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Una de las políticas públicas estratégicas del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y su vicepresidente José Manuel Restrepo, que inicia su mandato el próximo 7 de agosto, tiene que ver con el tema de la seguridad, tanto urbana, como rural y regional.
Es necesario iniciar precisando cuál debe ser el objetivo de una política de seguridad y paz en un país como el nuestro, donde sigue existiendo un conflicto armado sin cerrar -recordemos que de los dos actores históricos del mismo, FARC y ELN, éste último sigue estando activo y por consiguiente es por el momento el único actor con el cual se podría intentar una superación negociada-, adicionalmente se mantienen remanentes de otros actores de crimen organizado con los cuales las posibilidades son el sometimiento a la justicia, voluntario o por la fuerza del Estado. Sin embargo, la experiencia colombiana nos enseña que resolver este conflicto armado y someter a estos grupos de crimen organizado solo por la fuerza del Estado no es fácil -pensemos no en el gobierno de la ‘paz total’ sino en los gobiernos de la seguridad democrática, donde pese al apoyo del Plan Colombia no fue posible solucionar el tema por la vía de la fuerza-. Pero, esas dos opciones siempre están disponibles para cualquier gobierno.
El objetivo de una política de seguridad y paz es lograr que esos grupos armados al margen de la ley se desmovilicen y dejen de actuar en esa condición, eso genera paz; colateralmente, una disminución de la violencia. Pero no se puede, como lo pretendió el gobierno que está terminando, simplemente enfocarse en disminución de la violencia, para mostrar indicadores favorables en su mandato, porque eso significa evadir la solución del problema de fondo y aplazarle para el siguiente gobierno el problema.
El Estado con el uso legítimo de la fuerza debe estructurar su política de paz y seguridad combinando las dos dimensiones, el uso de la fuerza con toda su capacidad: inteligencia estratégica y operativa, movilidad, estrategias operacionales, entre ellas los bloque de búsqueda urbanos y rurales, uso de la aviación y tecnologías como las de drones y un proceso de reingeniería de las Fuerzas para tener una tropa convencida de la importancia de su misión y actuando en el marco constitucional y legal, pero igualmente teniendo disponible una política de interlocución, que no se puede confundir con las estrategias mal hechas de la llamada ‘paz total’; esta interlocución se debe hacer en medio de la confrontación o con la exigencia al grupos armado ilegal de un cese unilateral de su actividad violenta. Pero de ninguna manera cediendo el Estado en sus responsabilidades y atribuciones.
Si el Estado diseña una política integral de presencia permanente y con toda su capacidad, en los territorios de mayor actividad de actores armados ilegales, que son también donde hay más coca sembrada y otras rentas ilícitas, incluida una política de ‘ganar a la población de estos territorios’; esto favorecerá el que se pueda combinar de manera adecuada la fortaleza de la presencia del Estado con las acciones tendientes a lograr modalidades de acuerdos y cuyo resultado final sea crecientemente favorable a la institucionalidad.
