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La elección de Gregorio Eljach, casi por aclamación por el Senado, sin duda tiene varios significados que vale la pena plantear y evidenciar. No sólo fue el ternado por el Presidente después que el Consejo de Estado y la Corte Suprema habían escogido juristas-políticos cercanos a un sector político de derecha, pero la ‘jugada’ del Presidente fue escoger a un jurista, que había aspirado a ser ternado por una de las Cortes, con más de una década de Secretario General del Congreso, lo cual evidenciaba un jurista-político con capacidad de mantener una relación fluida, por no decir respetuosa, con todas las fuerzas políticas con presencia en el Congreso y lograr de esta manera que fuera el ganador. Como fue elegido, casi por aclamación, tendría un margen de autonomía para escoger el equipo de sus colaboradores con criterios técnicos, o hacer una repartición milimétrica de los cargos como acostumbran en la política tradicional.
El nuevo Procurador podría ser el principio del fin de considerar a la Procuraduría como una instancia de las fuerzas opositoras para entrabar las gestiones de los gobernantes –esto igualmente es válido para la Contraloría, la Fiscalía, la Defensoría, que son organismo de control fundamentales para la democracia-, o simplemente una Procuraduría de ‘bolsillo’ del gobierno de turno para perseguir o castigar’ a aquellos considerados como ‘enemigos políticos’. Es decir, retomar una Procuraduría que realmente cumpla las funciones que le asigna la Constitución y la ley. Esto iría, aparentemente, en contravía del carácter eminentemente político que ha tenido esta institución, pero sería conveniente abrir un compás de espera, que dé pistas al respecto. Eso sería el inicio de un gran cambio, necesario para una democracia moderna y el nuevo Procurador podría liderarlo, no sabría si quiera asumir esos desafíos.
Ahora bien, el nuevo Procurador, una vez que se posesione en enero de 2025 para sus cuatro años constitucionales, podría liderar un proceso de reflexión interna –pero con la participación de destacados juristas y analistas externos- acerca del rol de la entidad, que tareas son pertinentes, que otras ameritarían un cambio o una integración con otra entidad del Estado. Todo esto para lograr que ese debate a baja voz que está presente desde hace rato, de si la Procuraduría sigue teniendo sentido o si debería eliminarse, encuentre respuesta sólida y llegado el caso se proponga unos cambios constitucionales acerca de sus funciones, competencias y atribuciones –allí es muy importante una claridad acerca de los compromisos convencionales de Colombia con la CIDH y lo que eso debe implicar para la Procuraduría a futuro- y si se requiere una reforma constitucional en ese sentido, nadie mejor para liderarla que el Procurador Eljach y su conocimiento del funcionamiento del Congreso.
Adenda: Está muy bien el interés del Presidente por liderar él personalmente procesos de conclusión del conflicto armado interno –con los paramilitares- y de sus mecanismos de cierre, como las justicias transicionales que se han creado; pero esto debería hacerse con una reflexión previa del equipo asesor del Presidente y no convertir ese intento en una forma de abrir nuevas controversias o pretender demonizar otros actores del mismo.
