Las industrias extractivas, es decir, aquellas que explotan recursos del subsuelo como petróleo, gas o minerales, generan grandes ingresos en divisas, inversión extranjera directa y capital para los gobiernos e impulsan el crecimiento económico. Sin embargo, en los 81 países en que estas desempeñan un papel dominante –entre ellos Colombia– casi el 70 % de las personas vive en condición de pobreza extrema.
Esta fue uno de los apuntes más relevantes de António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante una mesa internacional sobre la transformación del sector extractivo, celebrada en Nueva York la semana anterior.
“Nuestra responsabilidad compartida es garantizar que los beneficios de los recursos minerales lleguen a todas las personas de la sociedad, no sólo a las élites, salvaguardando al mismo tiempo el entorno natural presente y para las generaciones futuras”, sostuvo el titular de la organización.
Para dar cuenta de qué tan relevante es esta industria en el país, las cuentas de la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) indican que solo por petróleo el Gobierno Nacional recibe ingresos vía impuesto de renta del orden de 5 billones de pesos, que significan un 3,5 % del total de recursos por este concepto.
Además, las empresas de petróleo y gas, dijo el gremio, generan $4,5 billones anuales en regalías y constituyen más del 80 % a nivel país. “Con esta contribución, Colombia obtiene un mayor presupuesto para la financiación de programas regionales que permiten el desarrollo sostenible”, aseguró.
Pese a esto, en buena parte de los países es difícil explotar esos recursos económicos anotó Raúl Ávila, economista y docente de la Universidad Nacional. Una de las dificultades es que se trata de industrias “intensivas en capital”, lo que quiere decir que requieren una cantidad significativa de recursos para producir su bien o servicio: “Son grandes compañías minero energéticas las que se encargan de su explotación y se quedan con las rentas, a no ser que la operación la hagan empresas del Estado, que no es el caso de todos los territorios”.
El experto complementó que “por eso, esa renta se queda en los dueños de las inversiones y el capital y no llegan masivamente al Estado”. Y ya haciendo el balance sobre Colombia acotó que la tarea está en lograr mayor distribución en las regiones a través del Sistema General de Regalías (SGR) para que los recursos generados por las minero energéticas tengan más impacto territorial.
¿Más igualdad?
Justamente, a finales del año pasado, buscando una estrategia más equitativa para la repartición de este capital el país adelantó una reforma al SGR. De acuerdo con Planeación Nacional, entre los cambios más significativos está el aumento de 11,2 % a 25 % en la asignación para los territorios donde se genera la explotación.
También, una mayor inversión en los municipios más pobres, que elevaron su participación del 11 % al 15 %, con una destinación específica para grupos étnicos y proyectos ambientales. Igualmente, exaltó la disminución del ahorro territorial y un recorte en los gastos de funcionamiento de este sistema de regalías.
Así, la entidad estimó que la senda de ingresos para el bienio 2021-2022 por el concepto en cuestión estaría en unos $15,4 billones. Por sectores, los hidrocarburos aportarían $5,54 billones este año y $6,74 billones el próximo, mientras la minería significaría $1,53 billones y $1,60 billones, respectivamente.
Así, el aporte del primero equivaldría a 80 % y el del segundo a 20 %, mencionó el DNP, que estima también que los recursos escalarían a $9,39 billones solo en 2030. Cabe recordar que los ingresos provienen de la explotación de recursos naturales no renovables y se utilizan en las regiones para proyectos de inversión y su respectiva estructuración.
Si bien esa reforma hace “un poco más justo” el funcionamiento del sistema porque se reconoce más a las regiones donde se extraen los recursos, Luis Fernando Ramírez, experto en política fiscal de la Universidad Sergio Arboleda, indicó que no es una mejora de fondo.
Recordó que aunque en el papel se trata de un modelo que busca la descentralización fiscal, hay reparos sobre su eficiencia, entendiendo que algunos departamentos que han entregado bonanzas importantes en determinadas épocas no vieron reflejados esos aportes en su progreso como región, como es el caso de “Casanare, Meta y Cesar”.
En tanto, sobre el capital generado vía impuesto de renta, expresó que son recursos importantes y ello se ve en Ecopetrol, por ejemplo, que es de las empresas “que más tributa en este sentido, además de otras multinacionales como las del sector minero”. No obstante, acotó que el reto está en poder discriminar su impacto, porque es plata cuyo impacto en localidades o estratos específicos, no está segmentado en la actualidad.
Ideas para el cambio
Entendiendo las implicaciones de esas situaciones en Colombia y varios países, Guterres, de la Onu, insistió en pensar en “los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades locales y otras partes interesadas que se ven afectadas por la industria pero que están excluidas del diseño y los beneficios de las operaciones extractivas”.
Por ello el ente que dirige enfatizó en cuatro estrategias para lograr el balance entre desarrollo y extracción de recursos. La primera tiene que ver con garantizar la distribución justa de ese capital, así como el acceso a la información y el respeto por el derecho de las comunidades dentro de las diferentes economías.
En segunda medida instó a que los países reduzcan “la dependencia de los ingresos de las industrias extractivas”. En Colombia, solo en exportaciones, dicho ramo equivale al 40,4 % del total con datos de abril, en los cuales se ven 2.914,7 millones de dólares que arribaron al país por ventas externas. “El sector también debería integrar los principios de la economía circular”, afirmó el secretario general.
Y continuó con la tercera estrategia: “La descarbonización de la economía mundial es inevitable. Los países que representan el 73 % de las emisiones de carbono ya se han comprometido a alcanzar el objetivo de cero emisiones para mediados de siglo”. Con esto se debe evaluar el rápido despliegue de energía renovable, la descontinuación del uso de carbón a 2030 y no financiar ni construir nuevas plantas para explotar ese elemento, vaticinó el organismo.
El último llamado, entonces, fue a una mayor planificación y coordinación entre países para la adecuada gestión de toda la transformación que se requiere. “Establecer visiones, estrategias y políticas industriales nacionales claras para apoyar una transición energética justa y lograr una economía circular”.
Para Ramírez, de la Universidad Sergio Arboleda, aunque es evidente que el mundo va hacia la ruta descrita por la ONU, el pendiente es buscar los sustitutos energéticos y que sean rentables, porque no hay que olvidar la relevancia fiscal de las industrias extractivas para un país como Colombia. Eso sí, dejó claro que en los nuevos desarrollos es óptimo tener en cuenta a las comunidades, quienes además de recursos deben beneficiarse con los conocimientos para atender la realidad que se avecina
80 %
peso de los hidrocarburos en las regalías del país, según el DNP y Campetrol.
40,4 %
pesó la industria extractiva en las exportaciones nacionales de abril: Dane.
25 %
pasaron a recibir las zonas productoras, con la reforma al Sistema General de Regalías.
