Pico y Placa Medellín
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Colombia está viviendo un auge turístico que hace apenas unos años parecía lejano. Cada vez vemos más rutas aéreas, más viajeros curioseando en nuestras plazas y barrios, más emprendimientos que nacen alrededor de la hospitalidad. Y eso es bueno. El turismo, bien llevado, es una de las formas más hermosas de intercambio: un visitante llega, se asoma a una cultura distinta, y a cambio deja ingresos, oportunidades y reconocimiento.
Pero así como el turismo puede ser una bendición, también puede convertirse en una carga cuando crece sin orientación. Todas las ciudades que han vivido este fenómeno lo han aprendido a su manera. Barcelona tuvo que frenar la expansión descontrolada de los alquileres turísticos porque los vecinos estaban siendo expulsados de sus propios barrios. Lisboa, Venecia, Ciudad de México y París han enfrentado conflictos similares: más visitantes no siempre significan más bienestar, especialmente si se rompen los equilibrios básicos que sostienen la vida cotidiana de quienes habitan el territorio.
Y Colombia está llegando a ese punto. Medellín, Cartagena y San Andrés lo han sentido con fuerza. No es solo el aumento en la demanda de alojamiento: son los precios de la vivienda que se disparan; las quejas de convivencia en edificios residenciales convertidos en alojamientos temporales; los riesgos de explotación sexual y trata camuflados en la informalidad; la sensación de que la ciudad empieza a padecer el turismo, no a disfrutarlo.
Es en ese contexto donde surge el proyecto de ley de gestión del turismo que estamos impulsando en el Congreso: una iniciativa construida con numerosos actores del sector con el objetivo de ordenar el turismo, no de frenarlo. Para proteger a quienes viven en los territorios, no para cerrarle la puerta a quienes los visitan.
Se han dicho muchas cosas que no son ciertas, así que vale la pena aclarar:
No se están prohibiendo las plataformas digitales. Al contrario: se reconoce su importancia. Lo que se exige es algo elemental: que lo que se ofrece en ellas sea legal y verificable. Que quien arrienda tenga Registro Nacional de Turismo vigente. Que, si el inmueble está en propiedad horizontal, la comunidad que vive allí esté enterada y haya aprobado esa actividad. Que haya trazabilidad. Eso no es burocracia: es sentido común.
Tampoco se están creando trámites nuevos. Se están organizando los existentes y digitalizando su verificación. Si un alojamiento es legal hoy, lo seguirá siendo mañana. Si no lo es, entonces su problema no es este proyecto de ley, sino el incumplimiento de las normas.
Y no, los alcaldes no podrán “prohibir la vivienda turística”. Lo que sí podrán, con estudios técnicos serios, es declarar zonas temporalmente saturadas cuando se compruebe que la actividad está expulsando residentes y afectando la convivencia o la correcta prestación de servicios públicos. Algo que, dicho sea de paso, ya han tenido que hacer algunas de las principales ciudades turísticas del mundo.
El turismo es una oportunidad demasiado valiosa como para dejarla librada al azar. Crecer sí. Abrirnos al mundo sí. Pero crecer bien, con reglas claras, para que el turismo sea un puente y no una amenaza.
