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En el tablero geopolítico latinoamericano, la presencia de China se ha consolidado como una de las fuerzas externas más influyentes del siglo XXI. Pekín, sin embargo, no reparte su interés de manera homogénea en la región. Sus apuestas estratégicas, sustentadas en el pragmatismo comercial y la búsqueda de socios estables, se concentran principalmente en Brasil y México, seguidos por países del Cono Sur y andinos como Chile, Perú y Argentina.
Los datos son elocuentes. En 2024, el intercambio comercial de China con Brasil superó los US$158.000 millones, mientras que con México alcanzó cerca de US$140.000 millones. Estos volúmenes no solo revelan la magnitud de las relaciones, sino también su carácter estructural: Brasil provee commodities agrícolas y minerales estratégicos, mientras México se integra a las cadenas industriales y de manufactura ligadas al mercado norteamericano. En ambos casos, China asegura acceso a bienes vitales y mercados de alto dinamismo, garantizando un flujo estable y diversificado.
Luego aparecen Perú, Chile y Argentina. Chile es el mayor proveedor de cobre y litio hacia China, con un comercio bilateral cercano a los US$45.000 millones en 2024. Perú, con exportaciones mineras crecientes, se ha convertido en socio clave para la seguridad de recursos energéticos y tecnológicos de Pekín. Argentina mantiene vínculos relevantes en materia de energía, infraestructura y alimentos. En todos estos casos, China se comporta como un inversor pragmático: selecciona sectores estratégicos, asegura contratos de largo plazo y minimiza riesgos a través de acuerdos diversificados.
La situación de Venezuela contrasta radicalmente con este patrón. Durante los años 2007–2015, Caracas recibió de la banca china alrededor de US$62.000 millones en préstamos, respaldados en la promesa de un suministro seguro de crudo. El experimento terminó siendo poco exitoso: proyectos con sobrecostos y abandonados como el ferrocarril Tinaco–Anaco, litigios de empresas chinas contra PDVSA por impagos y una deuda actual cercana a US$15.000 millones aún por saldar. Problemas de ejecución, desorden e ineficiencia gerencial, corrupción presente en su ejecución, manejo financiero descontrolado y la drástica caída de la producción petrolera transformaron aquella relación en una experiencia traumática para los bancos chinos. Ello cuenta por mucho en la relación actual.
Hoy, el comercio bilateral entre China y Venezuela es reducido. Se exportan a China $1.500 millones según COMTRADE y se concentra en envíos de crudo que, además, deben sortear sanciones internacionales y se canalizan muchas veces a través de intermediarios. Frente a los gigantescos flujos con Brasil y México, o a las exportaciones mineras de Chile y Perú, Venezuela es un socio de bajo peso y alto riesgo. China tiene hoy relaciones mucho más voluminosas y diversificadas con Colombia y Ecuador que con Venezuela. No sorprende entonces que Pekín haya optado por mantener solo un vínculo simbólico y pragmático, limitado a la compra de petróleo con descuentos, evitando nuevos desembolsos financieros de envergadura.
El mensaje es claro: la solidaridad activa de China en América Latina está guiada por la lógica de los intereses y la estabilidad. Allí donde existen mercados grandes, recursos estratégicos y condiciones mínimas de certidumbre —como en Brasil, México, Chile o Perú—, China despliega inversiones, comercio sostenido y proyectos de infraestructura. Allí donde predominan la inestabilidad política, la falta de garantías jurídicas y el incumplimiento de compromisos —como en Venezuela—, Pekín aplica cautela y reduce su exposición. Venezuela, por sus antecedentes y condiciones actuales, ha quedado relegada.
Lejos de cualquier romanticismo ideológico, China actúa en la región con la misma regla que la guía en el resto del mundo: pragmatismo económico, cálculo de riesgos y búsqueda de retornos seguros.
