Pico y Placa Medellín
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Es lo que cada vez más se escucha en las calles. Y es precisamente lo que no queremos que termine pasando en Medellín y Antioquia. Pero la manipulación de Airbnb, no de los anfitriones, es lo que está generando estas reacciones de la gente. Ya sabotearon dos veces un proyecto de ley que pretendía una regulación mínima y ahora pretenden hacer lo mismo en la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín (POT).
Si no somos capaces de regularlas a tiempo, las rentas cortas seguirán desplazando a las personas que habitamos nuestras ciudades y encareciendo el costo de vida. Y eso puede generar un rechazo generalizado hacia todas las plataformas de vivienda turística, que terminaría produciendo restricciones y prohibiciones severas.
Medellín está cara. Es una de las ciudades más costosas de América Latina, tiene el costo de vida más alto de Colombia y el precio de los arriendos pesa cada vez más sobre el bolsillo de las familias.
Mientras tanto, una parte importante de las viviendas que antes estaban destinadas a quienes vivimos en Medellín y en el Valle de Aburrá está entrando al mercado del alojamiento temporal turístico y desplaza a los residentes.
Por eso la discusión actual que tenemos con el POT es importante. La Alcaldía de Medellín, de manera juiciosa, plantea una regulación mínima para establecer dónde y bajo qué condiciones pueden funcionar rentas cortas. No se trata de prohibirlas, sino de ordenar su crecimiento y proteger determinadas zonas residenciales. Eso lo necesitamos: regular, no prohibir. Pero el lobby de Airbnb y de algunos sectores que defienden este negocio sin control presiona para que las reglas sean lo más flexibles posible. Tienen derecho a defender sus intereses. Pero los habitantes de Medellín también tenemos derecho a defender nuestra ciudad. No queremos acabar con Airbnb ni con el turismo. Queremos que Airbnb, las demás plataformas y los turistas cumplan unas condiciones mínimas.
Que se respete la tranquilidad y la convivencia (no más ruido). Que se garantice nuestro derecho a la vivienda. Que se proteja a las mujeres y se prevenga la explotación sexual. Que se proteja a los niños, niñas y adolescentes. Que se cumplan normas urbanísticas y que el turismo respete nuestro hogar y nuestra identidad. Porque en Medellín y Antioquia queremos mejores turistas.
Necesitamos barrios vivos, vecinos, tiendas, colegios, parques y familias que puedan seguir viviendo cerca de sus trabajos y de redes de cuidado. No podemos permitir que Medellín y Antioquia se conviertan en destinos turísticos que expulsen a sus habitantes. Si regulamos ahora, podemos encontrar equilibrio entre turismo, generación de ingresos, convivencia y vivienda.
Si dejamos que las rentas cortas crezcan sin control, desplazando a personas y presionando precios de arriendos, llegará un momento en que las restricciones serían drásticas. Antes de que nos toque prohibir, regulémoslas. Adelante, Alcaldía y Concejo de Medellín, con reglas mínimas para la vivienda turística de renta corta en el POT.
