Hoy se reunirá el tribunal de arbitramento para decidir sobre las precisiones solicitadas por Claro y Movistar ante la decisión de que deben pagar entre ambas unos 4,7 billones de pesos a la Nación, en un litigio sobre los activos de telecomunicaciones que debían devolver en función de contratos de concesión prorrogados.
El litigio entre ambos operadores y la Nación se dio a raíz de un fallo de la Corte Constitucional. En febrero de 2014 ratificó que debían devolver espectro e infraestructura desplegada entre 1994 y 1998.
Esto fue previo a las leyes 422 de 1998 y Ley 1341 de 2009, que plantean la reversión solo en el espectro. Pero la Corte dijo que no se aplicaban para los contratos previos.
Incluso trascendió que los peritos del tribunal de arbitramento tasaron la devolución en cerca de 12 billones de pesos, pero decidieron que Claro (América Móvil) debe pagar 3,1 billones de pesos y Telefónica Colombia (Movistar) otros 1,6 billones.
“Hay un respeto por los fallos de la justicia y todo el interés y apertura del Gobierno para que haya facilidades y alternativas en materia del acatamiento de ese fallo, puede ser en tiempo, en plazos, de acuerdo con lo que la ley señala”, dijo ayer a EL COLOMBIANO el ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), David Luna.
El funcionario agregó que no entrará en controversias con los operadores y gremios que han salido a cuestionar el laudo arbitral (ver Cara a Cara).
De hecho, en los últimos dos días hubo una cascada de cuestionamientos, en la antesala a la última decisión del tribunal de arbitramento, convocado a instancias de la Cámara de Comercio de Bogotá.
“Con este fallo es como que el Gobierno se estuviera disparando en un pie. Es un mensaje muy negativo frente a la atracción de inversión a un país que está rezagado en asignación de más espectro y esto frenaría el apetito en una próxima subasta”, comentó a este diario Samuel Yohai, presidente la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT).
Por su parte, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) indicó en un comunicado que los montos de los fallos impactan los planes de expansión de los dos operadores y “pueden generar situaciones complejas para garantizarla continuidad y calidad en la prestación de los servicios”.
Previamente, la presidenta de la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil), Nancy Patricia Gutiérrez, afirmó que “el sector requiere estabilidad jurídica, reglas de juego claras y una regulación acorde con las necesidades de la economía digital” y que el país pueda incorporar nuevas herramientas que requieren mayor velocidad, calidad y cobertura.
En ese contexto, hoy el tribunal de arbitramento dará su última palabra sobre un fallo que solo dio dos semanas para pagar los 4,7 billones de pesos. Pero Movistar y Claro evalúan acciones en tribunales nacionales e internacionales.
