La iniciativa de pago a plazos justos o Ley 181 promovida por las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) fue acogida por los transportadores de carga por carretera del país agremiados a Colfecar, que ayer clausuraron su congreso anual en Cartagena.
La inquietud fue planteada por Nidia Hernández, vicepresidente de Aldía Logística, quien precisó que mientras el transportador marítimo tiene el flete pago antes de cargar el contenedor, el empresario del transporte terrestre debe financiar ese costo entre 30 y 90 días.
En ese contexto, Juan Miguel Durán, presidente de Colfecar, abogó que las mismas condiciones justas las requieren los diferentes actores de la cadena logística.
“Las empresas de transporte han terminado convirtiéndose en entidades financieras, soportando una posición dominante condicionada a la aceptación de pagos en tiempos que pueden superar los 90 días, cuando su propia operación exige que estas desembolsen anticipos por el 60 % o 70 %, y el pago final se realice en máximo cinco días después de haberse entregado la mercancía”, precisó el dirigente gremial.
Hernández y Durán coincidieron en respaldar los pagos justos con lo cual, según manifestaron, existirá la esperanza de que el transportador vuelva a dedicarse realmente a su actividad.
“Lo que sucede es tan delicado que entre 2017 y 2018 unas 300 transportadoras de carga se sometieron a la Ley 1116 (o de insolvencia), debido, en gran medida, a la difícil situación de sus finanzas como consecuencia de las demoras en los pagos”, agregó Durán (ver ¿Qué sigue?).
