Rosmery Quintero Castro, presidente de Acopi, sostuvo que desde el cese de actividades (17 de marzo), las micro, pequeñas y medianas empresas del país han realizado un aporte social, mediante el pago de la nómina mensual de unos 15,7 billones de pesos, sin embargo, los problemas de liquidez por la afectación en ventas e ingresos superan al 76 % de estas unidades productivas, convirtiéndose en un obstáculo para continuar con el sostenimiento de sus trabajadores.
Cálculos realizados por el gremio estiman que, el 65,32 % han mantenido su nómina de personal, pese a que al inicio de la pandemia el 82,43 % no contaban con los recursos suficientes para sobrellevar la crisis. Por lo cual, la falta de liquidez y de recursos, lleva al empleador o gerente a tomar la decisión más difícil, despedir colaboradores, que no tendrán mucha posibilidad de vinculación en el mercado formal.
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En ese contexto, la dirigente gremial presentó el Plan Social de Retención del Empleo, con la aplicación de subsidios para conservar los puestos de trabajo.
“Inicialmente, realizamos un análisis con base a los sectores con mayor vulnerabilidad, el cual arrojó una cobertura para 7,8 millones de trabajadores asociados a estas actividades y un costo de 6,8 billones de pesos mensual (0,71 % del PIB), con el transcurrir de la socialización y la búsqueda de un equilibrio para apoyar las necesidades del país, se consideró que este programa social, debe contar con los siguientes criterios: ir dirigido a empresas formales, podría presentarse la posibilidad de la disminución temporal de salarios hasta en un 30 %, siempre y cuando este no sea inferior a un salario mínimo mensual, y el programa debe tener una duración de tres meses, y las empresas mantener los puestos de trabajo, a la vez que los subsidios deben guardar proporcionalidad entre los trabajadores que devengan bajos y altos ingresos”, planteó Quintero.
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Para esta irrigación de recursos, vale la pena mencionar que el país cuenta con la estructura de la Planilla Integradas de Liquidación de aportes (Pila) a través de la cual, se manejaría el proceso de manera transparente acompañado por la Unidad de Pensiónes y Parafiscalidad (UGPP).
Acopi recordó que en Colombia, existen 1,63 millones de micro, pequeñas y medianas empresas formalmente inscritas, las cuales generan el 80 % del empleo y aportan el 40 % del Producto Interno Bruto. “El cese de actividades ha conducido que, este segmento como se puede observar significativamente representativo esté atravesando hoy, un gran nivel de incertidumbre por preservar las infraestructuras y el ingreso de muchos colombianos, porque somos empresas, somos personas y familias que dependemos de ellos”, concluyó.
