El organismo técnico encargado de hacerle seguimiento a la disciplina financiera del gobierno, conocido como el Carf, emitió un primer diagnóstico sobre el costo de la reforma a la salud y uno de sus hallazgos indica que hay al menos cinco grandes riesgos que deben ser tenidos en cuenta durante el debate, especialmente en lo que se relaciona con el costo de los Centros de Atención Primaria (CAP).
En primer orden, los expertos de este comité señalaron que, según las cuentas del mismo gobierno, el gasto adicional destinado a la reforma estaría por el orden de entre $4 billones y $7 billones anuales y recordó que “el principal costo de los reportados por el gobierno corresponde al asociado a los CAP (alrededor del 27% del total de los gastos directos)”.
En ese orden de ideas, uno de los primeros riesgos mencionados por el Carf indica que “las estimaciones del gobierno sobre la atención primaria podrían estar subestimadas, por los costos de adquisición o renta, y/o de dotación y contratación, para los CAP en los diferentes lugares del país”.
Luego, resalta los “potenciales excesos de gasto en la atención primaria. El esquema actual protege las finanzas públicas en la medida que cuenta con un administrador de los recursos, las EPS, y una restricción presupuestal, la unidad de pago por capitación y el plan básico de salud. Un esquema de subsidios a la oferta podría resultar en excesos de gasto que recaerían directamente sobre las finanzas del Gobierno Nacional”.
El tercer riesgo detectado menciona la “insuficiente capacidad para la gestión de recursos en las regiones. La experiencia de la gestión regional de recursos de programas nacionales es mixta. Existen riesgos de control, focalización, gobierno y rendición de cuentas que deberían probarse antes de responsabilizar a instituciones regionales con cuantías tan importantes de recursos como los que administra el sistema de salud”.
El cuarto, tiene que ver con las indemnizaciones por las demandas de quienes aleguen privación de ejercicio en actividad legítima, pues a la luz del artículo 365 de la Constitución Política, “si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita”.
Y finalmente, el comité detectó “falta de capacidad para la gestión de riesgos inherentes a la prestación del servicio. En la actualidad los riesgos legales de la prestación de salud recaen, al menos en parte, en los prestadores y aseguradores privados. En la medida que la atención primaria podría prescindir de estas dos instancias, la Nación a través de las instituciones de administración de los recursos, asumiría todos estos riesgos”.
Así las cosas, el Carf lanzó como una recomendación preliminar que “se debe valorar y mitigar los riesgos que no fueron contemplados en los costos presentados por el Gobierno, e incorporar mecanismos sólidos para eliminarlos o mitigarlos a través de modificaciones en el articulado. Esto, antes de continuar con el trámite de la reforma en el Congreso, pues la estabilidad de las finanzas públicas se podría ver comprometida por presiones excesivas de gasto”.
Igualmente, el Carf recomendó pensar en alianzas público-privadas para e mitigar el riesgo asociado a la construcción y administración de los CAP.
