Con el visto bueno de la Corte Constitucional, el presidente Iván Duque podrá sancionar la reforma a la Ley de Habeas Data que incorpora una amnistía para deudores morosos reportados en centrales de riesgo, una vez salden su deuda o lleguen a un acuerdo de pago con su acreedor, sea un banco, un almacén, una cooperativa, una agencia de arrendamientos o un operador de telefonía celular, entre muchas otras entidades que reportan sus operaciones de crédito diariamente a esas bases de datos.
Es una ley que se aprobó en beneficio de personas como Ignacio Aguirre, para quien no existía ningún incentivo para pagar la deuda que adquirió con un banco cuando intentó emprender por tercera vez, hace 5 años. En esa oportunidad montó su negocio con todo el capital que tenía y un crédito por 40 millones de pesos, un año después se encontró ilíquido y empezó a incumplir en sus pagos. Con la cuarta factura vencida lo embargaron, se llevaron los “cachivaches” del taller en el que fabricaba calzado deportivo y un par de máquinas que no sumaban 8 millones.
“Quedé sin capacidad de trabajo, sin un peso y con una deuda impagable para mí en ese momento”, cuenta Aguirre. Así que cada vez se fueron acumulando más intereses al capital adeudado, hasta que un día decidió no volver a contestar a un número desconocido porque sabía que eran los “cobradores”.
Siguió emprendiendo, pero ahora lo hace informalmente, a través de prestamistas. “No tengo ninguna otra opción, mi único capital es el trabajo, entonces para financiar mi operación debo pedir prestado, pero ninguna entidad financiera, ningún banco, ninguna cooperativa me presta, porque estoy reseñado como moroso”.
Ayer, cuando Aguirre supo que la Corte Constitucional había dado vía libre a la ley de “borrón y cuenta nueva”, sintió que se abría una ventana de oportunidad. “Nunca quise incumplir con mis pagos, solo que en ese momento las condiciones no eran favorables para hacerlo, y luego aunque pagara las opciones de financiamiento formal seguirían cerradas para mí por mucho tiempo. Pero con esto las cosas cambian, podría llamar al banco y renegociar”, dice con esperanza.
El por qué de la ley
El proyecto plantea una amnistía que consiste en la eliminación del reporte negativo en seis meses y además establece que las centrales de riesgos tendrán que disponer de plataformas tecnológicas que permitan a las personas consultar su historial crediticio, en cualquier momento, de forma gratuita y sin ninguna penalización, pero también prohibe a los empleadores consultar el historial de los candidatos para ocupar sus vacantes.
El representante a la Cámara César Lorduy (Cambio Radical), ponente de la iniciativa durante su discusión en el Congreso, explica que según datos a los que pudo acceder a través de la Asobancaria, la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Industria y Comercio, entre 8 y 10 millones de colombianos tienen reportes negativos en su historial crediticio, 75 % de ellos por deudas inferiores a dos salarios mínimos, y entre ellos la mayoría por montos “irrisorios” con compañías de celular, “incluso vimos un caso de un reporte por $70”.
Y eso que las cifras expuestas por Lorduy son de 2019 e inicios de 2020, cuando la pandemia no le había pegado duro al bolsillo de los colombianos.
EL COLOMBIANO buscó a esas tres entidades para obtener datos exactos sobre las personas con reportes negativos en las centrales de riesgo, pero todas afirmaron que no son las competentes para recopilar ese tipo de información y declinaron pronunciarse hasta conocer íntegramente el fallo de la Corte.
Sin embargo, de acuerdo con datos públicos de la Superfinanciera, de los $530 billones que había en cartera a junio de 2021, $24 billones estaban vencidos entre uno y cuatro meses y $38 billones en deterioro, todos los deudores de esos montos tienen hoy reporte negativo.
Otra de las ventajas que advierte el congresista es que para que una persona sea reportada negativamente por una deuda menor tiene que haber sido avisada en dos oportunidades, algo que hoy no está ocurriendo.
