Este plan de ahorro llega después del escándalo que involucró a la primera dama, Verónica Alcocer, quien habría gastado más de $1.000 millones desde la posesión de Gustavo Petro en un equipo de maquilladores, fotógrafos y asesores, ¿el recorte también le aplicará a ella?
En esa misma línea, un derecho de petición contestado por el Departamento Administrativo de Presidencia detalla que, en 2022, Presidencia cerró el año con un total de 270 contratistas por prestación de servicios, pero en diciembre de 2023, un año después, la cifra fue de 544. En términos de recursos, eso significó un gasto público de $15.856 millones para 2022 y de $20.451 para 2023, datos que dejan ver que la austeridad, hasta ahora, no es la bandera del Gobierno.
Y es que hay que decir que el funcionamiento del Estado se llevó el 61% de los 502,6 billones aprobados por el Congreso para el Presupuesto General de la Nación (PGN) este 2024, dando la razón a quienes han cuestionado que históricamente la burocracia se traga el pedazo más importante de los recursos públicos.
Ahí radican las críticas que ha recibido el presidente por sus constantes viajes al exterior y por la apertura de nuevos despachos, dado que en su época de candidato y opositor cuestionaba permanentemente el derroche de sus antecesores.
¿Qué dice el Decreto?
En 22 artículos, el Decreto de austeridad desagrega cada uno de los tópicos en los que la rama Ejecutiva (principalmente conformada por los ministerios) deberá apretarse el cinturón y mermarle a los gastos suntuosos.
Allí se imparten lineamientos sobre la suscripción de contratos de prestación de servicios, horas extras y vacaciones, además de la adquisición de bienes inmuebles, la prelación de encuentros virtuales, la adquisición de vehículos, gastos de publicidad, papelería y el suministro de tiquetes aéreos.
Este último rubro llama especialmente la atención, pues en teoría ordena que los funcionarios deben viajar en clase económica o en la tarifa que no supere el costo de esta categoría. Tiene como excepciones que el viaje dure más de ocho horas o que los ministros del despacho viajen para promover el financiamiento del Estado.
También plantea un plan de ahorro en publicidad estatal, en que les solicita a todas las entidades abstenerse de celebrar contratos de publicidad personalizada, tales como agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, lapiceros, en el que se tengan que adquirir revistas, imprimir informes o folletos.
Como se mencionó arriba, el Decreto ordena priorizar la virtualidad en todas las reuniones de los funcionarios, inclusive si se trata de eventos oficiales y comisiones en el exterior: “Toda comisión de servicios y de estudios al exterior de servidores que pertenecen a la rama ejecutiva del orden nacional, debe justificar la exigencia de la presencia física y deberá contar con la autorización previa del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”.
Las entidades también tendrán que justificar la contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y ajustar el pago de horas extras a las estrictamente necesarias.
Además, en la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional harán una revisión de los esquemas de seguridad de los servidores en la rama Ejecutiva para reducir su conformación. También se evaluará la viabilidad de implementar dispositivos como cámaras o alarmas.
En cuanto a la compra de vehículos oficiales, solo podrán comprarse nuevos automotores si tienen más de seis años de antigüedad y su necesidad esté justificada.
¿Cuánto representaría ese ahorro? Si la proyección del Ministerio de Hacienda se cumple —y efectivamente se dejan de gastar $600.000 millones— habría un saldo positivo equivalente al 0,12% de la apropiación aprobada por el Congreso para funcionamiento, que totaliza $308,2 billones.
Tendrán que reportar
El documento cita que “los planes internos de austeridad deben definir una meta cuantitativa de ahorro para la vigencia 2024, y mecanismos para su cumplimiento”.
“Lo anterior, desde una perspectiva integral de su gestión en la materia encaminada a: i) informar a la ciudadanía sobre la meta cuantitativa de ahorro para la vigencia 2024; ii) monitorear, hacer seguimiento y revisar el cumplimiento de la meta de ahorro anual y de las medidas previstas para alcanzar dicha meta; iii) adoptar medidas dirigidas a simplificar procesos y eliminar reprocesos en la gestión institucional; iv) impulsar la digitalización de documentos y procesos; v) evitar sobrecostos en las compras de bienes y servicios y; vi) identificar los actores institucionales responsables de la ejecución del plan interno de austeridad”, detalla el texto.
Así mismo, dice que “el informe sobre el recorte y ahorro generado (...) se deberá presentar y publicar por cada órgano de acuerdo con el procedimiento que para el efecto establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el marco de una política de austeridad, eficiencia y efectividad en el uso de los recursos públicos”.
La información sobre el cumplimiento del presente decreto deberá ser publicada en las páginas web de cada una de las entidades para consulta de la ciudadanía, en concordancia con la política de transparencia y acceso a la información pública.
Finalmente, se lee allí que “las oficinas de control interno verificarán el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente decreto y presentarán un informe trimestral detallado al Representante legal de la entidad”
