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En Colombia se vota con obsesión presidencial. Se discuten candidatos, carismas y encuestas como si el poder se concentrara exclusivamente en la Casa de Nariño. Pero el 8 de marzo definirá algo más determinante: la estructura real del poder en 2026-2030. Se puede cambiar de presidente sin cambiar el rumbo del país, basta con que el Congreso permanezca fragmentado o inclinado en la misma dirección.
El sistema electoral colombiano no produce mayorías automáticas. El método D’Hondt distribuye el poder en bloques proporcionales, y en los márgenes —apenas dos o tres curules— se define la viabilidad de cualquier reforma. Según la encuesta Guarumo–EcoAnalítica de enero de 2026 (4.245 encuestados, margen de error ±1,8 %, entrevistas presenciales en 83 municipios; publicada por El Tiempo el 24 de enero), el Pacto Histórico lidera intención de voto al Senado con 27,1 %, seguido del Centro Democrático con 20,3 %, mientras partidos tradicionales como Liberal (5,2 %), Conservador (5,1 %) y La U (4,5 %) quedan por debajo del 6 %. Esta polarización, sumada a la fragmentación en el centro y la derecha, augura un Legislativo sin bloques dominantes claros.
Con esos porcentajes de intención, el Pacto Histórico podría obtener alrededor de 25–28 curules en el Senado, lejos de los 51 necesarios para mayorías absolutas o de los ~55 para reformas estructurales sin aliados. Durante el gobierno Duque (2021-2022), la reforma pensional o tributaria se vio afectada por deserciones mínimas en comisión que alteraron el rumbo de proyectos presentados como inevitables. La lección es clara: el poder real está en las curules, no en los votos de la presidencial.
El próximo presidente —cualquiera que sea, desde figuras de izquierda como Iván Cepeda hasta candidatos de la derecha como Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia— necesitará mayorías funcionales. Sin ellas, el mandato popular se convierte en narrativa sin instrumento. Buena parte del electorado se moviliza para la presidencial y vota legislativas con menor rigor, información y sentido estratégico. Se elige presidente con emoción y Congreso por inercia.
Si el Congreso que se elige en marzo replica la fragmentación actual —con umbral del 3 % que deja fuera listas pequeñas pero diluye votos en muchas medianas—, 2026 no será un año de redefinición política, sino de administración de límites. Un presidente con mayoría relativa dependerá de negociaciones permanentes. Uno con minoría enfrentará bloqueo estructural. En ambos casos, la expectativa de transformación profunda chocará con la aritmética parlamentaria.
Para Antioquia, cuya bancada en Senado y Cámara suele ser decisiva en temas fiscales, regalías minero-energéticas e infraestructura vial, la composición del Congreso no es abstracta: define recursos para el desarrollo departamental y municipal. Recuperar el Congreso no es una consigna partidista; es condición de gobernabilidad. Significa entender que las mayorías presidenciales no gobiernan solas y que el control político, la estabilidad normativa y la disciplina presupuestal pasan por 100 curules nacionales que rara vez ocupan la atención pública con la intensidad que merecen.
El 8 de marzo no es un preludio. Es el tablero. La elección presidencial de mayo (y junio, si hay segunda vuelta) se jugará sobre la correlación que surja ese día. Un país puede elegir presidente con 11 millones de votos y aun así descubrir que tres curules deciden si hay reforma laboral, ajuste fiscal o estabilidad jurídica. Creer que todo se decide en la Presidencia es el error más persistente del votante colombiano. En 2026, ese error puede salir más caro que nunca.
