A fines de 2015 destaqué la consolidación de circuitos ilegales de seguridad y de protección en amplias zonas del país, implantados para asegurar el saqueo de recursos. Indiqué que ese tipo de esquema coercitivo-extorsivo aflora en medio de la corrupción y la desviación del poder público.
Mi argumento no es que el Estado, como ente homogéneo o poder omnipresente, esté absolutamente comprometido con intereses criminales. Planteo que, en el nivel local, el crimen organizado coexiste con distintas manifestaciones de poder, incluyendo el estatal, y que su esquema de seguridad se configura calculadamente con la acción y la omisión del aparato estatal.
Hace pocos días una colega expresaba su sorpresa en relación con el apogeo de mercados ilegales...
