Los apoderados del llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y de Jaime Gilinski sostuvieron el pasado miércoles su propio mano a mano, en la octava asamblea extraordinaria de accionistas que realizó Sura, en el contexto de las ofertas públicas de adquisición (OPA) que el banquero lanzó desde noviembre del año pasado por las holdings Nutresa, Sura y Argos.
El objetivo de Gilinski, dueño del 38% de las acciones de Sura, era que los accionistas aprobaran la contratación de una auditoría externa, para revisar una serie de contratos de compra-venta suscritos por la compañía paisa desde 2001, cuya eventual liquidación acarrearía compromisos económicos, según él, de unos 800 millones de dólares, es decir, entre tres y cuatro billones de pesos.
Desde la óptica de la administración de Sura, los acuerdos de accionistas firmados con Múnich RE, que posee el 18,87 % de Suramericana; Grupo Bolívar, que tiene el 9,74% de Sura Asset Management; y Caisse De Dépôt Et Placement Du Québec (CDPQ), que ostenta el 6,68% de Sura AM, fueron reportados oportunamente al mercado y al ente regulador (Superfinanciera).
Igualmente, se explicó que las operaciones con esos socios estratégicos han estado reflejadas en los estados financieros de la compañía como participaciones minoritarias, y a partir de la entrada en vigor de las Normas Internacionales de Información Financiera (Niif), en 2014, la sociedad ha sido consistente con esas políticas contables, reflejando las participaciones no controladoras de forma separada dentro del patrimonio del Grupo Sura.
Desde mayo y a solicitud de los representantes de Gilinski en la junta de Sura, su hijo Gabriel, Ángela María Tafur y José Luis Suárez, se han entregado explicaciones sobre los impactos contables de estas negociaciones; en particular, las que se tienen con Grupo Bolívar y CDPQ.
Pero una anotación o salvedad de la revisoría fiscal, a cargo de EY, en el reporte de resultados de Sura a junio de este año, desató una oleada de cuestionamientos de Gilinski a estos acuerdos, por lo que solicitó la celebración de la asamblea con el objetivo de tener un auditor externo que analizara el alcance de estas movidas y buscara otros contratos similares que, posiblemente, no hayan sido dados a conocer (ver Para saber más).
Abogados al ruedo
La sesión del miércoles, en el hotel Marriott de Medellín, se prolongó por casi tres horas, en las que los apoderados de ambas partes se trenzaron en extensas discusiones que, según algunos asistentes de la reunión, solo sirvieron para “mostrarse los colmillos”, de cara a futuras discusiones y debates que posiblemente lleguen a instancias legales.
Fue así como Néstor Camilo Martínez, del séquito jurídico de Gilinski, se encargó de iniciar el pulso al pedir explicaciones sobre las obligaciones de Sura en los tres contratos, porque estas no aparecen en ninguno de los reportes entregados al mercado.
Daniel Posse, en representación de Nutresa, y Jaime Moya, a nombre de Cementos Argos, ripostaron señalando que la asamblea no era el espacio para que los accionistas, en este caso los Gilinski y sus representantes, ejercieran el derecho de inspección, que se puede realizar en días previos a la reunión.
Otro abogado de la casa Gilinski, José Miguel Mendoza, consideró que el máximo órgano social de una compañía es la asamblea de accionistas, por lo que tiene facultad de vigilar a los administradores, pedirles cuentas y exigirles respetuosamente que respondan las preguntas de los accionistas.
“Entiendo la sorpresa de muchos participantes en esta reunión, porque nunca había ocurrido en una asamblea de Sura que los accionistas hicieran preguntas, ni que el revisor citara a reuniones extraordinarias”, expresó el letrado.
Adicionalmente, sugirió que la estructura que se ha diseñado en el GEA hace imposible que los accionistas fiscalicen de manera adecuada la administración de las compañías que lo conforman, porque, según dijo, esa estructura “desafía las leyes de la naturaleza, y deja sin derechos a los accionistas”.
