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Un gobierno que se considere como progresista debe respetar los espacios de funcionamiento del mercado y sus agentes y en lo posible buscar coordinar estrategias productivas que sumen las potencialidades de los dos campos y que respeten, claro está el marco constitucional y legal existente.
Por Alejo Vargas Velásquez - vargasvelasquezalejo@gmail.com
Desde hace buen tiempo, en el campo de los economistas, pero también de los analistas y formuladores de Políticas Públicas, el aparente dilema entre Estado y Mercado ha estado presente en los debates académicos y en las discusiones para optar por unas u otras decisiones de Políticas Públicas. El debate ha estado en el centro de lo que se ha denominado como neoliberalismo –que ha sido la tendencia a priorizar el mercado y su lógica y debilitar al máximo al Estado, sabiendo que el mercado normalmente enfatiza los beneficios personalizados y el Estado en teoría, tiene una tendencia de búsqueda de cierta redistribución social-, pero igualmente en lo que se conoció a finales del Siglo XX como la ‘Tercera Vía’ –que algunos consideraron un salvavidas de la socialdemocracia-, el centro de su argumentación era darle un mayor rol al Estado frente al Mercado. Sin embargo, estas tendencias se van desplazando en uno u otro sentido dependiendo de múltiples factores de la economía nacional y el contexto internacional y ayuda a caracterizar determinados gobiernos como más cercanos a la derecha tradicional –caso de Milei en la Argentina actual- o próximos a la izquierda clásica –como el México de AMLO, el Brasil de Lula o la Colombia de Gustavo Petro-.
Es por ello entendible que un gobierno como el de Petro intente fortalecer el papel del Estado –es lo propio de las propuestas progresistas o de izquierda-, sin embargo esto no puede significar cerrar los espacios al mercado –fue el intento fracasado de los gobiernos que se autodenominaron socialistas en el siglo pasado-. En ese sentido y eso lo sabe muy bien el Presidente Petro, se trata de lograr que el sector privado tenga un margen de acción para sus actividades productivas y generadoras de empleo y claro, ganancias para sus propietarios, pero esto no puede ser a costa de sacrificar el papel regulador del Estado, quien se supone debe actuar en nombre de la sociedad –es lo que se ha predicado desde los clásicos que se inspiraban en tesis como las del economista inglés Keynes. Por ello un gobierno que se considere como progresista debe respetar los espacios de funcionamiento del mercado y sus agentes –por ejemplo en una empresa de economía mixta como Ecopetrol, por ello existen unos miembros de su Junta Directiva que representan al sector de los accionistas minoritarios y quienes deben ser respetados en sus opiniones y propuestas, más allá de si las mayorías que representan al gobierno logran imponer sus tesis- y en lo posible buscar coordinar estrategias productivas que sumen las potencialidades de los dos campos y que respeten, claro está el marco constitucional y legal existente. Para ello estrategias de desarrollo productivo en el agro, con procesos de agroindustrialización y participación de productores, pequeños con medianos y grandes, debe ser parte de las políticas de desarrollo. Por ejemplo, entender que dar solamente la tierra a los campesinos, sin estrategias de desarrollo rural y de manejo de postcosecha, no garantizan un éxito productivo.
Como han dicho varios analistas del desarrollo, se requiere combinar tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario.