Ante la polémica que han causado las recientes declaraciones de Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, aseguró que “el Gobierno se ha comprometido a respetar la regla fiscal, así lo ha hecho y los seguirá haciendo”. De esa manera trató de disipar las dudas en torno a la disciplina con el gasto.
El pronunciamiento tiene lugar un día después de que el director del DNP hablara de “flexibilizar” la regla fiscal con miras a financiar la transición energética en el país, dado que, desde su óptica, esta ley es rígida y dificultaría las inversiones necesarias en temas que atañen al cuidado del medio ambiente.
Sin embargo, los expertos en economía y finanzas públicas coincidieron en que esa no es una buena idea, principalmente, porque envía un mensaje inconveniente a los inversores sobre el control de los ingresos y gastos.
Hay que mencionar que los gobiernos, igual que un jefe de hogar, tienen ingresos y necesidades de gasto que casi siempre exceden el recurso disponible. Por ello necesitan una buena calificación crediticia, para que el cobro de intereses sea más bajo al ser un deudor poco riesgoso.
Precisamente, mencionar el hecho de relajar la regla fiscal indicaría un mayor gasto y generaría desconfianza entre los prestamistas.
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, afirmó que “relajar la regla fiscal, aún con el loable color verde y sostenible, exacerba riesgos de aumento de costos de financiamiento (implica más cobro de impuestos en el futuro para honrar la deuda), de tasa de cambio (aumento del dólar) y representa un muy mal mensaje a inversionistas y calificadoras de riesgo, con otros riesgos derivados de esto”.
En ese escenario, el ministro de Hacienda apuntó que “cualquier modificación a la Regal Fiscal es un proyecto de ley que tiene que discutir y aprobar el Congreso de la República. Por lo tanto, no hemos ni pensado ni construido ni diseñado un proyecto de ley para presentar en el Congreso”.
“Lo que hay es una discusión filosófica de, si los contenidos actuales de la regla fiscal, son o no son (pertinentes) y cuáles son las expectativas a largo plazo de qué es lo que hay que hacer allí, pero no hay ningún proyecto en curso”, añadió.
Vale aclarar que la regla fiscal está sustentada en la Ley 1473 de 2011 y le pone un techo al gasto del gobierno, un tope que se debe cumplir para no poner en riesgo la salud de las finanzas públicas.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) existe para hacerle seguimiento a la disciplina de los gobiernos con la caja de la Nación y supervisa el cumplimiento del déficit fiscal (desbalance entre ingresos y gastos) para que no rebase el umbral estipulado.
Para cumplir con esta meta de déficit fiscal, se calcula un tope de gasto público, teniendo en cuenta los ingresos, las obligaciones y un margen de maniobra para situaciones extraordinarias. Si durante el año fiscal se anticipa que el gasto proyectado superará la meta de déficit, el gobierno debe implementar mecanismos de ajuste, como recortes de gasto o aumento de los ingresos, para cumplir la regla fiscal.
Los expertos coinciden en que después del alto costo que tuvo atender la pandemia, Colombia debe continuar con el ajuste de la deuda pública, que actualmente ronda el 56,1% en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), lo que se traduce en unos $821 billones. De lo contrario, será más complejo recuperar la buena nota crediticia que le quitaron las calificadoras de riesgo.