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Consultas previas, licencias ambientales, protestas sociales y fallos judiciales frenan millonarios planes empresariales. Gobierno se queda en anuncios.
Consultas previas, licencias ambientales y protestas sociales plantean obstáculos para los inversionistas y son un reto para consolidar la institucionalidad y el desarrollo del país.
Imagine que compra una casa sobre planos. La ubicación es inmejorable y la valorización proyectada es más que atractiva. Imagine que ya pagó la cuota inicial y se comprometió con su banco a pagar el saldo de la vivienda, que aún no existe.
Ahora, imagine que, de repente, esa inversión podría desaparecer. ¿Motivos?, muchos. Por ejemplo, una comunidad se asienta en ese lugar y exige que se le debe indemnizar por salir de allí. ¿Y qué pasa con su dinero?, está atrapado: se apodera de usted la incertidumbre.
Justamente eso les sucede a algunas empresas en el país que, por fallos judiciales de distinta instancia, licencias ambientales, protestas sociales y consultas previas con comunidades, han visto obstaculizadas sus millonarias inversiones.
Así como un comprador de vivienda espera que un constructor cumpla con su promesa, un empresario lo hace con el Gobierno y aguarda a que se cumpla el “contrato”, que en este caso son reglas claras ambientales, tributarias y jurídicas.
El país ocupa el...