Reglamentar las plataformas digitales de transporte es fundamental para Colombia. Problemas de movilidad, cifras de desempleo que no mejoran y oportunidades de inversión extranjera son algunas de las razones para empezar a implementar cambios estructurales.
La semana que acaba de terminar dejó varios hechos en esa búsqueda luego de que Uber anunciara su salida del mercado colombiano por una prohibición de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahora son más las voces que llaman a buscar salidas de regulación.
Edwin Ballesteros, representante a la Cámara por el Centro Democrático, y Mauricio Toro, representante por el Partido Verde, han empezado a liderar una hoja de ruta para que tanto taxis tradicionales, como nuevas empresas (caso Uber, Cabify, InDriver, Didi y Picap) puedan funcionar en igualdad de condiciones.
Tomar la decisión es apremiante por varias razones: confirmar que en Colombia no se ha puesto en entredicho la neutralidad de la red –que según el Ministerio de Transporte está garantizada por la Ley 1450 de 2011–, también se necesita un concepto porque está en juego la estabilidad jurídica del país, que se traduce en posibles faltas al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
“Estabilidad jurídica que flaquea y le pone más palos en la rueda al funcionamiento que se pueda dar para el resto de plataformas en Colombia”, explicó Daniel Medina, exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
El debate, si bien viene dándose desde hace seis años, parece estar llegando a su punto más alto. El porqué: un desempleo que no descansa, y buscar soluciones de movilidad son las prioridades.
“No cabe duda de que está ayudando de alguna manera a darle un respiro a quienes buscan una nueva opción de transporte. Pero también está teniendo un efecto negativo: la circulación de esos carros particulares durante todo el día, ya sea por los viajes que hacen o por la espera de captar un servicio, aumentan la cantidad de carros en circulación que dan otro golpe al medioambiente”, explicó Gustavo Cabrera, experto en movilidad y profesor de Salud Pública en Eafit.
De acuerdo con Cabrera, la parte positiva del cambio también se está dando en la medida en que estas aplicaciones dan la posibilidad a que los usuarios hagan viajes compartidos, fenómeno que le da un respiro a los servicios de transporte público que están colapsados.
La propuesta
El proyecto de Ley que se empezará a tramitar en el Congreso de la República busca responder a cómo limar asperezas y acomodar los cambios a las nuevas tecnologías.
La idea es igualar la carga en impuestos que tienen los taxis con la de este tipo de aplicaciones. Mauricio Toro, representante a la Cámara por el Partido Verde, es uno de los líderes de la iniciativa, que se radicó en noviembre del año pasado.
Entre los pilares se encuentra exigir el seguro de daños a terceros a quienes manejan en el transporte privado en plataformas, además de la renovación del pase cada tres años (como se pide a los conductores de transporte público), el pago de impuestos de renta por crearse como empresas con domicilio en el país, junto a la obligación de entregarle al Estado el 1 % de sus ventas para compensar el pago de los cupos que existen, cosa tal que se pueda desmontar esa costumbre mercantil.
Sin embargo, Fabián Quintero, presidente de Tax Individual, cree que la regulación debe ir por otro lado, y pensarse como un cambio estructural. “Son varias las discusiones de fondo, no sólo pasa por el tema del cupo, que es una herramienta para tener un control sobre la cantidad de vehículos que según los planes de ordenamiento territorial deberían prestar el servicio. Esta no es una discusión tecnológica, hay que velar por estructuras empresariales que respondan por las necesidades tanto de usuarios como de trabajadores”, dijo Quintero.
A pesar de esto, Toro cree que la oportunidad del cambio está en que sea el mercado el que regule cuántos carros se necesitan en circulación y que se acabe con el pago de cupos que en ciudades como Bogotá han llegado a costar hasta 120 millones de pesos.
“Las plataformas se están dando cuenta de que operar bajo marcos que no están claros termina siendo mal negocio; cada vez que hubo una sanción esa empresas perdieron valor en los mercados en los que cotizan”, afirmó Toro (ver Paréntesis).
Queda pendiente lo que vaya a pasar con la vinculación laboral de los trabajadores de estas plataformas. Garantizar el pago de obligaciones como los aportes a salud, riegos profesionales y pensión es vital.
Toro le dijo a EL COLOMBIANO que ese apartado se trata en otro proyecto de Ley, pero ante el interés de algunos miembros del Centro Democrático, se estudiará la posibilidad de que las dos propuestas se trabajen, discutan y aprueben de manera simultánea.
Aquí, el panorama de otras cinco aplicaciones que quieren hacerse camino en el mercado de la movilidad en el país.
$120
millones ha sido el precio máximo de un cupo de taxi en ciudades como Bogotá.
88.000
socios conductores tiene Uber en su operación en Colombia.
