Entendida como una condición principalmente de las zonas urbanas, la informalidad fue uno de los puntos sobre los que el Fondo Monetario Internacional llamó su atención a Colombia, país que para el trimestre móvil entre diciembre y febrero reportó una tasa de ocupados informales de 47,9 % para 23 ciudades y sus áreas metropolitanas, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane (ver Gráfico).
Alejandro Werner, Director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, aclaró que este es un fenómeno de toda América Latina y sostuvo que esta condición “dificulta el acceso de programas de gobierno a empresas y empleados en el sector”.
Precisamente esta población es una de las que más se ve amenazada por la propagación del coronavirus, teniendo en cuenta dos factores: la necesidad de que haya gente circulando y la poca capacidad de ahorro que tiene, de acuerdo con la explicación de Adrián Garlati, profesor de economía de la Pontificia Universidad Javeriana.
“En esta cuarentena, la enorme mayoría de ellos no consigue clientes, ya sea en la venta al por menor o para servicios individuales, como quienes prestan el servicio doméstico”, agregó el académico en su análisis.
Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, destacó que “a estas personas se les dificulta muchísimo quedarse en casa por la imposibilidad de garantizar un ingreso vital mínimo”.
De hecho, un informe realizado por dicha institución indicó que 79 % de los hogares que dependen del empleo informal no recibirían ayudas por parte del Gobierno en la coyuntura y “recibirían el choque en su totalidad”.
Garlati manifestó que una reapertura económica parcial seguiría teniendo a los trabajadores informales como los principales afectados. Para esto, ejemplificó que las personas que venden al por menor seguirían sin tener quién les compre.