. No obstante, el Gobierno no sostuvo su posición. Dos semanas bastaron para sacar a ese país de la lista negra fiscal. Sin embargo, desde la Dian se procura por tener información de los colombianos con cuentas y negocios en el vecino país.
Según datos de la Red de Justicia Tributaria, Colombia pierde hasta 6 mil millones de dólares cada año por evasión de impuestos.
