Imagine que compra una casa sobre planos. La ubicación es inmejorable y la valorización proyectada es más que atractiva. Imagine que ya pagó la cuota inicial y se comprometió con su banco a pagar el saldo de la vivienda, que aún no existe.
Ahora, imagine que, de repente, esa inversión podría desaparecer. ¿Motivos?, muchos. Por ejemplo, una comunidad se asienta en ese lugar y exige que se le debe indemnizar por salir de allí. ¿Y qué pasa con su dinero?, está atrapado: se apodera de usted la incertidumbre.
Justamente eso les sucede a algunas empresas en el país que, por fallos judiciales de distinta instancia, licencias ambientales, protestas sociales y consultas previas con comunidades, han visto obstaculizadas sus millonarias inversiones.
Así como un comprador de vivienda espera que un constructor cumpla con su promesa, un empresario lo hace con el Gobierno y aguarda a que se cumpla el “contrato”, que en este caso son reglas claras ambientales, tributarias y jurídicas.
El país ocupa el penoso puesto 180 entre 189 naciones en el escalafón de cumplimiento de contratos del Doing Business del Banco Mundial para 2016, dato que atiza el debate sobre la certidumbre jurídica. EL COLOMBIANO, recopiló casos y propuestas que, desde empresas y gremios del país plantean salidas a estos conflictos.
Baja la Energía para mayores inversiones
El 30 de junio de este año, Celsia desistió de hacer la segunda línea de transmisión de energía a Buenaventura. La empresa dijo que los costos de realizar el proyecto aumentaron 83 % y se hizo inviable.
¿Por qué?, desde 2012 la compañía, filial de Grupo Argos, trazó el recorrido por donde pasaría la línea de transmisión. Sin embargo, justamente en la misma ruta, y en mitad de la selva, se ubicaron 1.000 viviendas que exigen se les reconozcan derechos sobre la tierra. La inversión pasó de calcularse en 2010 en 37 mil millones de pesos para ascender a los 69.537 millones.
Mientras tanto, a Empresas Públicas de Medellín (EPM), la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) le frenó en febrero la construcción de la vía entre su la central Hidroituango y el casco urbano de Puerto Valdivia, porque en una revisión encontró riesgos topográficos, luego de sortear el trámite para obtener dicho permiso en 2010.
Por lo pronto, en la vía no se mueve una piedra desde hace seis meses. Y con este retraso se pone en juego el cumplimiento de generación el primero de diciembre de 2018, detalló esta semana en la Asamblea Departamental el gerente de Hidroituango, Jorge Gustavo Jiménez Arango.
Dos causas distintas, con una misma consecuencia. Ante esto, la presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgén), Ángela Montoya Holguín, aseguró el jueves a EL COLOMBIANO que estas situaciones son preocupantes. Para ella es necesario que el Gobierno reglamente la consulta previa a comunidades, se hagan censos para determinar qué población hay antes de iniciar los proyectos y, sobre todo, seguridad y celeridad en licencias ambientales.
“Estas obras son a largo plazo, en construcción y en operación. Lo principal son las reglas claras. Es triste que un proyecto se demore años mientras sortea un trámite”, lamentó.
El viacrucis de crear mejor infraestructura
Pero los proyectos energéticos no son los únicos con esas trabas, la infraestructura vial y logística ha tenido que capotear escollos en los últimos años.
El más reciente, en que intervienen comunidades, sucedió en el corredor Córdoba-Sucre, en el tramo entre Sincelejo y Tolú. La vía lleva cinco años de construcción y, de la nada, aparecieron seis casas que no permiten realizar trabajos en 200 metros, de los 18 kilómetros del tramo.
Pero hay más. A las obras del puerto de Aguadulce, en Buenaventura las detuvo la decisión de un alcalde (ver nota anexa). Y en La Ruta del Sol, uno de los proyectos viales más importantes del país, las comunidades piden hasta el 30 % del dinero que se recaude por peajes.
Para el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo Ferrer, la gran piedra en el zapato que tiene el país para avanzar en el propósito de la Nueva Economía que promulga el Gobierno es la “altísima incertidumbre jurídica que hay en muchos proyectos. Necesitamos un pacto nacional en torno a garantizarle seguridad al capital privado”.
Ve con preocupación que las decisiones de altos tribunales como la Corte Constitucional le quiten impulso al desarrollo del país. “Lo que hizo la Corte al devolverle autoridad a las Corporaciones Autónomas Regionales sobre las licencias ambientales es un mensaje errado, pues allí, en muchos casos se fragua corrupción y politiquería”.
