A un mes de haberse expedido el Decreto 560 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que fijó una serie de medidas transitorias para los procesos de insolvencia empresarial, la figura solo ha sido acogida por cuatro sociedades que intentan ejecutar una negociación de emergencia para salir de las dificultades financieras que afrontan.
En contraste, entre abril y lo corrido de mayo otras 64 compañías han solicitado ingresar a los procesos o trámites de insolvencia al amparo de la Ley 1116 de 2006, es decir por la vía normal (ver Glosario).
El superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano, precisó que en su conjunto las 68 peticiones empresariales recibidas por su despacho representan activos por 990.170 millones de pesos e involucran a unos 598 trabajadores. De estos procesos 12 corresponden a empresas ubicadas en Antioquia (ver gráfico).
Al revisar los datos del primer trimestre, la Superintendencia indicó que mientras entre enero y marzo de 2019 recibió 250 solicitudes insolvencia, reorganización o liquidación empresarial, en los mismos meses de este año sumaron 219, un 12,4 % menos.
“Recibimos menos solicitudes de las que normalmente llegan, pero esto obedece al aislamiento preventivo obligatorio y a que las empresas están organizando sus cuentas y esto requiere asesoría”, comentó Liévano, quien anticipó que el panorama cambiará principalmente entre junio y julio cuando se prevé un aumento en el número de requerimientos y una mayor apropiación de los empresarios de las bondades del Decreto 560.
Mientras gremios como el de comerciantes y pequeñas empresas (Fenalco y Acopi) dan voces de alerta sobre la crisis que enfrentan sus afiliados por el cese de operaciones o la reducción de sus ingresos y solicitan subsidios para cancelar obligaciones de nómina e incluso las primas de junio, el superintendente confió en que a través de las normas y líneas de crédito expedidas por el Gobierno se pueda bajar el riesgo de insolvencia.
“Nos vemos como el hospital de las empresas y como los administradores de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) a donde estas llegan con diversos síntomas. Creemos que los arreglos entre deudores y acreedores y las ayudas gubernamentales evitarán que las empresas lleguen a la UCI”, agregó el superintendente de Sociedades.
Y es que pese a las cifras reportadas por la entidad, las pruebas de estrés financiero aplicadas a los balances empresariales de por lo menos 16.000 sociedades que presentan sus resultados anualmente, muestran que entre 1.600 y 5.500 tendrían un riesgo de insolvencia, dependiendo del impacto que la pandemia tenga sobre el crecimiento económico del país.
El ejercicio hecho por David Ibáñez, economista de la superintendencia, solo supone un riesgo de insolvencia, lo que no implica necesariamente que todas esas compañías vayan a entrar en ese estado.
Se trata de una muestra representativa del tejido empresarial y podrían ser muchas más en el sentido de que las sociedades en Colombia son aproximadamente 500.000 y además hay 1,1 millones de personas naturales registradas como comerciantes.
El Decreto 560 estableció los procedimientos de recuperación empresarial a través de las cámaras de comercio, para tener una mayor capacidad y cobertura y así atender a los afectados por la emergencia.
En ese contexto, Alejandra Betancur, jefe de Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín, señaló que semanalmente se están atendiendo entre 20 y 25 asesorías relacionadas con insolvencia.
No obstante, la alternativa contemplada en el Decreto 520 está pendiente de implementación dado que la Confederación de Cámaras de Comercio (Confecámaras) debe expedir un reglamento sobre los mediadores de estos procedimientos, lo cual según confirmó Julián Domínguez, presidente de esa entidad ocurrirá próximamente, para que sea la Superintendencia de Sociedades la que entregue la autorización final (ver Para saber más).
