El Gobierno firmó el fin de semana tres decretos que contemplan reglas para expedir seguros de vida colectivos para el personal de seguridad privada, permite a las empresas del sector acceder a licitaciones públicas; y que las IPS hagan los exámenes psicofísicos para el porte y uso de armas.
En ese contexto, se explicó que la primera de las tres normas, que reglamentan la Ley del Vigilante, obliga a las empresas del sector a otorgar un seguro de vida colectivo que ampare al personal operativo de su respectiva organización. Este amparo cubrirá al personal operativo durante las veinticuatro horas del día. La medida beneficia a los 394.000 vigilantes en Colombia y a sus familias, así como a las empresas del sector.
Teniendo en cuenta que el índice de siniestralidad del seguro de vida para vigilantes es del 40%, Seguros Mundial ofrece el seguro de vida grupo, que cumple las normas requeridas en la Ley 1920 de 2018 y que además es obligatorio para operar como empresa de vigilancia.
“Vida Grupo cuenta con múltiples beneficios para los colaboradores, como una mejor calidad de vida para el vigilante y su grupo familiar, además, al tratarse de una póliza colectiva, este recibe los mismos beneficios de un seguro de vida individual a una tarifa mucho más económica, incluso sin tener en cuenta su estado de salud”, explicó Juan Enrique Bustamante, presidente de Seguros Mundial.
“Este seguro, que, en lo que va corrido de 2021, hemos expedido aproximadamente 65 pólizas colectivas, se caracteriza por generar una cobertura de pago ágil con indemnizaciones en 10 días sin requisitos para el ingreso a la póliza, además, cuenta con una cobertura de preexistencias, amparo automático y coberturas diferenciales”, añadió Bustamante.
El segundo decreto suscrito por el Gobierno brinda incentivos en las licitaciones públicas para las empresas o cooperativas que tengan en su personal operativo mujeres y hombres mayores de 45 años y personal en condición de discapacidad. De esta forma, se promueve la vinculación de otro segmento de la sociedad que estaba relegado.
El tercer decreto permite a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) practicar los exámenes psicofísicos para el uso y porte de armas para el sector. El Gobierno destacó la extensión de la renovación de las licencias de operación a 10 años, cuando eran de 1 a 5 años, requisito que se prestaba para presiones, chantajes y en algunos casos, hasta extorsión.
