Este martes las comisiones conjuntas de Cámara y Senado iniciarán la discusión de la reforma tributaria, pero con un ambiente político desfavorable entre los partidos, la iniciativa del Gobierno podría fracasar, lo que obligaría al Ejecutivo a encontrar otras salidas que le permitan financiar los programas sociales y disminuir la desigualdad, que en palabras del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, es lo que busca este proyecto.
“Las medidas que hemos propuesto implican la capacidad de financiar los programas sociales que han sido exitosos y han llegado a muchos hogares, más el componente tributario que debe tener el ajuste fiscal, sin esa combinación de dos elementos o sacrificamos los programas sociales o nos metemos en un problema fiscal de mediano plazo que hace mucho no sucede en el país”, defiende el ministro.
El alto funcionario explica los efectos distributivos de la reforma, y menciona que la desigualdad, medida como la inequidad en la distribución del ingreso en el país, es muy alta, por lo que la reforma lograría que el índice de Gini se reduzca en tres puntos.
En el caso de la pobreza, el ministro menciona que la reforma también tendría un efecto positivo, pues con ella se lograría reducir seis puntos en el caso de la pobreza extrema y de cuatro puntos la pobreza.
Así que, de acuerdo con Carrasquilla, si la reforma no pasa en el Congreso estos dos factores se verán seriamente afectados, asunto que no conviene, mucho menos en una época de crisis global. Es sencillo: el Gobierno necesita 26,1 billones de pesos adicionales para no pasar afugias.
De hecho, las calificadoras de riesgo han visto con buenos ojos la normativa, y han manifestado estar atentas a cómo se da el trámite de la misma para modificar o mantener las calificaciones de inversión del país.
“Si el ruido político nos llevara a la irresponsabilidad de no elevar la tributación en ese 1,5 % del PIB, Colombia enfrentará una peligrosa dinámica en su deuda pública, acercándose a 70 % del PIB, donde los intereses comprometen rubros cruciales del presupuesto”, opina Sergio Clavijo, exdirector de Anif.
Los caminos en el Congreso
Así que los congresistas están ante tres posibilidades: la primera, que parece la más lejana, sería aprobar el articulado del Gobierno, sacrificando el potencial electoral, ya que esta reforma toca los bolsillos de casi todos los ciudadanos; la segunda opción es hundirla, como parecen querer casi todos los parlamentarios, especialmente los del sector alternativo; y la tercera posibilidad es aprobar el articulado con modificaciones, a lo que le apuntan varios partidos.
La segunda opción es casi impensable. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, afirma que “si la reforma se cae definitivamente el país, sin lugar a dudas, perdería su grado de inversión. Si no se hace un esfuerzo por aumentar los ingresos tendría un impacto en el mayor costo de endeudamiento, lo que redunda en un mayor costo de endeudamiento para todos los hogares, salidas de capital, aumentos en el precio del dólar y contracciones económicas”.
Entendiendo la premura de garantizar nuevos recursos, las bancadas y los gremios han hecho propuestas para cubrir cerca de 12 billones de pesos, como la del Centro Democrático que plantea algunas soluciones para garantizar los subsidios entregados por la pandemia sin afectar a los más pobres.
Y en ese mismo sentido se pronunció la Andi, con una contrarreforma que garantizaría un recaudo adicional de 12,4 billones de pesos, en la que plantea suspender el descuento del ICA , aplazar la reducción al impuesto de renta y un tributo al patrimonio.
“Hemos propuesto que los empresarios hagamos un esfuerzo especial, solidario con Colombia, para que la población se vea lo menos afectada posible, y que la reforma tenga un tamaño de $12 o $15 billones, no más de eso”, dijo el presidente del gremio, Bruce Mac Master. Pero sigue estando muy lejos de la pretensión del Ejecutivo.
“Aunque no son los $26 billones que quiere el Gobierno, unos 10 o 12 billones resultarían suficientes, seguramente no resuelven todo el problema y el país tendría que generar otra reforma en dos años, pero es 1 % del PIB, lo que podría tranquilizar esas incertidumbres”, dice Mejía.
Aunque una propuesta alternativa es la que promueve Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana, quien considera que el país no está en la encrucijada sobre el texto o parte del texto de la reforma tributaria, y que es posible llegar al mismo nivel de ingresos sin cambiar el IVA o poner a más colombianos a pagar renta: “Puede hacerse con un impuesto progresivo a las personas naturales enfocado a las fuentes de ingreso que tienen el 0,1 % que son los más ricos, quienes viven de la renta de capital y que actualmente contribuyen como personas naturales relativamente poco, en comparación con otros países”.
El balón está en la cancha del legislativo y allí se juega el futuro fiscal de Colombia.
