viernes
7 y 9
7 y 9
En medio de la visita al país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (Ocde), se conoció otro informe sobre el sector de las telecomunicaciones, los avances y retos que tiene el país para generar un segmento más competitivo frente a las economías de la región, pero también ante los 36 miembros de ese club.
Precios competitivos y ampliar la cobertura para que más colombianos tengan acceso a internet de alta velocidad, tanto fijo como móvil, es importante. Además de que la subasta, que en principio sería el próximo 12 de diciembre, se haga sin contratiempos.
El estudio Digitalizando a Colombia, que publicó ayer ese organismo, dice que si bien entre “2012 y 2018, el índice de crecimiento del número de subscriptores a banda ancha fija y móvil en Colombia, de 9,4 % y 24,9 % respectivamente, se situó entre los más altos de la Ocde”, durante el último mes del año pasado los datos de clientes a esos mismo servicios no fueron los mejores, pues por cada 100 habitantes, fue de 13,4 y 52,1, respectivamente: de los más bajos de esa organización, según la investigación.
De ahí el pedido para que a cierre de año sí se haga la subasta de 700 megahercios (MHz), 1.900 MHz y 2.500 MHz, que según el Gobierno, aumentaría la cobertura de internet de alta velocidad para llegar al 70 % de la población a 2021. José Ángel Gurría, secretario general de la Ocde, dijo que “ aquellas compañías que no tienen acceso a espectro de baja frecuencia tendrán la oportunidad de obtenerlo. Además, la subasta podrá contribuir a extender la cobertura necesaria en Colombia”.
Sin embargo, el plan ya ha sido criticado de parte de operadores como Tigo, Telefónica y Avantel, y todavía no se sabe con exactitud cuáles serán las empresas que se presentarán a la puja. Entre las justificaciones, vale la pena recordar, aparece la de fijar más exigencias para el operador más grande en Colombia: Claro.
Sobre los datos y recomendaciones hechas por la Ocde, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Sylvia Constaín, puntualizó que “desde principios de la década de 2000, Colombia ha estado creciendo rápidamente y convergiendo hacia unos niveles de vida más elevados, con tasas de crecimiento que se sitúan entre las más altas de la región de América Latina y el Caribe”.
El país, hasta el momento, parece cumplir las tareas que le impone la entidad. Esto porque “en un año del Gobierno del presidente Iván Duque, hemos implementado el 83 % de las recomendaciones legales y el 67 % de las de política pública que la Ocde dio en 2014”, dijo Constaín.
Uno de los pendientes, señala el organismo, es el de brindar más opciones de servicio para los clientes. Es decir, la entrada de más agentes que muevan la competencia será vital, pues se demandan precios más bajos (ver Paréntesis).
Al mismo tiempo que recuerda que sólo hay un operador (Claro), que tiene el 54 % del mercado para líneas de datos prepagados. Situación que puede desincentivar a los demás operadores y restarle competencia al sector.
“Un paquete de internet de alto consumo fijo en Colombia cuesta 2,5 veces lo que se paga en promedio en los demás países. Esto limita los niveles de conectividad de los colombianos”, señaló Gurría.
Ramón Javier Mesa, profesor de economía en la Universidad de Antioquia, explica que en la medida en que sigan llegando más opciones de servicio para el mercado nacional, los más beneficiados serán los consumidores.
Y en la búsqueda por hacerle más fáciles las cosas a los colombianos, tendrá que ser una prioridad la iniciativa de que el costo de los equipos se reduzca y así la nueva tecnología sea más accesible para los ciudadanos.
“El Gobierno también debería revisar las tasas de importación declaradas a los aparatos de teléfono y reducir la carga fiscal que soportan los operadores de telecomunicaciones”, recalca el documento.
Por eso es importante que, según la Ocde, la nueva comisión de regulación que llegará tras la aprobación y sanción presidencial de la Ley TIC, cuente con la autonomía necesaria para recomendar y ejecutar cambios estructurales que beneficien al negocio y garantice más cobertura.
“Deberían adoptarse medidas para preservar la independencia del nuevo regulador convergente —que ahora supervisa los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión— evitando toda presión indebida del Gobierno, garantizando la autonomía financiera del regulador”, concluye la Ocde .