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Vivimos en un mundo de migraciones. Los motivos son diversos: movilidad social, oportunidades de trabajo, guerras o desplazamiento forzado, entre otros. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, en 2020, 281 millones de personas vivían en condición de migrantes; para 2022, esta población giró en remesas un total de 647 billones de dólares. Las migraciones son, también, un fenómeno económico. Para recordar algo de nuestra historia cercana, en las décadas de los 70 y 80, la migración colombiana hacia Venezuela, debida en gran parte al boom petrolero de ese país y a la violencia en el nuestro, atendió la demanda de nuevos trabajadores que requería esa nación en pleno crecimiento económico. Según estudios de la Cepal y la OIM, los migrantes colombianos ocuparon el 77% del millón de nuevos trabajos ofrecidos en el vecino país. La migración colombiana aportó al desarrollo de Venezuela. Hoy, somos nosotros los receptores de migrantes. Durante los últimos años nuestro país ha recibido alrededor de 2.9 millones de ciudadanos venezolanos que llegan en busca de un mejor futuro, de ellos 900 mil son niños, niñas y adolescentes. Solo en Medellín, según datos de Migración Colombia, en agosto de 2023 residían 241.166 personas nacidas en Venezuela, 83% de las cuales ha expresado su intención de permanecer en la ciudad. La población venezolana residente en Medellín y el Valle de Aburrá equivale, aproximadamente, al total de personas que vive en Envigado.
Datos de Medellín Cómo Vamos nos muestran que esta es una población joven: 26 años en promedio, mientras que la nuestra es de 37. Constituyen familias de mayor tamaño, 3,3 miembros por familia, versus 2,8 en nuestra población. En Medellín, el 68,4% de informalidad de los trabajadores venezolanos contrasta con el 36,8% del resto de habitantes y solo el 72% de los niños y jóvenes migrantes accede a educación en el departamento; mientras la cobertura en estudiantes nacionales es del 90%. Los retos en integración económica y social, así como de formalidad laboral, son grandes y urgentes.
Estamos ante una realidad que llegó para quedarse. Como sociedad debemos decidir si la abordamos como un problema o una oportunidad. Nuestros gobernantes deben actuar ante esta tarea impostergable, incluyendo en los planes de desarrollo y las políticas públicas las acciones con la población migrante en clave de desarrollo, más allá de la asistencia humanitaria. Desde Proantioquia entendemos que la integración social y económica es una oportunidad. Y en esa vía, hemos propuesto a los Ministerios de Trabajo y Educación, y demás autoridades intervinientes, ampliar los plazos para la regularización del estatus migratorio, además de facilitar la convalidación de títulos y crédito a emprendedores migrantes como medidas que aceleran la integración laboral y la cohesión social.
Rechazar a la población migrante y señalarla como culpable de problemas de convivencia es un camino fácil y peligroso. Asumamos esta realidad y tomemos el camino largo, el de las oportunidades con integración social. El sueño de una Antioquia que dignifica la vida nos convoca a todos.
*Presidenta Ejecutiva Proantioquia
