Entre enero y marzo de 2021, según el Dane, la tasa de informalidad en Colombia se ubicó en 49 % en el promedio de las 23 ciudades medidas e incrementó 1,5 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo de 2020. Este índice es equivalente a 5,3 millones de personas laborando por fuera de la formalidad.
Además, en este mismo reporte, la entidad de estadísticas reveló que las cotas más altas se registraron en Cúcuta (72,4 %), Sincelejo (67,1 %), Riohacha (67,1 %) y Santa Marta (66,3 %), mientras que las más bajas se evidenciaron en Manizales (40,4 %), Tunja (41,4 %), Medellín (41,9 %) y Bogotá (42,3 %).
En este mismo sentido, de acuerdo con las métricas oficiales, en las 13 principales ciudades del país y sus áreas metropolitanas, la informalidad fue mayor en las mujeres al ubicarse en 48,3 %, en el periodo de referencia. En contraste, para los hombres se fijó en 47,3 %.
Así mismo, el Dane dio a conocer que, en esta misma área geográfica, el 90,2 % de las personas ocupadas dijo estar afiliado a la seguridad social y el 57,2 % afirmó ser aportante del régimen contributivo a la salud, mientras que un 23,6 % de los adscritos hace parte del régimen subsidiado.
De otro lado, el 49,5 % de los ocupados en las 13 ciudades afirmó ser cotizante del sistema pensional.
Con este contexto en mente, cabe preguntarse si se vaticinaba este crecimiento de la informalidad y si debe corregirse en el corto plazo.
Era previsible
“Naturalmente, como ya se había estimado, buena parte de la recuperación del mercado laboral –tras el choque causado por la pandemia– ha estado por el lado de la informalidad”, expuso Luis Fernando Mejía, director del centro de pensamiento Fedesarrollo.
De acuerdo con el experto, este tipo de reacción es normal en épocas de recesión económica, teniendo en cuenta que es mucho más flexible ese universo, en consecuencia absorbe más rápido a quienes están buscando un empleo.
Desde su óptica, esta situación implica la necesidad de pensar en medidas que reincentiven el enganche de los trabajadores en el sector formal.
“En el corto plazo esto tiene que ver, por ejemplo, con la extensión durante el segundo semestre del año en el subsidio a la nómina (ver Paréntesis).
Creemos que esto puede ser muy importante para evitar que se siga destruyendo el empleo formal y puede ser muy útil dada la coyuntura que estamos viviendo”, subrayó el director.
Tal como lo corroboró Raúl Ávila, docente de economía de la Universidad Nacional, el crecimiento de la informalidad era algo que esperaban los analistas. Sin embargo, hizo notar como esa tasa ya se está acercando al 50 % en las 23 ciudades.
“En este momento se están viendo las injerencias de la covid-19 y uno se encuentra este impacto en ciudades grandes como Cúcuta y Santa Marta, pero es reflejo de los problemas vividos por los colombianos a la hora de buscar una plaza laboral, agudizados por el cierre de industrias y comercios debido a los confinamientos temporales en 2020”.
“Esta, lastimosamente, es una cifra complicada y muestra que el Gobierno debe pensar rápido en una reactivación de la formalización y generación de empleo, con enfoque en los jóvenes y en las mujeres que han sido los más afectados con el desempleo”, puntualizó el académico.
Podría ser más alta
Para Mauricio López, coordinador del grupo de Macroeconomía Aplicada de la Universidad de Antioquia, los empleos informales se vieron más impactados durante 2020 que los formales y en la actualidad son precisamente los que se están recuperando, aunque no al mismo ritmo en que se destruyeron.
A su modo de ver, ese rebote en la informalidad “no ha sido más contundente por efecto de la misma pandemia y hoy, aunque todavía no lo alcanza a reportar el Dane, también tiene un efecto el mismo Paro Nacional y la situación social que vive el país”.
Al ser preguntado por los impactos de la actual tasa de informalidad, el docente recordó que con un pico alto en este índice “ocurren dos cosas: primero, los aportes a la seguridad social se merman. Segundo –y lo más importante– los empleos informales básicamente generan salarios bajos y malas condiciones laborales”.
Esto implica, tal como lo añadió, que un trabajador no tiene cobertura en el presente ni en el futuro al no contar con los ahorros necesarios de cara a su retiro en la vejez.
“Esto conlleva a que posteriormente el Estado tenga que solventar ese gasto en personas ya adultas porque no fueron cubiertos mediante una pensión. Lo ideal sería que todos cotizáramos, con lo cual el Estado ahorraría recursos”.
Además, coincidió en que las políticas encaminadas a reducir la informalidad deben priorizar a las mujeres y emular las medidas aprobadas en el “plan de choque”, con el que se aprobará un subsidio del 25 % en el salario de los jóvenes, de manera que las compañías se animen a contratarlos.
Posibles estímulos
Paula Herrera, docente de economía de la Universidad Javeriana, defendió que, atendiendo a las recientes métricas, es importante “poner la lupa” más en el desempleo que en la informalidad para población femenina.
“La informalidad es una problemática que afecta tanto a hombres como a mujeres”, argumentó.
En este sentido, y pese a los desacuerdos existentes todavía, defendió que la reforma tributaria de 2012 tuvo efectividad en la reducción de la informalidad.
Varios sectores aseguran que la contratación formal no tiene más dinámica debido al costo del salario mínimo, “pero no es tanto el salario mínimo sino los costos asociados a la nómina. Es decir, que a un empleador le cueste un empleado casi 1,5 veces el salario mínimo”, apuntó.
Coinciden los empresarios
Desde hace varios años, el empresariado ha pedido una reforma orientada a la flexibilización contractual, aduciendo los altos costos parafiscales y los trámites exigidos para este proceso.
Durante el más reciente congreso de la Andi, en agosto pasado, Alberto Echavarría, vicepresidente jurídico de la agremiación había abogado por reglamentar una contratación por horas, a lo que Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo, contestó que estaría dentro de las discusiones en la llamada misión del empleo.
Esto, en palabras de Guillermo Sinisterra, docente de economía, requiere una regulación puntual para evitar “abusos laborales” y sostuvo que podría funcionar mejor una reforma con salarios diferenciales por cada región, tomando como base el poder adquisitivo de cada departamento, ya divulgado por el Dane cuando diferenció el costo de vida en cada ente territorial del país.
49 %
es la tasa de informalidad registrada entre enero y marzo de 2021 en Colombia.
