Cuando el empresario Jaime Gilinski, a través de su empresa Nugil, lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por Grupo Nutresa en noviembre de 2021, lo primero que a muchos se les vino a la cabeza fue el pulso legal que el magnate y su familia sostuvieron durante 11 años con empresarios antioqueños, luego de vender el Banco de Colombia (ver Radiografía).
Esta semana tres hechos evocaron esa temporada que, según Gilinski, era una aspereza que ya se había limado. El martes, la Fiscalía llamó a interrogatorio a cuatro funcionarios judiciales en el marco de las investigaciones por posibles irregularidades en el reparto de las demandas civiles presentadas por Grupo Sura y Grupo Argos, en el proceso de OPA por Nutresa.
El ente investigador, que indaga presuntos hechos de corrupción judicial, citó a Rafael Matos, Juez 5 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín; a los auxiliares administrativos Mateo Flórez y Daniela Díaz; y al profesional universitario Carlos Álvarez.
Lejos de quedar ahí, el miércoles fue el Tribunal Superior de Bogotá el que le metió el diente al asunto. Dicha entidad declaró infundada la recusación de Grupo Nutresa contra José Nicolás Mora, director de Jurisdicción Societaria I de la Superintendencia de Sociedades.
La medida pretendía que se inhabilitara a Mora dentro del rol que fungió en la OPA del conglomerado árabe IHC por las acciones de la multilatina de alimentos.
Esto, recordando la polémica que se formó tras conocerse que el funcionario y su esposa, María Valentina Díaz, laboraron en la firma Gómez Pinzón Abogados, que, coincidencialmente, es asesora de IHC.
Gómez, vale decir, fue quien inhabilitó a Luis Javier Zuluaga Palacio y Sebastián Orejuela, entonces miembros de la junta directiva de Grupo Sura, para participar en el análisis de la OPA por Nutresa.