Como solución, Caicedo propone celeridad para al fin tener una Ley Estatutaria de Consultas Previas que “ofrezca una hoja de ruta clara para el tratamiento y la clasificación de este proceso” (ver Origen).
El laberinto para sacar
crudo y gas
Desde Sincelejo, y de camino a Cartagena, Promigás construye un gasoducto junto a Canacol, el cual obtuvo en 2015 su licencia ambiental y aportaría 65 millones de pies cúbicos a la operación de la compañía.
¿Por qué en condicional? Porque el Ministerio del Interior nunca advirtió que en ese tramo había una comunidad a la que se debía consultarle previamente.
El presidente de Promigás, Antonio Celia, indicó a este diario que seguirán insistiendo en la construcción del gasoducto y que, “allí ya se invirtieron 200 millones de dólares”, por lo que no tiene reversa.
Pero las decisiones judiciales no son el único obstáculo. La noche del pasado jueves, 20 encapuchados ingresaron y dañaron al taladro de perforación de Ecopetrol, en el campo El Triunfo, municipio de Acacías (Meta). Y ese sabotaje se suma un bloqueo de comunidades de la zona, que demandan de la compañía cumplir compromisos de contratación.
Y en Orito (Putumayo), la Corte Constitucional ordenó en febrero pasado a Ecopetrol y Petrominerales detener la producción de crudo en un campo que explotan conjuntamente desde 2010, porque no se hizo consulta previa con la comunidad indígena Awá.
Lo curioso, es que el mismo Ministerio del Interior, que vela por las consultas previas, les dijo años atrás que no había presencia de nativos en esa zona selvática.
Para el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), Francisco Lloreda, la situación del sector es crítica. “Es claro que hay que respetar las comunidades, su protesta social, pero el país necesita reglas estables. La coherencia en políticas públicas es un activo para el país que no se debe descuidar, y menos ahora”, agregó.
Cree que derechos como la consulta previa deben cumplir su propósito y no convertirse en una vía de intereses para terceros. En materia de licencias, ambientales es claro que “necesitamos que no se revoquen de un día para otro”.
Solo el año pasado, reseñó la ACP, se realizaron 453 bloqueos en campos del sector petrolero. “Y nos preocupa que de la protesta social se pase al delito y la frontera no esté delimitada”.
La larga y cara espera de la minería legal
Pero si la situación del sector de hidrocarburos es compleja, una suerte más incierta corre la minería legal a gran escala. Uno de los casos emblemáticos es el de la compañía Continental Gold, que ha invertido más de 200 millones de dólares en los últimos cinco años en la que sería la segunda mina subterránea más grande de América Latina.
Pero autorizaciones ambientales se le convirtieron en un laberinto de trámites. Primero, el proceso con Corantioquia se dilató durante años y, al final, fue negada. Ahora, la empresa inició de cero el proceso con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Desde mayo pasado espera respuesta.
El presidente de la compañía para Colombia, Mateo Restrepo Villegas, indicó a EL COLOMBIANO que “durante los últimos años el proceso ha sido muy demorado y nos ha llevado a replantear el proyecto. El proceso lo iniciamos desde el 2013 y aún no hemos podido obtener la modificación de la licencia. Entretanto, la minería ilegal y criminal ha sido quien ha explotado el oro en la región”, a costa de las reservas de Continental.
Desde la empresa piden al Gobierno mejorar procesos de licenciamiento y desestimar presiones populistas que frenan el desarrollo regional.
¿Y qué dicen desde el
Gobierno?
EL COLOMBIANO conoció que este viernes se reunieron delegados del alto Gobierno y el Ministerio del Interior con los presidentes de cuatro gremios. Allí se hizo, de nuevo, otro compromiso para que la Ley Estatutaria de Consultas Previas se apruebe en la legislatura que inicia el próximo 20 de julio.
El titular de la cartera del Interior, Juan Fernando Cristo, ha expresado de tiempo atrás la necesidad de promover la ley. Considera que la consulta previa no debe ser un obstáculo para el desarrollo del país. Sin embargo, insiste en fortalecer los derechos de las comunidades sobre su territorio, pero en el marco de acuerdos claros.
Este diario intentó comunicarse con la Anla y el Ministerio de Ambiente para saber su posición frente a vacíos e inconsistencias al otorgar licencias ambientales, pero no se obtuvo respuesta al cierre de esta edición.
Sin embargo, el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, ha reiterado en diferentes escenarios que, de cara al ambicioso proyecto de creación de infraestructura, el país no puede interrumpir su avance por comunidades, e incluso calificó que en algunos casos se usa como mecanismo de extorsión.
A empresarios e inversionistas les toca esperar. Imagínelos parados al frente de un lote propio al que no pueden entrar.
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