Frente a estas manifestaciones fue Gonzalo Pérez, presidente de Sura, quien asumió la defensa: “Hay juicios de valor que no le acepto. Por ejemplo, que la administración no está acostumbrada a que se le cuestione. Esta compañía tiene 77 años, y ha tenido no solo un accionista ni dos, sino más de 14.500, y estas administraciones hacen asambleas públicas año tras año, en las que los accionistas se manifiestan libremente”. El aplauso estalló y se prolongó por casi medio minuto.
Más pulsos
En otra de sus intervenciones, Martínez indagó por qué los accionistas de Sura, en particular Nutresa y Argos, “no quieren conocer las potenciales obligaciones de la compañía” frente a los contratos del pasado, señalando que “existe ánimo personal y un vínculo muy grande que les impide ver con objetividad lo que nosotros trajimos a la asamblea. No hacemos ningún tipo de acusaciones, solo queremos averiguar por qué esas obligaciones, de cientos de miles de millones de pesos, no se revelaron en los estados financieros”.
Aunque al término de la reunión este diario abordó a Martínez para precisar si el monto de esas obligaciones es de 800 millones de dólares, como afirmó Gilinski ante el auditorio, el abogado admitió en que aún no es posible saber cuál es la cifra exacta.
A su turno, Guillermo Villegas, quien habló en representación de un grupo de accionistas minoritarios, cuestionó si la administración de Sura está teniendo tiempo para atender adecuadamente los diferentes negocios.
Al criticar la serie de reuniones extraordinarias convocadas en el desarrollo de las OPA, y otras a instancias de la familia Gilinski, Villegas sostuvo que “hoy en día el tiempo en Medellín no se cuenta en meses o en semanas, sino en asambleas de Sura”.
En ese contexto, vale anotar que de diciembre de 2021 a agosto de 2022 la holding financiera ha realizado ocho asambleas extraordinarias, además de la ordinaria de marzo.
Y sobre la salvedad hecha por la revisoría fiscal en el más reciente informe financiero de Sura, Villegas acotó que la nota no hizo una salvedad para todos los estados financieros de Sura.
“La salvedad lo que dice es que hasta tanto la administración de Sura no finalice los análisis [frente a los contratos que critica Gilinski], no puede emitir una conclusión. Esperemos que EY ejerza sus funciones y fije una posición”, expresó Villegas.
De nuevo los alfiles de Gilinski saltaron e hicieron notar que los resultados financieros consolidados de Grupo Sura al segundo trimestre de este año fueron calificados como históricos, acumulando una utilidad neta de un billón de pesos, lo que al decir de ellos demuestra que la administración sí está llevando bien los negocios.
Adicionalmente, hicieron hincapié en las valorizaciones que en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) observan las acciones de los grupos Nutresa y Sura, en los que Gilinski tiene participaciones relevantes, toda vez que esas especies acumulan variaciones mayores al 30% en su precio, en lo corrido de este año.
La lección
Luego de conocer la posición de los apoderados de los grupos Argos y Nutresa, de no apoyar la contratación de una auditoría externa, el mismo Gilinski de manera serena pidió retirar esa proposición, y confió en lo que finalmente indique la revisoría de EY.
Eso sí, el banquero enfatizó en que esos contratos de compraventa o put van a tener un impacto para todos los accionistas de Sura cuando sean liquidados. Advirtió: “Nadie ejerce los put en los momentos buenos, eso ocurre en las épocas malas”.
Y remató con este mensaje para la administración: “Como accionista mayoritario de Sura confío en ustedes, en la empresa, y en que de aquí en adelante se informe al mercado y a mí de cualquier tema que consideren material”.
A la salida del auditorio, para muchos de los participantes la sensación era confusa, pues, pese al tono calmado de Gilinski en sus declaraciones, con la actuación de sus apoderados el mensaje que quedó fue el de: “Ahí les traje los rottweiler, esos muerden, pero yo no” (ver ¿Qué sigue?).