“Cuando se trata de pequeñas cantidades es más caro cobrar que el valor adeudado, por eso las entidades castigan con el reporte sin haber hecho la gestión administrativa del cobro, hemos llegado a la conclusión de que si el acreedor no cumple con su obligación de cobrar no tiene derecho a reportar”, indica Lorduy.
Y anota que toda la normativa “busca corregir la injusticia y darle una segunda oportunidad a las personas de restablecer su vida financiera y acceder a los mecanismos legales de apalancamiento”.
Una ley con riesgos
Cuando los bancos o los almacenes van a prestar dinero a alguien tienen que establecer el precio que van a cobrar por el servicio (tasa de interés) y eso está definido en función del perfil de riesgo del cliente, que determina la garantía de que los recursos retornarán a la entidad. De ahí el adagio de que “el rico consigue prestado más fácil que el pobre”.
Santiago Tobón, economista de desarrollo y docente de Eafit, explica que “como ese perfil de riesgo es imposible determinarlo con certeza, los bancos tienen que estimar este riesgo a partir de la información disponible”. Y para ello se valen de dos fuentes principalmente: los activos e ingresos de la persona (mientras más se tenga, el crédito es menos riesgoso) y la historia crediticia (mientras mejor haya pagado antes, el crédito es menos riesgoso).
“La ley de ‘borrón y cuenta nueva’ elimina la segunda fuente de información. La consecuencia será que los bancos solo prestarán a quien tenga activos e ingresos, sin importar si tienen una buena historia crediticia”, dice Tobón.
Según su análisis, las personas sin activos o ingresos que llevaban años construyendo una reputación con los bancos, vuelven al partidor y seguramente no conseguirán más crédito bajo buenas condiciones.
Una alta fuente del Gobierno, muy cercana al sistema financiero colombiano, explica que sin información disponible sobre la historia crediticia es muy difícil para las entidades determinar el hábito de pago de una persona. “A veces no importa tanto si alguien incumplió con una obligación, porque momentos malos tiene todo el mundo, pero si por ejemplo tuvo un buen hábito por mucho tiempo, luego una crisis y luego una recuperación, eso también puede ser bien valorado”, señala.
Si bien, esta fuente anota que el sistema bancario colombiano tiene muchas otras herramientas para verificar la información de los clientes, ya que puede acceder a diversos datos proporcionados por muchos socios, son los intermediarios más pequeños, quienes justamente atienden a los más pobres, los que encarecerán la tasa de interés para curarse en salud.
“El efecto más importante se dará en los almacenes que fían electrodomésticos o ropa o las entidades de microcrédito, porque no tienen más en qué confiar que en los ingresos certificados de las personas, y ahí debe tenerse en cuenta el nivel de informalidad de este país”, aclara.
Lorduy considera que este es un abordaje equivocado, ya que solo quienes cumplan los requisitos (ver claves) verán borrada la parte negativa de su historial, quien no sea moroso o no pague se mantendrá igual, y el sistema podrá consultar su historial sin problema.
De hecho, el proyecto establece que el historial crediticio de las personas naturales y jurídicas se mantiene, tanto para las personas con buenos hábitos de pago como para las personas con malos hábitos y, para otorgar un producto o un crédito, las entidades no podrán usar exclusivamente el historial crediticio, deberán considerar otros factores en el estudio de riesgo y se les exigirá indicar por escrito los motivos del rechazo de una solicitud.
“Esta no es la primera vez que se hace en Colombia una norma de este estilo, en 2008 se expidió la Ley de Habeas Data y todos los economistas decían lo mismo, que se estaba dañando el crédito en Colombia, y mentiras, eso no ocurrió; por el contrario hoy las tasas de interés son mejores, el acceso a crédito es mayor y el sistema se adaptó a esas nuevas condiciones”.
Ahora, tampoco es que todos los morosos salgan de los reportes, media para que ello ocurra el pago total o la renegociación de la deuda, que justamente en momentos de crisis económica como la actual no es un escenario propicio para muchos de los que están excluidos del sistema precisamente por su mal hábito de pago
