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A formalizar viviendas de interés social sin licencia
No solo aplica a unidades habitacionales, sino edificaciones en esta condición, siempre y cuando se encuentren en asentamientos legales.
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Nuevo paso para formalización de predios en el país. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Si usted tiene una vivienda catalogada como de interés social (VIS), que según el decreto 1467 de 2019 es aquella con un valor máximo de hasta 135 salarios mínimos, o que no sobrepasen los 150 para el caso de Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena, Bucaramanga y Barranquilla, y esta no tiene licencia pero se encuentre en un asentamiento legal (reconocido por las autoridades), podría acceder a que esta construcción se formalice siempre y cuando cumpla con algunos requisitos.
De acuerdo con lo que contempla el Decreto 1333 de 2020, presentado esta semana por el Ministerio de Vivienda, que modificó el Decreto 1077 de 2015, estos incluyen el uso previsto por las normas urbanísticas vigentes como los planes de ordenamiento, y que la edificación se haya concluido, como mínimo, cinco años antes de la entrada en vigencia de la Ley 1848 de julio de 2017 (ver Paréntesis).
El alivio, se explica en el texto, podrá pedir ante alcaldías municipales o distritales quienes tramitarán la petición garantizando que el procedimiento se adelante “sin costo” para el solicitante.
Eduardo Loaiza, gerente de Camacol Antioquia, detalla que la norma corresponde a las zonas que están en los planes de ordenamiento territorial con vías y servicios públicos, por ejemplo, y al legalizarlas quedarán incorporadas al catastro y deberán empezar a pagar impuestos a partir del año siguiente.
“En el Valle de Aburrá, cerca de la mitad de las viviendas construidas o desarrolladas se han hecho informalmente o sin el cumplimiento de los requisitos de ley. Es un problema también generalizado en los municipios de Antioquia”, agrega Loaiza.
En Colombia, cabe destacar, los números del Dane dicen que en el segundo trimestre del año se reportaron 537.598 unidades de este tipo: 402.640 que corresponden a apartamentos, y 134.958 que son casas.
Lupa a la medida
El abogado experto en derecho comercial, Mauricio Gómez Franco, anota que este documento también acoge a las edificaciones para “garantizar que se conviertan en unidades reconocidas como obras legalmente realizadas aún cuando fueron adelantadas sin licencia”.
“Cuando las edificaciones se hacen sin la respectiva licencia el Estado puede, eventualmente, ordenar la demolición parcial o total de estas”, destaca el experto, y recuerda que la norma solo tendrá en cuenta construcciones previas a julio de 2012.
Y es que según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) del total de hogares que existen en el país, el 2,2 % responde a posesiones sin título.
Con este contexto y el citado decreto 1333 de por medio, Juan Álvarez Cruz, abogado especialista en Derecho Urbano y Ordenamiento Territorial, dice que este tipo de medidas preocupan porque son “aisladas y sobre asentamientos humanos”, pero no tienen en cuenta una solución integral.
Agrega que el decreto “reglamenta la curaduría cero” y que hay que conocer problemas estructurales como los reforzamientos necesarios en la infraestructura de estos sitios. “El Ministerio le está apuntando a titular casas pero está dejando de lado lo que requiere un mejoramiento integral de barrios”, adhiere.
Los antecedentes
En este sentido hay que decir que la cartera de vivienda en un estudio conjunto con el Instituto de Estudios Urbanos (IEU) de la Universidad Nacional en 2018, halló que del 2000 al 2017 “más del 50 % del crecimiento de las ciudades y municipios del país” fue de origen informal.
Dijo la entidad en el mismo documento que Medellín, Cali y Bogotá hacen parte del grupo con la mayor expansión de este tipo de construcciones, y que los “barrios piratas” y asentamientos informales se traducen en “aumento de la inseguridad, precariedad de servicios públicos y evasión fiscal”, entre otros problemas, pero obedecen a la migración obligada por el conflicto armado o la falta de capacidad de las autoridades para ofrecer vida digna.
Aprovechando la coyuntura que da el decreto, Alfonso Álvarez, director de Asurbe, anota que en el Aburrá hay, incluso, edificios que después de más de cinco años no han podido formalizarse y personas que adquieren copropiedades en este tipo de sitios sin verificar que cumplan con las licencias, por lo que recomienda estudiar toda la documentación antes de adquirir una vivienda.
En mis bolsillos hay una grabadora y unos audífonos; en mi mente, amor por el periodismo.
